Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador el 23 de noviembre; ya a principios de enero, declaró el estado de excepción, afirmando que en el país existía un conflicto armado interno. La guerra que ahora libra contra el narcotráfico se ha topado con un impedimento considerable: un erario vacío.

• Los primeros días de enero fueron turbulentos para Ecuador. La fuga de José Macias Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros, llevó a Noboa a declarar el estado de excepción.
• Las bandas criminales, profundamente involucradas en el tráfico de cocaína, respondieron con motines carcelarios. Irrumpieron, además, en la sede del canal estatal, TC Televisión, e intentaron tomar la Universidad de Guayaquil.  
• La respuesta de Noboa no se ha hecho esperar. Del 9 de enero al 27 de febrero, se realizaron unos 130,000 operativos antiterroristas, culminando en la detención de 10,569 personas. La mayoría no ha sido —todavía– imputada por terrorismo.

Los datos. La situación financiera del país sigue siendo tétrica, pero era peor en enero. El país dio la bienvenida a 2024 con US$138M en la cuenta del Tesoro; en la misma fecha en 2023, contaba con US$1,088M. Hace dos meses, en todo caso, se preveía un déficit primario en torno a US$5,000M; contando los gastos de servicio de deuda, la cifra sería más cercana a US$10,000M.  

• El gran culpable es la burocracia, cuyo costo ascendió a US$10,130M en 2023. Casi todo el presupuesto se consume en nóminas abultadas y gasto corriente: el Estado apenas destinó US$677M al Plan Anual de Inversiones.
• Noboa ha buscado remediar la situación con reformas tributarias. Su Ley de Eficiencia Económica promete generar unos US$832M este año. Por lo demás, su Gobierno ha exigido a las grandes empresas pagar el 50% de sus impuestos por adelantado, para así poder sostener los gastos inmediatos.
• Pero la reforma más notoria fue el alza al IVA de 12% a 15%. La medida, que entrará en vigor el 1 de abril, se ha defendido explícitamente como una fórmula para “enfrentar el conflicto armado interno”.

Entre líneas. Ecuador es un país de subsidios generosos, con un costo anual de US$7,463M; el anterior presidente, Guillermo Lasso, intentó reducirlos, provocando enormes protestas. La oposición amenazó con destituirlo, a lo que Lasso respondió decretando la “muerte cruzada” y convocando comicios anticipados. 

• Noboa, quien llegó a la presidencia para terminar lo que restaba del mandato de Lasso, irá a elecciones en febrero de 2025. Carece del capital político para imponer fuertes medidas de austeridad.  
• El FMI podría ser la salvación del país. Se barajan dos posibles créditos, uno por US$3,000M y el otro, conocido como Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, por unos US$1,000M. Estando en Nueva York la semana pasada, Noboa habló de un acuerdo dentro de dos meses.
• Ecuador también se reserva el derecho de acudir a más representantes de la banca multilateral, que en años recientes ha reducido sus desembolsos. Los inversionistas se muestran reacios: la deuda del país cotiza a 63.7 centavos por dólar; el mercado estima el riesgo de impago en un 80%.

El porvenir. Ahora bien, Noboa es extraordinariamente popular: una encuesta reciente, correspondiente al 29 de febrero, situó su popularidad en torno a 81.4%. Alrededor del 53% de los votantes afirman que votarían “sí” en la consulta popular convocada por Noboa, que se llevará a cabo el 21 de abril.

• De ser aprobada la consulta, el Ejército, y no sólo la Policía, patrullaría las calles; se permitiría la extradición de ecuatorianos, y se incrementarían las penas por delitos de terrorismo y narcotráfico.
• Noboa lleva algo más de tres meses en el poder. No es el responsable de la debacle ecuatoriana, en gran medida atribuible al correísmo, que abultó la burocracia y se mostró reacio a combatir las bandas criminales que iban adquiriendo poder y vínculos con México, Colombia y Perú.
• Por lo pronto, el pueblo confía en él. Ha sido un político audaz, formando alianzas tanto con los correístas como con los socialcristianos, pero queda por verse si podrá financiar la respuesta estatal al conflicto armado interno.