Bernardo Arévalo deja atrás la campaña electoral y ahora parece que mide mejor lo que dice y hace. Como candidato, anticipó que iba a pedir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, pero eso quedó en promesa. 

En perspectiva. El mandatario, de manera pública e insistente, ha cuestionado el trabajo de la funcionaria a la que señala de cometer arbitrariedades en las investigaciones. La responsabilizó del clima de inestabilidad política que rodeó el proceso electoral, pasada la primera vuelta. 

• "Necesitamos limpiar la Fiscalía de Guatemala de esta banda de criminales", fue una de las frases más vergonzosas que pronunció Arévalo contra Porras.  

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• La funcionaria no respondió a los ataques directos. El MP inició una investigación contra el partido Movimiento Semilla por supuestas ilegalidades en la conformación de la agrupación política. 

• Arévalo invitó a la jefa del MP a una reunión a su despacho el miércoles 24 de enero, pero hasta ahora se desconoce si asistirá. "Se está analizando para dar la respuesta oportuna que en derecho corresponde", respondió el MP al preguntar si Porras acudirá mañana a Casa Presidencial. 

Por qué importa. La vía utilizada hasta el momento por Arévalo parece ser la correcta. Si pide la renuncia, podría cometer un delito, comentan abogados consultados. Delitos como instigación a delinquir o atentado contra funcionarios públicos, podrían ser algunos. 

• Porras puede acudir a una reunión de Gabinete para coordinar acciones conjuntas con otras dependencias del Estado, eso dice la ley. No puede revelar pormenores de investigaciones, pues está proscrito. 

• Avances y temas generales de la institución sí se deben hacer del conocimiento del presidente, según el artículo 16 de la Ley Orgánica del MP. 

• Con la "invitación" y no solicitud de renuncia, parece que el gobernante dio el primer paso para medir el camino hacia una fiscalía de su agrado, pero la ruta legal no es fácil. 

Voces (I). Julio Rivera Clavería, abogado experto en temas de seguridad y exfuncionario del MP, comentó que Arévalo "está en derecho de invitar a la Fiscal General" para coordinar el trabajo de investigación criminal entre las diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo. Lo anterior no significa que la entidad esté supeditada al mandatario. 

• No obstante, consideró que no fue "prudente" como se hizo esta vez, porque no es la vía que establece la ley. El gobernante invitó a la funcionaria a su despacho y le pidió un informe sobre cuatro temas. 

• La ruta establecida en la Ley Orgánica del MP indica que el jefe del MP puede ser invitado a "cualquier Junta de Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la Junta, con voz, pero sin voto". Con ese esquema legal, Rivera subrayó que Porras "no tiene por qué asistir" porque el MP es independiente, no está supeditado a ningún organismo del Estado. 

• Con todo y las diferencias políticas, el entrevistado calificó de "error" que el Presidente pretende un MP "a su manera porque la institución tiene su propia ley y cuenta con respaldo constitucional. No respetar lo que manda la ley sería "contraproducente para el Organismo Ejecutivo y para el estado de derecho", concluyó. 

Voces (II). Para el abogado Conrado Reyes es importante conocer si el Presidente recibirá a Porras en compañía del Gabinete o de algunos ministros. En ese caso la invitación estaría en el marco legal, según el artículo 4 de la Ley del MP. 

• "Si por algún error la Secretaria General de la Presidencia no cumplió" con estos detalles en la invitación, "la Fiscal General puede pedir que le detallen con qué ministros será la reunión, previo a responder si puede asistir", agregó. 

• Sobre la intención de remover a la funcionaria, comentó que el artículo 251 de la Constitución establece el periodo de su mandato y el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP indica que solo se le puede remover "por la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria..." 

• "Se debe recordar que el año 2016, durante la gestión de la fiscal Thelma Aldana, con apoyo de embajadas y cooperantes, presionaron en el Congreso la reforma de este artículo y los requisitos para remover a la Fiscal obligan a agotar un debido proceso judicial y administrativo. Por lo que es poco probable que en el resto de la administración se cumplan estos requisitos constitucionales y legales", concluyó. 

Hemeroteca. El 19 de enero el gobierno informó que el mandatario "invitó de manera formal" a la jefa del MP a una reunión en su despacho. No se menciona nada de "pedir la renuncia". Solicitó un informe sobre "cuatro aspectos cruciales". 

• Avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa, investigación sobre la compra de vacunas COVID-19 y protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.