El proceso de antejuicio que se sigue en contra del presidente Otto Pérez Molina dividió incluso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). El martes, la presidenta Gloria Porras dio declaraciones y lamentó que se haya dado con lugar, de manera provisional, al amparo interpuesto por la abogada Karen Fischer para frenar la acción contra el mandatario.
Ahora, el magistrado y expresidente de ese organismo Roberto Molina Barreto, manifestó que no comparte las declaraciones vertidas por Porras, de quien manifestó que al momento de la resolución “no estaba en el país y no era magistrada de la Corte”.
“No entendemos ese tipo de declaraciones, soy de los abogados antiguos y no las comprendo realmente, solo las rechazo”, afirmó Molina Barreto en relación a que Porras dijo “que la resolución que ese organismo dio de manera provisional, fue resuelta política y no jurídicamente”.
El magistrado aseveró que si bien hay un clamor popular para ver procesado al presidente Otto Pérez Molina, el cual asegura que comparten, manifestó que el organismo que representa “no está protegiendo a nadie”.
“No es que se esté evitando el procesamiento, son cuestiones de garantías a los Derechos Humanos”, describió y enfatizó en el debido proceso.
Explicó que ya pasó la primera audiencia en el caso y ahora se abre a prueba y cualquiera de las partes puede pedir que se revoque o que se otorgue el amparo. “El periodo de prueba es para conocer la verdad material que se está discutiendo”. Incluso, Molina Barreto expuso que “parece que las declaraciones políticas son de ella (Porras) y remarcó en que si bien el Ministerio Público (MP) alega que Fischer no ostenta la legitimación activa para interponer un amparo para frenar el trámite de antejuicio que se sigue contra el presidente, no ofreció pruebas al respecto.
Los magistrados de la CC resolvieron que habrá audiencias y vistas públicas para que se presenten argumentos a favor y en contra en el caso de la suspensión del antejuicio en mención.
Porras dijo que propuso al pleno obviar la etapa de apertura a prueba pero la sugerencia no fue aceptada, y al respecto, sólo ella y Chacón votaron a favor de esa modalidad ayer.
Cuestión de procesos
A criterio del MP, es necesario revocar el amparo provisional concedido por la CC a la abogada Fischer, ya que considera que ella no ostenta la legitimación activa “y en este caso es una cuestión fundamental, ya que la abogada no demuestra ser una agraviada de forma personal ni directa por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya remitido la solicitud de antejuicio al Congreso”, declaró Julia Barrera, vocera de esa dependencia.
Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), comentó que la postura de ellos es respetar las decisiones de las instituciones respectivas y en este caso, de la CC. “Esta situación en la que está el país, cualquier tipo de división genera incertidumbre y es importante que en lo posible, lo que se genera en las cortes debe ser con el mayor cuidado posible”.
Refirió que para este tipo de procesos es necesario que los magistrados se tomen el tiempo necesario y fomenten la discusión interna y a partir de ahí, tomar deciones sin que las diferencias se ventilen de forma pública. “Eso sería lo ideal, pero bueno, ya ocurrió y no podemos tomar partido en un sentido u otro, sino que esperamos que las decisiones que tomen sean para mantener la institucionalidad y respetar las leyes”, precisó.
El analista político Pablo Boiton, explicó que en estos casos, los políticos que están figurando han llevado varios aspectos de lo jurídico a lo político y viceversa citó el caso de Sandra Torres, cuando la CC le denegó su inscripción como candidata presidencial en la contienda pasada e intentaron movilizar personas para presionar en la decisión de la CC. Agregó que ahora, el ambiente es similar debido a que el representante del pueblo, es decir, el presidente, es quien está en el foco de tensión.
José Ernesto Duarte, politólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), añadió que se debe tomar en cuenta que desde que se elige a los integrantes de la CC es una cuestión política sobre los aspectos meritocráticos.
“Lo que se tiene es un estado de incertidumbre dado que en todo el sistema de justicia prevalecen las preferencias políticas porque los integrantes son políticos”, concluyó,
Para el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, “siempre en las resoluciones que adoptan los tribunales, sobre todo los colegiados, a veces hay decisiones por unanimidad y a veces lo que hace la minoría cuando no logra su punto es someterse a la decisión de la mayoría”.
Agregó, “la preocupación que tenemos como ciudadanos es que esto haya salido a nivel de opinión pública y que una magistrada exprese su desagrado por la forma en que decidió la mayoría de magistrados lesiona la institucionalidad de la CC que debe estar más sólida y fuerte que nunca”.
Fuentes recordó que el país vive “momentos difíciles con un proceso electoral cuestionado y la CC tendrá que resolver alguna temática electoral y por eso debe estar fortalecida sin que las cuestiones internas salgan a la opinión pública porque esto debilita la institucionalidad”, puntualizó..
El proceso de antejuicio que se sigue en contra del presidente Otto Pérez Molina dividió incluso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). El martes, la presidenta Gloria Porras dio declaraciones y lamentó que se haya dado con lugar, de manera provisional, al amparo interpuesto por la abogada Karen Fischer para frenar la acción contra el mandatario.
Ahora, el magistrado y expresidente de ese organismo Roberto Molina Barreto, manifestó que no comparte las declaraciones vertidas por Porras, de quien manifestó que al momento de la resolución “no estaba en el país y no era magistrada de la Corte”.
“No entendemos ese tipo de declaraciones, soy de los abogados antiguos y no las comprendo realmente, solo las rechazo”, afirmó Molina Barreto en relación a que Porras dijo “que la resolución que ese organismo dio de manera provisional, fue resuelta política y no jurídicamente”.
El magistrado aseveró que si bien hay un clamor popular para ver procesado al presidente Otto Pérez Molina, el cual asegura que comparten, manifestó que el organismo que representa “no está protegiendo a nadie”.
“No es que se esté evitando el procesamiento, son cuestiones de garantías a los Derechos Humanos”, describió y enfatizó en el debido proceso.
Explicó que ya pasó la primera audiencia en el caso y ahora se abre a prueba y cualquiera de las partes puede pedir que se revoque o que se otorgue el amparo. “El periodo de prueba es para conocer la verdad material que se está discutiendo”. Incluso, Molina Barreto expuso que “parece que las declaraciones políticas son de ella (Porras) y remarcó en que si bien el Ministerio Público (MP) alega que Fischer no ostenta la legitimación activa para interponer un amparo para frenar el trámite de antejuicio que se sigue contra el presidente, no ofreció pruebas al respecto.
Los magistrados de la CC resolvieron que habrá audiencias y vistas públicas para que se presenten argumentos a favor y en contra en el caso de la suspensión del antejuicio en mención.
Porras dijo que propuso al pleno obviar la etapa de apertura a prueba pero la sugerencia no fue aceptada, y al respecto, sólo ella y Chacón votaron a favor de esa modalidad ayer.
Cuestión de procesos
A criterio del MP, es necesario revocar el amparo provisional concedido por la CC a la abogada Fischer, ya que considera que ella no ostenta la legitimación activa “y en este caso es una cuestión fundamental, ya que la abogada no demuestra ser una agraviada de forma personal ni directa por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya remitido la solicitud de antejuicio al Congreso”, declaró Julia Barrera, vocera de esa dependencia.
Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), comentó que la postura de ellos es respetar las decisiones de las instituciones respectivas y en este caso, de la CC. “Esta situación en la que está el país, cualquier tipo de división genera incertidumbre y es importante que en lo posible, lo que se genera en las cortes debe ser con el mayor cuidado posible”.
Refirió que para este tipo de procesos es necesario que los magistrados se tomen el tiempo necesario y fomenten la discusión interna y a partir de ahí, tomar deciones sin que las diferencias se ventilen de forma pública. “Eso sería lo ideal, pero bueno, ya ocurrió y no podemos tomar partido en un sentido u otro, sino que esperamos que las decisiones que tomen sean para mantener la institucionalidad y respetar las leyes”, precisó.
El analista político Pablo Boiton, explicó que en estos casos, los políticos que están figurando han llevado varios aspectos de lo jurídico a lo político y viceversa citó el caso de Sandra Torres, cuando la CC le denegó su inscripción como candidata presidencial en la contienda pasada e intentaron movilizar personas para presionar en la decisión de la CC. Agregó que ahora, el ambiente es similar debido a que el representante del pueblo, es decir, el presidente, es quien está en el foco de tensión.
José Ernesto Duarte, politólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), añadió que se debe tomar en cuenta que desde que se elige a los integrantes de la CC es una cuestión política sobre los aspectos meritocráticos.
“Lo que se tiene es un estado de incertidumbre dado que en todo el sistema de justicia prevalecen las preferencias políticas porque los integrantes son políticos”, concluyó,
Para el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, “siempre en las resoluciones que adoptan los tribunales, sobre todo los colegiados, a veces hay decisiones por unanimidad y a veces lo que hace la minoría cuando no logra su punto es someterse a la decisión de la mayoría”.
Agregó, “la preocupación que tenemos como ciudadanos es que esto haya salido a nivel de opinión pública y que una magistrada exprese su desagrado por la forma en que decidió la mayoría de magistrados lesiona la institucionalidad de la CC que debe estar más sólida y fuerte que nunca”.
Fuentes recordó que el país vive “momentos difíciles con un proceso electoral cuestionado y la CC tendrá que resolver alguna temática electoral y por eso debe estar fortalecida sin que las cuestiones internas salgan a la opinión pública porque esto debilita la institucionalidad”, puntualizó..