Si alguien conoce el sector minero de Guatemala es Alfredo Gálvez. Su amplia carrera incluye el sector público y privado, así como la docencia y estudios superiores en Estados Unidos. En esta entrevista habla sobre la recién anunciada moratoria minera de dos años en Guatemala.
¿Cómo reaccionó el sector local y externo al anuncio de una moratoria minera que podría durar dos años?
El anuncio de una moratoria al inicio de un gobierno, que por cierto no estaba preparado para gobernar, es una mala noticia para un sector que ha sido paralizado desde el sistema judicial por medio de acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras por retardo malicioso en el trámite de los expedientes en diferentes instancias gubernamentales. El ministro anuncia un plazo de dos años para formular un nuevo marco legal producto de mesas de diálogo. Sin embargo, la aprobación de una nueva ley es algo que no depende del Organismo Ejecutivo, por lo que es un argumento falso.
Afortunadamente, la noticia no trascendió más allá de quienes asistieron al congreso. No hemos recibido comentarios desde fuera. Guatemala tiene muchos años de no ser destino de las inversiones para este sector tan importante de la economía. Desde el gobierno de Álvaro Colom (2008) se vive una moratoria de facto, que ha hecho que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección General de Minería “congelen” los expedientes y no se concluye el trámite de otorgamiento.
En el año 2017, el proceso se complica aún más, con la sentencia de CC relativa a la consulta del proyecto Escobal, en San Rafael Las Flores. Esta sentencia ordena al MEM a realizar consultas previo a otorgar cualquier tipo de licencias mineras.
De tal manera que hoy, Guatemala es uno de los últimos países a los que la industria minera internacional mira como destino de sus inversiones, que son del orden de miles de millones de dólares.
Si el panorama ya era complicado, ¿cómo agudiza esta moratoria?
Una moratoria, según lo expresado por el ministro, se aplicaría a las nuevas solicitudes de licencias para el reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos. Actualmente no hay interés en Guatemala dada la incertidumbre jurídica y la anunciada postura del actual gobierno ante el sector.
¿Es argumento o excusa establecer la moratoria mientras se busca reformar la ley? Es más, ¿Se debe reformar la ley de minería?
Una reforma a la ley de minería no requiere de una moratoria. Se han derogado artículos y frases de artículos en la actual ley, vía inconstitucionalidades. Mas bien, la reforma a la ley es la excusa para la moratoria, lo cual es lo que el actual gobierno pretende. Eliminar de la ecuación económica el sector de la minería que se dedica a los metales, sean estos industriales o preciosos.
¿Cuánto pierde Guatemala y cuán contradictorio es cerrar las puertas a la inversión?
Diariamente el estado pierde millones de quetzales. Los precios de los metales en el mercado internacional se encuentran al alza. El precio del zinc, por ejemplo, hoy se cotiza a USD 2500/tonelada. El precio del Níquel, en el último mes, ha subido de USD$ 16,000/ton a USD17,500/Ton. La onza de oro se cotiza hoy en el mercado a USD 2,185/oz y la plata se encuentra en valores de USD 25.48/oz y todos los mencionados se encuentran al alza.
Históricamente, el sector minero ha sido el actor principal en la inversión extranjera directa. Los proyectos mineros de escala industrial, Mina Marlin, Mina Escobal, Mina Cerro Blanco, Proyecto Fénix, poseen instalaciones que necesitaron de cientos de millones de dólares para su construcción, y millones de dólares para su funcionamiento.
Las políticas emanadas desde el MEM no son congruentes con las del Ministerio de Economía. La situación se complica cuando se suma al sector minero el sector de hidrocarburos y sus implicaciones sociales y ambientales.
Como conocedor del sector, ¿la moratoria es ilegal, va en la vía contraria contra la protección del ambiente y el desarrollo del país?
Declarar una moratoria va en contra de muchos preceptos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Si alguien conoce el sector minero de Guatemala es Alfredo Gálvez. Su amplia carrera incluye el sector público y privado, así como la docencia y estudios superiores en Estados Unidos. En esta entrevista habla sobre la recién anunciada moratoria minera de dos años en Guatemala.
¿Cómo reaccionó el sector local y externo al anuncio de una moratoria minera que podría durar dos años?
El anuncio de una moratoria al inicio de un gobierno, que por cierto no estaba preparado para gobernar, es una mala noticia para un sector que ha sido paralizado desde el sistema judicial por medio de acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras por retardo malicioso en el trámite de los expedientes en diferentes instancias gubernamentales. El ministro anuncia un plazo de dos años para formular un nuevo marco legal producto de mesas de diálogo. Sin embargo, la aprobación de una nueva ley es algo que no depende del Organismo Ejecutivo, por lo que es un argumento falso.
Afortunadamente, la noticia no trascendió más allá de quienes asistieron al congreso. No hemos recibido comentarios desde fuera. Guatemala tiene muchos años de no ser destino de las inversiones para este sector tan importante de la economía. Desde el gobierno de Álvaro Colom (2008) se vive una moratoria de facto, que ha hecho que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección General de Minería “congelen” los expedientes y no se concluye el trámite de otorgamiento.
En el año 2017, el proceso se complica aún más, con la sentencia de CC relativa a la consulta del proyecto Escobal, en San Rafael Las Flores. Esta sentencia ordena al MEM a realizar consultas previo a otorgar cualquier tipo de licencias mineras.
De tal manera que hoy, Guatemala es uno de los últimos países a los que la industria minera internacional mira como destino de sus inversiones, que son del orden de miles de millones de dólares.
Si el panorama ya era complicado, ¿cómo agudiza esta moratoria?
Una moratoria, según lo expresado por el ministro, se aplicaría a las nuevas solicitudes de licencias para el reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos. Actualmente no hay interés en Guatemala dada la incertidumbre jurídica y la anunciada postura del actual gobierno ante el sector.
¿Es argumento o excusa establecer la moratoria mientras se busca reformar la ley? Es más, ¿Se debe reformar la ley de minería?
Una reforma a la ley de minería no requiere de una moratoria. Se han derogado artículos y frases de artículos en la actual ley, vía inconstitucionalidades. Mas bien, la reforma a la ley es la excusa para la moratoria, lo cual es lo que el actual gobierno pretende. Eliminar de la ecuación económica el sector de la minería que se dedica a los metales, sean estos industriales o preciosos.
¿Cuánto pierde Guatemala y cuán contradictorio es cerrar las puertas a la inversión?
Diariamente el estado pierde millones de quetzales. Los precios de los metales en el mercado internacional se encuentran al alza. El precio del zinc, por ejemplo, hoy se cotiza a USD 2500/tonelada. El precio del Níquel, en el último mes, ha subido de USD$ 16,000/ton a USD17,500/Ton. La onza de oro se cotiza hoy en el mercado a USD 2,185/oz y la plata se encuentra en valores de USD 25.48/oz y todos los mencionados se encuentran al alza.
Históricamente, el sector minero ha sido el actor principal en la inversión extranjera directa. Los proyectos mineros de escala industrial, Mina Marlin, Mina Escobal, Mina Cerro Blanco, Proyecto Fénix, poseen instalaciones que necesitaron de cientos de millones de dólares para su construcción, y millones de dólares para su funcionamiento.
Las políticas emanadas desde el MEM no son congruentes con las del Ministerio de Economía. La situación se complica cuando se suma al sector minero el sector de hidrocarburos y sus implicaciones sociales y ambientales.
Como conocedor del sector, ¿la moratoria es ilegal, va en la vía contraria contra la protección del ambiente y el desarrollo del país?
Declarar una moratoria va en contra de muchos preceptos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala.