La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, concedió una entrevista a Republica.gt el martes ultimó, con el objetivo de explicar algunos aspectos relacionados a el pago por concepto de reparación civil al Estado de Guatemala, por parte de APM Terminals.
Morfín contestó a las preguntas que surgen luego de que la empresa holandesa haya aceptado el pago de US$43 millones con el objetivo de poner a operar la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
¿El interventor nombrado por el Juzgado de Extinción de Dominio tenía la facultad para negociar con APM Terminals?
La titular de la PGN asegura que APM actuó en este proceso con buena fe, pues realizaron evaluaciones previas para adquirir los activos de la Terminal de Contenedores de Barcelona, y no encontraron problema alguno en el usufructo oneroso en el que fueron entregados los terrenos de la Portuaria Quetzal, para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Según Morfín, existían una serie de dictámenes favorables, inclusive de la PGN donde se avaló la celebración del contrato y la negativa del expresidente Otto Pérez Molina, en Consejo de Ministros, para declarar la lesividad del contrato.
Además asegura que la decisión que tomó el interventor de TCQ, Alexander Aizenstadt, es legítima.
La Procuradora asegura que para que entre a operar la TCQ debe declararse la nulidad del contrato, además de la revisión de varios aspectos del nuevo contrato que el Estado podría hacer con APM Terminals.
La funcionaria aseguró que el nuevo convenio de concesión para que opere la TCQ, debe ser con carácter de excepción y directa para APM Terminals, por la inversión realizada por la empresa en la primera fase del proyecto.
La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, concedió una entrevista a Republica.gt el martes ultimó, con el objetivo de explicar algunos aspectos relacionados a el pago por concepto de reparación civil al Estado de Guatemala, por parte de APM Terminals.
Morfín contestó a las preguntas que surgen luego de que la empresa holandesa haya aceptado el pago de US$43 millones con el objetivo de poner a operar la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
¿El interventor nombrado por el Juzgado de Extinción de Dominio tenía la facultad para negociar con APM Terminals?
La titular de la PGN asegura que APM actuó en este proceso con buena fe, pues realizaron evaluaciones previas para adquirir los activos de la Terminal de Contenedores de Barcelona, y no encontraron problema alguno en el usufructo oneroso en el que fueron entregados los terrenos de la Portuaria Quetzal, para la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Según Morfín, existían una serie de dictámenes favorables, inclusive de la PGN donde se avaló la celebración del contrato y la negativa del expresidente Otto Pérez Molina, en Consejo de Ministros, para declarar la lesividad del contrato.
Además asegura que la decisión que tomó el interventor de TCQ, Alexander Aizenstadt, es legítima.
La Procuradora asegura que para que entre a operar la TCQ debe declararse la nulidad del contrato, además de la revisión de varios aspectos del nuevo contrato que el Estado podría hacer con APM Terminals.
La funcionaria aseguró que el nuevo convenio de concesión para que opere la TCQ, debe ser con carácter de excepción y directa para APM Terminals, por la inversión realizada por la empresa en la primera fase del proyecto.