El actuar de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), durante el actual proceso electoral, es criticado y comparado con lo realizado en 2019, cuando también dirigió operativos y allanó una dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

• En aquel momento, Curruchiche dirigía la Fiscalía contra Delitos Electorales. Esa fiscalía funcionó de forma permanente a partir de 2016, pues antes de ese año, únicamente era activada para los procesos electorales. 

Hemeroteca. Si bien Curruchiche estuvo al frente de las diligencias por denuncias de supuesto fraude por parte del TSE en el proceso electoral 2019, ni el fiscal, ni la dependencia que entonces dirigía, tuvieron el protagonismo e interés mediático que tiene ahora. 

• Los señalamientos en 2019, basados en errores administrativos cometidos por el TSE, "fueron simplistas en sus argumentos y demostraron un accionar sumamente débil por parte del TSE", según el Informe Analítico del Proceso Electoral 2019 de ASIES. 
   
• Destacó entonces, la no participación de dos precandidatas presidenciales (Thelma Aldana y Zury Ríos) y las inconsistencias en los datos digitalizados “que alimentó la idea de un posible fraude electoral”, se lee en el documento. 
   
• En 2019 también se registró un intento de cotejo de resultados; durante una semana se habilitó ese espacio, pero hubo desinterés de los partidos políticos y la mayoría no asistió a las audiencias. 
   
• Los operativos realizados, específicamente en la Dirección de Informática, no tuvieron incidencia en el proceso electoral y se limitaron al secuestro de algunas computadoras y otros dispositivos; no se intentó abrir las cajas electorales, ni realizar un recuento de votos.

Sí, pero. Curruchiche reconoció en 2019 que, el allanamiento y secuestro de evidencias, fue para acceder a la base de datos del TSE por las denuncias en medios de comunicación y redes sociales, acerca de supuestas papeletas marcadas. 

• Por su parte, el TSE confirmó errores en el software de conteos de votos e inconsistencias en el traslado de la información que dio como resultado la investigación del Ministerio Público (MP), y por parte del TSE, la destitución del director de Informática, Gustavo Castillo, y el subdirector, Beny Obdulio Román Chanquín. Ambos capturados un mes después y en la actualidad con proceso abierto en los Tribunales.  
   
• La Fiscalía contra Delitos Electorales en 2019, como ahora en 2023, no tuvo mayor protagonismo. Esa fiscalía trabajaba mediante mecanismos que la Ley estipula. Incluso por denuncias emanadas de la misma Inspectoría General del TSE, órgano de investigación interno del ente electoral. 
   
• Ni siquiera cuando la CICIG todavía operaba en el país, el caso de financiamiento electoral ilícito contra FCN-Nación fue asignado a la FECI, sino, como correspondía, lo conoció la Fiscalía de Delitos Electorales, para respetar la labor de esa dependencia.

En conclusión. No se puede comparar el proceder del MP en 2019 con la investigación contra el partido Movimiento Semilla de ahora; tampoco con lo relacionado a la denuncia que presentó un ciudadano preocupado por los votos emitidos el 25 de junio.  Ahora es la FECI, y no la Fiscalía de Asuntos Electorales, la que se ha encargado de investigar temas relacionados con el proceso electoral.

• Los casos relacionados con partidos políticos que en 2019 llegó a investigar la FECI no eran denuncias electorales, sino que surgieron de investigaciones contra presuntas redes criminales.
   
• El protagonismo del fiscal Curruchiche es exponencial en 2023, además de controversial, pues los allanamientos han sido realizados por personal con gorros pasamontañas y con nutrido armamento, evocando los operativos que realizaba la FECI juntamente con la extinta CICIG.
   
• Curruchiche también ha sido contestatario, tal y como se observó en la reunión que sostuvo con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invitado por el gobierno para acompañar el proceso electoral.

El balance. Se solicitó al fiscal Curruchiche responder y aclarar los hechos, pero no respondió a tiempo, antes del cierre de esta edición. Al recibir sus respuestas serán publicadas oportunamente.