El pasado 14 de diciembre, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés). La norma busca perseguir la corrupción más allá de sus fronteras, castigando a los funcionarios extranjeros corruptos.  

• El Congreso ha concedido una jurisdicción extraterritorial a sus tribunales. No sólo son punibles bajo FEPA los sobornos solicitados en territorio estadounidense, sino también aquellos pedidos en el extranjero a personas o entidades de ese país. 

• Los funcionarios extranjeros hallados culpables bajo la normativa se exponen a condenas de hasta 15 años. Además, se contemplan multas de hasta US$250,000, el triple del soborno percibido, o ambas. 

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• FEPA se aprobó como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que establece el presupuesto militar para el año fiscal 2024. El vínculo no es accidental: EE. UU. ve la batalla contra la corrupción como una cuestión de seguridad nacional. 

Panorama general. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) provocó un vacío en el derecho estadounidense. Esta norma permite imputar a empresas y ciudadanos estadounidenses por pagar sobornos, pero no cuenta con un mecanismo para perseguir a extranjeros. Esto queda resuelto bajo FEPA. 

• En efecto, FEPA cuenta con una amplísima definición de “funcionario extranjero”. Incluye a los funcionarios como tal, pero también a aquellos que actúen sin título oficial, como pueden ser los socios y testaferros de un político. También se incluye a los empleados de sociedades estatales. 

• Están excluidos, eso sí, los candidatos políticos. Esto le pareció excesivo a Washington, que es consciente de que FEPA será cuestionada como una ley intrusa que vulnera los fueros y soberanía de instituciones extranjeras. 

• Queda claro que FEPA se aplicará agresivamente; eso han comunicado los grandes despachos de abogados en EE. UU. a sus clientes. 

Entre líneas. La lucha contra la corrupción es una preocupación sincera de Washington, cuya política exterior es francamente idealista. Más allá de sus principios, EE. UU. opina que la corrupción le es perjudicial; limita las inversiones de sus nacionales y brinda acceso a rivales menos escrupulosos. 

• Es poco probable que la ley se haya diseñado con Latinoamérica –mucho menos Guatemala– en mente. El pez gordo es evidentemente China, que se abre paso en mercados emergentes mediante los sobornos. 

• Esta intención queda demostrada con el léxico de la ley, de ahí que se incluya a los empleados de empresas estatales. China rara vez invierte a título propio; tiende a hacerlo mediante compañías públicas.  

• Dicho esto, resulta evidente que la ley no puede mencionar explícitamente a China. En todo caso, Washington no tiene por qué circunscribir la aplicación de la ley y probablemente aprenda a usarla dentro en Latinoamérica. 

El porvenir. Las leyes acostumbran a ser rimbombantes y ambiciosas, por no decir quiméricas. FEPA se convertirá en un arma más dentro del arsenal de la diplomacia estadounidense, que busca cualquier ventaja en su guerra fría contra Pekín, pero esto no quiere decir que se desplegará con frecuencia o eficacia. 

• Cabe la posibilidad de que FEPA sea una ley natimuerta. De la misma forma que EE. UU. ya persigue a extranjeros bajo cargos de lavado de activos, FEPA podría utilizarse sólo en los casos más desvergonzados. 

• Como ha ocurrido en el pasado –como con la denominada “Ley Engel– su aplicación puede caer en la politización. La nebulosa jurisdicción de la ley podría dar lugar al resentimiento en el extranjero, sobre todo si EE. UU. insiste en perseguir a algún líder popular (por ejemplo, Nayib Bukele). 

• En todo caso, Centroamérica debe estar al tanto de FEPA. Si bien no es el foco o la razón de ser de la ley, es parte del llamado Sur Global, donde EE. UU. considera particularmente férrea su rivalidad con China.