Desde 2013 el Congreso incumple con la Ley de Acceso a la Información que manda a publicar, de oficio, sus listados de trabajadores y los respectivos salarios.
Ni siquiera las organizaciones que velan por el tema de transparencia han tenido acceso a la planilla de ese organismo y plantearon las denuncias respectivas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ente que vela por el cumplimiento de dicha ley.
Al ingresar al portal de www.congreso.gob.gt, en el apartado sobre Transparencia, se encuentran los detalles sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del parlamento, el único detalle que se encuentra es el de los los renglones de salario que hubo en 2013 durante la administración de Pedro Muadi; sin embargo, no hay datos similares de años atrás y hasta la fecha.
Ingresar en esos registros es complicado hasta para el actual presidente del Congreso Luis Rabbé, quien solicitó el inventario de las plazas y este sábado reportó que le habían pasado “algunos datos”.
En el Congreso funcionan dos sindicatos, el que cuenta con más afiliados es el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor) y también está el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL). El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo existente en el parlamento es el suscrito con la primera de esas organizaciones y data de 2005.
Presión de sindicalistas
La semana pasada hubo una reunión entre los integrantes de la Comisión Mixta que se encarga de velar por el cumplimiento del pacto y que cuenta con la representación de dos directivos del Legislativo, el diputado Julio César López, segundo vicepresidente y Manuel Marcelino Chutá, tercer secretario.
López describió que durante el encuentro el tema específico que se abordó fue “la preocupación que tiene el sindicato para la renovación de contrato de 60 personas que trabajaron el año pasado bajo el renglón 0-22 y que cumplen funciones de conserjes y personal de seguridad, entre otros”.
Según el diputado, ese fue el punto medular de la reunión y aseveró que intentó abordar el tema del Pacto Colectivo y las implicaciones de que anualmente a los trabajadores presupuestados se les incremente un 10% de su salario, pero explicó que optaron por posponer la discusión. “El asunto es que ellos en ese punto no se quisieron pronunciar todavía”.
Cálculos hechos por la diputada Nineth Montenegro indican que el promedio de un salario en el Congreso es de Q10,027.50 mensuales. “Hay empleados que tienen un salario más alto o más bajo; el 48% de los empleados se encuentran en el rango de Q5 mil a Q10 mil”, reporta la congresista.
En 2012 en el renglón 0-11, considerado permanente, se contabilizó un total de 1,328 empleados cuya planilla mensual sumó Q13.3 millones. Ese gasto al año representa una erogación de Q186.4 millones. En las proyecciones de la legisladora se indica que de mantenerse el incremento anual del salario a los trabajadores consistente en el 10% que manda el Pacto Colectivo, este año el costo de la planilla del Congreso será de Q248.1 millones y para 2016 sumará Q272.9 millones.
López refiere que con el Sindicato coinciden en que llegará un momento en que no habrá fondos suficientes para cubrir el renglón de trabajadores presupuestados del Congreso e informó que solicitó el dato total de personal bajo dicho renglón. “Se tiene que hacer un análisis de las plazas que están proponiendo porque en algún momento tenemos que ver si tienen viabilidad, si son necesarias para el funcionamiento del Congreso y nos informaron que hay mujeres embarazadas a quienes ya no se les renovó el contrato. Habría que buscar los puntos de acuerdo y eso implica evaluar la situación de cada trabajador”, finalizó.
Entre los datos proporcionados por Montenegro llama la atención que existe un staff de 10 personas en cargos de confianza que devengan salarios mensuales que van desde los Q34 mil 580 hasta los Q52 mil 956. “Sólo una persona que labora desde 1964 y 3 más desde hace 20 años, el resto es de ingreso reciente (menos de 10 años)”, indica su reporte.
Tráfico de influencias
República.gt interrogó a dos directores respecto a los requisitos para optar a una plaza y ambos coincidieron en que era necesario contar con el respaldo de “un diputado de peso” para optar a una. Esta práctica se observa además cuando al revisar los listados de trabajadores de años anteriores se ve relación de apellidos entre congresistas y personal. Este es el caso de los legisladores Baudilio Hichos y Manuel Barquín.
Según Ángel Ramírez, director ejecutivo de Congreso Transparente, el 6 de febrero venció el plazo que concede la Ley de Acceso a la Información para que el parlamento les entregara los listados de trabajadores presupuestados del organismo en mención y no descartó que les soliciten prórroga para remitir esos datos.
Denunció que evidentemente hay tráfico de influencias en ese organismo y citó: “No hay duda de esa práctica, vemos que las contrataciones del Congreso las usan como pago de favores y esto se extiende hasta el Organismo Ejecutivo porque a veces de ahí mandan al personal para que los contraten. Sabemos que la hija de la asistente de la vicepresidenta (Roxana Baldetti), que se llama Sonia Castro, recientemente logró una plaza ahí al ser destituida del Ministerio de Desarrollo Social”, apuntó.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, explicó que ellos tuvieron acceso a la información de las plazas del año pasado luego de un proceso legal que finalizó con una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Legislativo le entregar la información. “El Congreso no da información y tampoco tiene actualizada su página. Es un organismo que debería ser sancionado por la PDH por ello”, concluyó.
Desde 2013 el Congreso incumple con la Ley de Acceso a la Información que manda a publicar, de oficio, sus listados de trabajadores y los respectivos salarios.
Ni siquiera las organizaciones que velan por el tema de transparencia han tenido acceso a la planilla de ese organismo y plantearon las denuncias respectivas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ente que vela por el cumplimiento de dicha ley.
Al ingresar al portal de www.congreso.gob.gt, en el apartado sobre Transparencia, se encuentran los detalles sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del parlamento, el único detalle que se encuentra es el de los los renglones de salario que hubo en 2013 durante la administración de Pedro Muadi; sin embargo, no hay datos similares de años atrás y hasta la fecha.
Ingresar en esos registros es complicado hasta para el actual presidente del Congreso Luis Rabbé, quien solicitó el inventario de las plazas y este sábado reportó que le habían pasado “algunos datos”.
En el Congreso funcionan dos sindicatos, el que cuenta con más afiliados es el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor) y también está el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL). El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo existente en el parlamento es el suscrito con la primera de esas organizaciones y data de 2005.
Presión de sindicalistas
La semana pasada hubo una reunión entre los integrantes de la Comisión Mixta que se encarga de velar por el cumplimiento del pacto y que cuenta con la representación de dos directivos del Legislativo, el diputado Julio César López, segundo vicepresidente y Manuel Marcelino Chutá, tercer secretario.
López describió que durante el encuentro el tema específico que se abordó fue “la preocupación que tiene el sindicato para la renovación de contrato de 60 personas que trabajaron el año pasado bajo el renglón 0-22 y que cumplen funciones de conserjes y personal de seguridad, entre otros”.
Según el diputado, ese fue el punto medular de la reunión y aseveró que intentó abordar el tema del Pacto Colectivo y las implicaciones de que anualmente a los trabajadores presupuestados se les incremente un 10% de su salario, pero explicó que optaron por posponer la discusión. “El asunto es que ellos en ese punto no se quisieron pronunciar todavía”.
Cálculos hechos por la diputada Nineth Montenegro indican que el promedio de un salario en el Congreso es de Q10,027.50 mensuales. “Hay empleados que tienen un salario más alto o más bajo; el 48% de los empleados se encuentran en el rango de Q5 mil a Q10 mil”, reporta la congresista.
En 2012 en el renglón 0-11, considerado permanente, se contabilizó un total de 1,328 empleados cuya planilla mensual sumó Q13.3 millones. Ese gasto al año representa una erogación de Q186.4 millones. En las proyecciones de la legisladora se indica que de mantenerse el incremento anual del salario a los trabajadores consistente en el 10% que manda el Pacto Colectivo, este año el costo de la planilla del Congreso será de Q248.1 millones y para 2016 sumará Q272.9 millones.
López refiere que con el Sindicato coinciden en que llegará un momento en que no habrá fondos suficientes para cubrir el renglón de trabajadores presupuestados del Congreso e informó que solicitó el dato total de personal bajo dicho renglón. “Se tiene que hacer un análisis de las plazas que están proponiendo porque en algún momento tenemos que ver si tienen viabilidad, si son necesarias para el funcionamiento del Congreso y nos informaron que hay mujeres embarazadas a quienes ya no se les renovó el contrato. Habría que buscar los puntos de acuerdo y eso implica evaluar la situación de cada trabajador”, finalizó.
Entre los datos proporcionados por Montenegro llama la atención que existe un staff de 10 personas en cargos de confianza que devengan salarios mensuales que van desde los Q34 mil 580 hasta los Q52 mil 956. “Sólo una persona que labora desde 1964 y 3 más desde hace 20 años, el resto es de ingreso reciente (menos de 10 años)”, indica su reporte.
Tráfico de influencias
República.gt interrogó a dos directores respecto a los requisitos para optar a una plaza y ambos coincidieron en que era necesario contar con el respaldo de “un diputado de peso” para optar a una. Esta práctica se observa además cuando al revisar los listados de trabajadores de años anteriores se ve relación de apellidos entre congresistas y personal. Este es el caso de los legisladores Baudilio Hichos y Manuel Barquín.
Según Ángel Ramírez, director ejecutivo de Congreso Transparente, el 6 de febrero venció el plazo que concede la Ley de Acceso a la Información para que el parlamento les entregara los listados de trabajadores presupuestados del organismo en mención y no descartó que les soliciten prórroga para remitir esos datos.
Denunció que evidentemente hay tráfico de influencias en ese organismo y citó: “No hay duda de esa práctica, vemos que las contrataciones del Congreso las usan como pago de favores y esto se extiende hasta el Organismo Ejecutivo porque a veces de ahí mandan al personal para que los contraten. Sabemos que la hija de la asistente de la vicepresidenta (Roxana Baldetti), que se llama Sonia Castro, recientemente logró una plaza ahí al ser destituida del Ministerio de Desarrollo Social”, apuntó.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, explicó que ellos tuvieron acceso a la información de las plazas del año pasado luego de un proceso legal que finalizó con una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Legislativo le entregar la información. “El Congreso no da información y tampoco tiene actualizada su página. Es un organismo que debería ser sancionado por la PDH por ello”, concluyó.