Para legislar, guiémonos por la historia y por las consecuencias, no por las buenas intenciones. Esto con ocasión de la visita encabezada por José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, para participar en el “diálogo económico de alto nivel para fortalecer las relaciones bilaterales, las oportunidades de inversión y comercio”.
En los años de 1990 y luego en los 2000, se aprobaron reformas legales de sectores estratégicos para la inversión y el desarrollo. En la primera generación de reformas, se aprobaron la Ley General de Electricidad, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que permitieron importantes inversiones de las que hoy se benefician una mayoría de guatemaltecos. A inicios de siglo, se aprobaron reformas del sector bancario y financiero, apuntalando la estabilidad macroeconómica del país. Guatemala recibió inversión extranjera en el sector, ofreciendo más opciones bancarias al usuario.
Lo que todas estas leyes tienen en común es que fueron ampliamente discutidas con todos los actores relevantes. A pesar de que los partidos de Gobierno del momento –PAN, FRG– tenían “aplanadora”, se consensuaron. Por ello, no han requerido modificaciones en casi tres décadas.
Por el contrario, tan recientemente como en 2016, se aprobaron reformas legales que fueron impuestas: las de la Ley del Ministerio Público y las de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, el presidente del Congreso –y otros actores– presionaron a los diputados para que votaran favorablemente. Nunca fueron discutidas ampliamente y mucho menos fueron consensuadas. El país se polarizó. Ahora, hasta quienes entonces las apoyaron, se dan cuenta de su error y buscan revertirlas.
La lección es clara: las imposiciones legislativas son nefastas y provocan –en el corto plazo, incluso– más daño que el que se quiso remediar.
Para legislar, guiémonos por la historia y por las consecuencias, no por las buenas intenciones. Esto con ocasión de la visita encabezada por José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, para participar en el “diálogo económico de alto nivel para fortalecer las relaciones bilaterales, las oportunidades de inversión y comercio”.
En los años de 1990 y luego en los 2000, se aprobaron reformas legales de sectores estratégicos para la inversión y el desarrollo. En la primera generación de reformas, se aprobaron la Ley General de Electricidad, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que permitieron importantes inversiones de las que hoy se benefician una mayoría de guatemaltecos. A inicios de siglo, se aprobaron reformas del sector bancario y financiero, apuntalando la estabilidad macroeconómica del país. Guatemala recibió inversión extranjera en el sector, ofreciendo más opciones bancarias al usuario.
Lo que todas estas leyes tienen en común es que fueron ampliamente discutidas con todos los actores relevantes. A pesar de que los partidos de Gobierno del momento –PAN, FRG– tenían “aplanadora”, se consensuaron. Por ello, no han requerido modificaciones en casi tres décadas.
Por el contrario, tan recientemente como en 2016, se aprobaron reformas legales que fueron impuestas: las de la Ley del Ministerio Público y las de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, el presidente del Congreso –y otros actores– presionaron a los diputados para que votaran favorablemente. Nunca fueron discutidas ampliamente y mucho menos fueron consensuadas. El país se polarizó. Ahora, hasta quienes entonces las apoyaron, se dan cuenta de su error y buscan revertirlas.
La lección es clara: las imposiciones legislativas son nefastas y provocan –en el corto plazo, incluso– más daño que el que se quiso remediar.