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Crisis institucional: presión se cierne sobre el Congreso

Redacción República
18 de junio, 2015

Todo apunta a que el Congreso de la República dará mucho de qué hablar en los próximos días, y es que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció que presentarán acciones de antejuicio contra algunos diputados y, desde ayer, se supo que el primero de estos es Baudilio Hichos, de Libertad Democrática Renovada (Lider).

Los integrantes del Foro Guatemala, que aglutina a 17 organizaciones de la sociedad civil, tampoco están de acuerdo con la reelección de varios diputados y presentaron al pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un pliego de 2 mil 500 firmas para pedir que no se inscriban candidatos señalados de corrupción.

Algunos diputados nombrados por los integrantes del foro son Hichos, Luis Rabbé, Delia Back y Jaime Martínez Loaiza; todos trabajan o apoyan al bloque Lider. La idea es revelar perfiles no idóneos al estilo de las jornadas de las Comisiones de Postulación, explicaron los integrantes del Movimiento ProJusticia.

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La otra vía es a través de un amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y para ello, un grupo de académicos planteó una acción que pretende impedir que unos 143 congresistas no alcancen la reelección.

Conocido como el G-48, los integrantes de ese movimiento citaron que los diputados incumplieron con la Constitución Política al no aprobar o improbar el Informe de Auditoría a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en ejercicios anteriores.

Y es que, efectivamente, dicho reporte de carácter anual es remitido al parlamento y la Carta Magna, en el artículo 171, dicta que ese organismo debe “aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior”.

Los interponentes dicen que evaluaron la falta de cumplimiento de este artículo en las últimas tres legislaturas anteriores, lo que nos remonta a quienes asumieron en 2004, tras ser electos en 2003. El abogado Flaminio Bonilla informó que hay 143 diputados que buscan la reelección y que incurrieron en no cumplir con este mandato.

De resolverse a favor el amparo, haría a los diputados partícipes del delito de deberes y delitos contra la Constitución. El magistrado Roberto Molina Barreto explicó que el pleno de ese organismo aún no ha sido convocado para conocer ese tema por parte de la presidenta de la CC.

Un diputado consultado comentó que dicho informe dejó de contar con el visto bueno porque, con anterioridad, era un instrumento de chantaje y amenazaban a quienes dirigían las instituciones de colocarlos allí si no accedían a hacer algo.

Para el analista José Ernesto Duarte, lo que está ocurriendo en este momento es que el presidente Otto Pérez Molina aún tiene poder y están retardando a como dé lugar el proceso de antejuicio que se sigue en su contra.

“Ellos saben que tienen la presión de la ciudadanía que exige el antejuicio y toda la atención se va al Congreso como organismo protagonista. Una negativa de ese organismo traería niveles de ingobernabilidad sorprendentes”, agregó el experto respecto al antejuicio contra Pérez Molina.

La liquidación de 2001 fue la última en ser aprobada y eso fue un año después (2002), explicó el contralor Carlos Mencos, quien añadió que la ley establece que la Contraloría recibe el informe de liquidación durante los primeros noventa días del año del ejercicio anterior y sesenta días después tiene la obligación de presentar ese detalle al parlamento.

“Hemos cumplido al cien por ciento nuestro trabajo independientemente de qué se apruebe o no por el Congreso”, destacó el contralor.

Cambios de último minuto

En medio de esta situación se observan cambios en la integración del Legislativo, esto en las cercanías de la pirimera vuelta electoral, incluida la renuncia de un legislador para dedicarse a su campaña para una alcaldía en Petén, pese a que la ley no le prohíbe desempeñar su puesto y optar a un puesto de elección popular.

Se trata de Simón Penados, del Partido Patriota (PP), quien será sustituido por el exgobernador de Petén Henry Amézquita en cuanto el pleno acepte su renuncia, informó el jefe de ese bloque Gudy Rivera.

También se supo esta semana que Lesly Buezo, quien asumió en esta legislatura por parte del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) en sustitución de Valentín Caal, asesinado un día antes de la toma de posesión, dejó el partido Todos el martes último.

La legisladora estuvo en la Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Lider y con su salida Todos deja de ser bancada.

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18 de junio, 2015

Todo apunta a que el Congreso de la República dará mucho de qué hablar en los próximos días, y es que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció que presentarán acciones de antejuicio contra algunos diputados y, desde ayer, se supo que el primero de estos es Baudilio Hichos, de Libertad Democrática Renovada (Lider).

Los integrantes del Foro Guatemala, que aglutina a 17 organizaciones de la sociedad civil, tampoco están de acuerdo con la reelección de varios diputados y presentaron al pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un pliego de 2 mil 500 firmas para pedir que no se inscriban candidatos señalados de corrupción.

Algunos diputados nombrados por los integrantes del foro son Hichos, Luis Rabbé, Delia Back y Jaime Martínez Loaiza; todos trabajan o apoyan al bloque Lider. La idea es revelar perfiles no idóneos al estilo de las jornadas de las Comisiones de Postulación, explicaron los integrantes del Movimiento ProJusticia.

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La otra vía es a través de un amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y para ello, un grupo de académicos planteó una acción que pretende impedir que unos 143 congresistas no alcancen la reelección.

Conocido como el G-48, los integrantes de ese movimiento citaron que los diputados incumplieron con la Constitución Política al no aprobar o improbar el Informe de Auditoría a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en ejercicios anteriores.

Y es que, efectivamente, dicho reporte de carácter anual es remitido al parlamento y la Carta Magna, en el artículo 171, dicta que ese organismo debe “aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior”.

Los interponentes dicen que evaluaron la falta de cumplimiento de este artículo en las últimas tres legislaturas anteriores, lo que nos remonta a quienes asumieron en 2004, tras ser electos en 2003. El abogado Flaminio Bonilla informó que hay 143 diputados que buscan la reelección y que incurrieron en no cumplir con este mandato.

De resolverse a favor el amparo, haría a los diputados partícipes del delito de deberes y delitos contra la Constitución. El magistrado Roberto Molina Barreto explicó que el pleno de ese organismo aún no ha sido convocado para conocer ese tema por parte de la presidenta de la CC.

Un diputado consultado comentó que dicho informe dejó de contar con el visto bueno porque, con anterioridad, era un instrumento de chantaje y amenazaban a quienes dirigían las instituciones de colocarlos allí si no accedían a hacer algo.

Para el analista José Ernesto Duarte, lo que está ocurriendo en este momento es que el presidente Otto Pérez Molina aún tiene poder y están retardando a como dé lugar el proceso de antejuicio que se sigue en su contra.

“Ellos saben que tienen la presión de la ciudadanía que exige el antejuicio y toda la atención se va al Congreso como organismo protagonista. Una negativa de ese organismo traería niveles de ingobernabilidad sorprendentes”, agregó el experto respecto al antejuicio contra Pérez Molina.

La liquidación de 2001 fue la última en ser aprobada y eso fue un año después (2002), explicó el contralor Carlos Mencos, quien añadió que la ley establece que la Contraloría recibe el informe de liquidación durante los primeros noventa días del año del ejercicio anterior y sesenta días después tiene la obligación de presentar ese detalle al parlamento.

“Hemos cumplido al cien por ciento nuestro trabajo independientemente de qué se apruebe o no por el Congreso”, destacó el contralor.

Cambios de último minuto

En medio de esta situación se observan cambios en la integración del Legislativo, esto en las cercanías de la pirimera vuelta electoral, incluida la renuncia de un legislador para dedicarse a su campaña para una alcaldía en Petén, pese a que la ley no le prohíbe desempeñar su puesto y optar a un puesto de elección popular.

Se trata de Simón Penados, del Partido Patriota (PP), quien será sustituido por el exgobernador de Petén Henry Amézquita en cuanto el pleno acepte su renuncia, informó el jefe de ese bloque Gudy Rivera.

También se supo esta semana que Lesly Buezo, quien asumió en esta legislatura por parte del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) en sustitución de Valentín Caal, asesinado un día antes de la toma de posesión, dejó el partido Todos el martes último.

La legisladora estuvo en la Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Lider y con su salida Todos deja de ser bancada.