El Acuerdo fue publicado en el Diario de Centro América y establece crear lineamientos de observancia y aplicación general para que se aplique la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual entra en vigor. A parte de establecer y crear lineamientos y criterios que sirvan de guía a las autoridades administrativas, direcciones y dependencias de la Cartera, también se creará el Consejo Específico de Información del Ministerio de Gobernación.
Según el Acuerdo, el Consejo será integrado por un viceministro y un director general de las dependencias relacionadas a la dificultad que se quiera resolver, así como del director de Asuntos Jurídicos, y el encargado de la Unidad de Información Pública, ambos de dirección superior.
Además, refiere que el Consejo analizará los casos que requieran de la opinión de un “órgano técnico superior”, con el objetivo de clasificar y desclasificar la información. Lo que analistas consideran es ilegal, porque el único que podría emitir una instrucción sería la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ya que es la autoridad reguladora de la materia. Además agregan que dicho acuerdo podría ser utilizado para esconder información.
En declaraciones a la prensa Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución, indica que “este es un Acuerdo totalmente ilegal porque contraviene la Ley de Acceso a la Información. En todo caso el único que puede dictar instrucciones es la autoridad reguladora de la materia, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)”.
Ya ha habido acuerdos anteriormente en ese sentido, con los cuales se ha reservado información y de ninguna manera procede que un Ministerio autoproceda a la regulación de lo que establece la Ley, señaló Fuentes Destarac.
Por su parte Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, dijo a los medios que lo que establece el Acuerdo Ministerial “es una violación a la Ley”. Aun cuando establezcan un consejo o que clasifiquen la información para entregarla, será inútil porque es un Acuerdo que está muy por debajo de lo establecido por la ley aprobada por el Congreso, puntualiza.
Mientras el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que su Cartera lo que está haciendo es normando los procedimientos y los procesos internos, para documentar como corresponde. El funcionario explicó que con el Consejo se pretende crear un ente colegiado que trate los procesos establecidos de solicitudes de información. Hizo ver que se evitará la discrecionalidad y cualquier solicitud de información que se haga a alguna de las direcciones, para entrar en la categoría de confidencial tendrá un dictamen técnico, declaró el funcionario.
Ante las críticas sobre violación al acceso de información, López Bonilla dijo que de haber la necesidad se podría revisar el contenido del Acuerdo, para que no se tenga problemas con ninguna ley.
El Acuerdo fue publicado en el Diario de Centro América y establece crear lineamientos de observancia y aplicación general para que se aplique la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual entra en vigor. A parte de establecer y crear lineamientos y criterios que sirvan de guía a las autoridades administrativas, direcciones y dependencias de la Cartera, también se creará el Consejo Específico de Información del Ministerio de Gobernación.
Según el Acuerdo, el Consejo será integrado por un viceministro y un director general de las dependencias relacionadas a la dificultad que se quiera resolver, así como del director de Asuntos Jurídicos, y el encargado de la Unidad de Información Pública, ambos de dirección superior.
Además, refiere que el Consejo analizará los casos que requieran de la opinión de un “órgano técnico superior”, con el objetivo de clasificar y desclasificar la información. Lo que analistas consideran es ilegal, porque el único que podría emitir una instrucción sería la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ya que es la autoridad reguladora de la materia. Además agregan que dicho acuerdo podría ser utilizado para esconder información.
En declaraciones a la prensa Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución, indica que “este es un Acuerdo totalmente ilegal porque contraviene la Ley de Acceso a la Información. En todo caso el único que puede dictar instrucciones es la autoridad reguladora de la materia, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)”.
Ya ha habido acuerdos anteriormente en ese sentido, con los cuales se ha reservado información y de ninguna manera procede que un Ministerio autoproceda a la regulación de lo que establece la Ley, señaló Fuentes Destarac.
Por su parte Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, dijo a los medios que lo que establece el Acuerdo Ministerial “es una violación a la Ley”. Aun cuando establezcan un consejo o que clasifiquen la información para entregarla, será inútil porque es un Acuerdo que está muy por debajo de lo establecido por la ley aprobada por el Congreso, puntualiza.
Mientras el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que su Cartera lo que está haciendo es normando los procedimientos y los procesos internos, para documentar como corresponde. El funcionario explicó que con el Consejo se pretende crear un ente colegiado que trate los procesos establecidos de solicitudes de información. Hizo ver que se evitará la discrecionalidad y cualquier solicitud de información que se haga a alguna de las direcciones, para entrar en la categoría de confidencial tendrá un dictamen técnico, declaró el funcionario.
Ante las críticas sobre violación al acceso de información, López Bonilla dijo que de haber la necesidad se podría revisar el contenido del Acuerdo, para que no se tenga problemas con ninguna ley.