México baraja unas reformas constitucionales cuando menos curiosas. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha remitido al Congreso una propuesta de 18 reformas a la Carta Magna, además de dos leyes secundarias, lo que equivale a trastocar —o al menos “analizar”— el 35% de la Constitución.

• El presidente propone que los jueces y magistrados se elijan por voto popular. También pide que el salario mínimo suba por encima de la inflación, con importantes aumentos para los empleados estatales.  
• El paquete es un tutti frutti: hay algo para todos. AMLO quiere brindar reconocimiento constitucional a los indígenas y afromexicanos. Busca prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, proteger el agua y establecer el derecho a la vivienda, la educación y el trabajo.  
• La más cara de las iniciativas es la reforma de pensiones, que garantizaría a los jubilados un pago mensual idéntico a su salario final, hasta un límite de 16,777 pesos mexicanos (US$984.61).  

Entre líneas. AMLO propone financiar este gasto adicional con la disolución de los organismos autónomos del Estado y el pronunciado achicamiento del Congreso, que pasaría de 500 diputados y 128 senadores a 300 y 64, respectivamente. La Suprema Corte de Justicia no se salva, pasando de 11 a nueve ministros (magistrados).

• El presidente también habla de una marcada reducción de la contribución federal a los gastos de campaña. Debe recordarse que, de cara a las elecciones del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral ha presupuestado una contribución total de 10,444M de pesos (~US$612.6M) a los partidos.
• Esto perjudica desproporcionadamente a la oposición, que carece de la capacidad de hacer campaña desde el Estado. Esto no molesta a AMLO, cuyo cometido es el de hacer “muy difícil” que en algún momento se puedan revertir sus cambios.
• AMLO reconoce que su paquete no será aprobado por el Congreso actual. Sus iniciativas tienen dos funciones primordiales: servir de carne de campaña y, ante todo, condicionar la agenda de su heredera designada, Claudia Sheinbaum, quien previsiblemente contará con una holgada mayoría.

Los datos. AMLO acostumbra a hacer alarde de su frugalidad. Hace unos meses, The Economist lo denominó un “populista inusualmente parsimonioso”. Algo tiene de cierto: México, junto al África subsahariana, fue uno de los pocos sitios en destinar menos del 2.5% del PIB a aliviar los estragos de la pandemia.

• La “austeridad republicana” ha traído recortes a un sinnúmero de agencias burocráticas, con frecuencia aquellas que desagradan al presidente. De 2018 a 2024, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía sufrió una reducción presupuestaria del 81.4%.
• Lejos de redistribuir el gasto ineficiente a mejores fines, AMLO se decanta por los proyectos monumentales. Su loable objetivo de potenciar el sur del país se tradujo en regalarle una refinería a Tabasco, su estado natal, con un gasto previsto de US$8,000M y un sobrecoste del 46%.
• Ante este panorama, resulta preocupante su reforma de pensiones, que es francamente incosteable. Tendría un coste equivalente al 1.3% del PIB, subiendo hasta el 2% en 2035. Según el Consejo Empresarial Mexicano, se necesitaría un IVA del 35%, frente al 16% actual, para financiarla.

El balance. Las pensiones ya representan el 22% del presupuesto federal mexicano. Aunque necesario, este gasto es improductivo; es consumo, no inversión. Pero debe tenerse en cuenta que el paquete de reformas de AMLO es simplemente su testamento político.  

• México, que ha desplazado a China como el principal socio comercial de EE. UU., haría bien en priorizar la seguridad y la infraestructura sensata y no en los proyectos faraónicos de AMLO.
• Para Centroamérica, máxime para Guatemala, México tiene un valor casi existencial. Sus vaivenes, tanto los buenos como los malos, se “filtran” y surten efectos al sur de Chiapas.
• Conviene, por tanto, que México esté bien gestionado. De lo contrario, se dificulta la posibilidad de entrar, indirectamente, al mercado estadounidense como proveedor de la industria mexicana. Y siempre se corre el riesgo de que México dé un mal ejemplo a los políticos de estos lares.