La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, pidió una nueva indemnización por los hechos ocurridos en octubre de 2012, los cuales dejaron seis fallecidos y varios heridos en el lugar conocido como Cumbre de Alaska.

En perspectiva. Tras la condena contra siete de los nueve soldados enjuiciados por los sucesos registrados durante el gobierno de Otto Pérez Molina, se llevó a cabo la audiencia de reparación digna.

• Los abogados representantes de las víctimas indicaron cada, uno, cuál es su reclamo por daños físicos y emocionales hacia los heridos, viudas o familiares de los fallecidos.
• Detallaron montos por gastos en medicinas, los ingresos mensuales de las víctimas y la proyección de cuánto percibirían durante su vida activa, así como los efectos en la salud mental de los afectados.
• El reclamo monetario es contra los siete condenados, pero como su labor fue como empleados públicos, el millonario monto que asciende a más de Q10M. es contra el Estado de Guatemala. Su petición fue respaldada al mencionar otros casos donde el estado pagó resarcimiento a víctimas del conflicto armado interno.

Sí, pero. Después de escuchar la petición de los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, tocó el turno a los defensores de los soldados. Los cuatro abogados coincidieron en que el reclamo de "reparación digna" no procede, al menos en la forma que lo piden.

• Recordaron que, durante el gobierno de Pérez Molina, cuando ocurrieron los hechos, el Estado entregó Q6.5M. a los parientes de los fallecidos y heridos, bajo la figura de "ayuda humanitaria por incidentes del 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska".
• Durante el juicio se intentó mostrar los nombres de las personas que recibieron el beneficio económico, pero la entonces Secretaría de la Paz (SEPAZ), solo confirmó que existen 40 finiquitos de personas indemnizadas, pero se reservó la información para identificar a los favorecidos.
• El expresidente Pérez Molina, cuando compareció ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, confirmó ese aporte. Además, indicó que, como parte de la ayuda a los afectados, se desarrollaron distintos proyectos por arriba de los Q10 M.

En conclusión. La presidenta del tribunal, María Eugenia Castellanos, luego de analizar la solicitud de los abogados y lo que indicó la defensa, resolvió aplazar el fallo.

• Comentó que solicitarán la información detallada de los 40 finiquitos a donde corresponda, considerando que la SEPAZ fue cerrada en 2020 por decisión del gobierno de Alejandro Giammattei.
• Con los nombres en la mano y los datos de cuánto recibieron como indemnización, el tribunal resolverá la reclamación de "reparación digna". Un dato importante es que, en este proceso, la Procuraduría General de la Nación –representante del estado– dirigida por Julio Saavedra, no estuvo presente.
• La audiencia se reprogramó para las 8:30 horas del 20 de marzo.

Hemeroteca. La sentencia contra los nueve militares fue emitida el 28 de febrero, tras un proceso legal que tardó once años para llegar a juicio.

• El coronel Juan Chiroy y el soldado Manuel Lima Vásquez fueron absueltos y de inmediato recuperaron su libertad. Tenían una medida sustitutiva luego de permanecer seis años y medio en prisión preventiva.
• Abraham Gua Cojoc fue sentenciado por disparo de arma de fuego. Edin Adolfo Agustín Vásquez fue condenado por homicidio culposo (16 meses de cárcel) y lesión en riña (7 años y 10 meses de prisión).
• Ana Rosa Cervantes Aguilar, Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Felipe Chub Coc y Ábner Cruz Pérez, fueron sentenciados a 7 años y 10 meses de prisión inconmutables por el delito de lesión en riña. Los siete soldados condenados seguirán con medida sustitutiva hasta que el fallo esté firme, o se corrobore que ya cumplieron el tiempo de prisión impuesta.