Los diputados encabezados por Jairo Flores recibirán propuestas para posibles enmiendas a la iniciativa de ley denominada: “Ley de Promoción de Alimentación Saludable”. La regulación está pendiente de ser aprobada en tercera lectura en el pleno, y fue congelada para escuchar al sector privado.

En perspectiva. La normativa –mal llamada “ley de etiquetado de alimentos”– es cuestionada porque le podría causar problemas a Guatemala en la homologación de normas en la región centroamericana.

• Guatemala no debe establecer regulaciones independientes al resto de países de la región, porque afectaría el comercio. Durante años se ha buscado facilitar el paso de mercancías en la región, pero con reglas similares en todos los países.
• Los alimentos y bebidas conforman un alto porcentaje del comercio regional. A ello se debe el llamado del sector privado en este tema: es ajustarse a los acuerdos del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), que desde 2008 ha discutido el etiquetado de alimentos.
• Durante más de tres años, los ministerios de Economía y Salud analizaron nuevas regulaciones para el etiquetado nutricional. Este mes los cambios serán sometidos a consulta pública internacional para luego avanzar hacia el etiquetado frontal regional.

Por qué importa. Otra preocupación del sector privado es que la pretendida ley obliga a pagar por la "autorización de impresión de las etiquetas de acuerdo con el número de sellos de advertencia nutricional".

• La norma establece pagos del 10% hasta 35% como "tasa impositiva" calculada sobre el "porcentaje del costo de producción o importación".
• Las etiquetas que se colocarán a los alimentos y bebidas deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud. El desembolso se hará por "autorización de impresión". El monto se revisará cada cinco años y podrá incrementarse hasta en un 100% máximo.
• El dinero recaudado por este cobro será administrado por el Ministerio de Salud. Se destinará para promover programas de alimentación saludable, prevención, tratamiento y control de enfermedades no transmisibles, así como para fortalecer la Unidad de Regulación y Vigilancia.

Si, pero. El diputado Flores comentó que acordaron retrasar la tercera lectura de la ley para escuchar al sector privado. Dijo que hasta el jueves 7 de marzo tendrán para presentar sus propuestas de cambio, las cuales serán planteadas en la redacción final.

• Durante la reunión sostenida con los representantes empresariales de los sectores industrial, comercial y exportador, el congresista que preside el Frente Parlamentario Contra el Hambre se comprometió a tomar en cuenta sus observaciones.
• Enfatizó que la ley continuará su marcha y quedará en manos de los legisladores aprobarla o rechazarla. Sobre las tasas impositivas y plazo de vigencia, subrayó que se pueden modificar siempre que se sustente el motivo del cambio.
• Aparte de las "tasas impositivas", la normativa también incluye sanciones por incumplimiento. Por ejemplo, multas equivalentes a 20 y hasta 300 salarios mínimos, que se duplicarán si ocurre reincidencia. En caso persista el incumplimiento, "se procederá a la cancelación del registro sanitario" del producto.

En conclusión. Los diputados evidencian prisa por aprobar dicha normativa. Recibirán las propuestas del sector privado el jueves y el viernes se reunirán para analizarlas. La siguiente semana se esperaría que el Congreso la apruebe en tercera lectura.

• Flores insistió que el propósito es facilitar información para el consumidor. Que sepa qué alimentos y bebidas compra y qué ingredientes contienen (aunque el etiquetado frontal no incluye ingredientes). Además, se busca regular la publicidad con el fin de "evitar y disminuir las enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, gastritis, daños renales y padecimientos cardiacos”.
• El sector empresarial apoya este propósito. "Proporcionar a la población información nutricional simplificada y fácilmente comprensible, para empoderar a las personas en la toma de decisiones alimentarias informadas", indica.
• La aprobación de la iniciativa de ley 5504 "en su forma actual afectaría seriamente la integración regional y revertiría el progreso por los países en el proceso ordenado que inició en 2020". Asimismo, tendría efectos negativos en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como aumentaría la informalidad y contrabando", indica el sector empresarial.