El botín político que atrae a 1,516 candidatos
Ilustración Gabo
01 de marzo, 2024
Por años, el proceso para elegir gobernador departamental fue simple. Era una elección con influencia de diputados, pero la última decisión era del presidente. A dedo. La “bendición” de los parlamentarios era para asegurar obras para su departamento, principalmente de infraestructura, según expertos en temas municipales.
Para intentar cambiar esas prácticas, el presidente, Bernardo Arévalo, implementó un proceso similar al de las Comisiones de Postulación (convocatoria, impugnaciones, fase de pruebas de descargo y participación de la sociedad civil), que parece favorable, pero que tiene algunos riesgos.
En perspectiva. La convocatoria fue un éxito. Se recibieron 1,516 expedientes para las 22 gobernaciones departamentales. Guatemala (215), Alta Verapaz (91), Quiché (90), Escuintla (89) y Huehuetenango (87), son los cinco departamentos con más aspirantes.
- Entre los interesados figuran exdiputados y ex funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Ricardo Arturo Sandoval, quien fue alcalde y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
- Además, ex candidatos alcaldes para la Municipalidad de Guatemala, como Carlos Roderico Sandoval Chajón y Jean Paul Briere Samayoa. Ambos se postularon en el último proceso de elecciones. También hay autoridades e integrantes de las alcaldías indígenas, líderes comunitarios, profesionales y activistas.
- Actualmente, se está desarrollando la fase de impugnaciones. Ya se habla de candidatos que incumplen algunos requisitos, existen denuncias por cobros para ingresar en la nómina e intentos de algunos diputados distritales por influir en los nombramientos.
Por qué importa. La Ley del Organismo Ejecutivo establece que la responsabilidad del gobernador departamental es de coordinar, supervisar y fiscalizar; debe presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE), velar por la efectiva ejecución del presupuesto asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución.
- “Las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión, ni prestar servicios públicos, solo en casos que determine la ley”, indica la normativa.
- Sin embargo, el interés por el cargo va más allá. Tiene una herencia con tinte político para mantener el control territorial; acuerdos de diputados –casi siempre distritales– con el presidente de la República, por la potestad que tiene para elegir al gobernador.
- Contar con alguien afín les da la ventaja que obras de su interés se incluyan en la lista propuesta por los Consejos Comunitarios y Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), porque el gobernador puede sugerir la agregación de otro lote de obras al programa de inversión. “El cargo tiene un atractivo por el manejo de recursos de los Consejos de Desarrollo, se volvió como un botín político”, afirman los expertos.
Entre líneas. Previo a eso, se sabe que los diputados se aseguran tener el bolsón con los fondos para esas obras con negociaciones en el Congreso a cambio de apoyar una agenda legislativa.
- Se sabe que algunos parlamentarios ya tenían a los ungidos para el cargo y les tomó por sorpresa el cambio de elección. Situación que causó que la agenda legislativa se estancara. Los expertos aseguran que no es novedad, eso se hizo con los gobiernos del partido Vamos, la Unidad de la Esperanza Nacional (UNE), y FCN-Nación.
- El gobierno de turno tiene una agenda legislativa y necesita hacer consensos para que determinada ley pase. Es el momento que aprovechan los distritales para negociar, casi siempre con el jefe de bancada: te apoyamos, pero necesitamos un bolsón de obras y no se habla de diez centavos, sino de millones.
- Eddy Cifuentes, experto en Gobierno Local, explicó que en la lista de los más de mil candidatos hay dos o tres aspirantes propuestos por algunos diputados distritales, no están dispuestos a perder el control. Tienen que jugársela por el interés en las obras, principalmente en los municipios. Vamos y UNE son los que tienen mayor presencia.
En conclusión. El nuevo proceso permitió una participación masiva, despertó el interés de mujeres de todas las etnias, líderes comunitarios, maestros, médicos y estudiantes que conocen a detalle las necesidades de las comunidades. Además de la participación de la sociedad civil en la fiscalización de los perfiles.
- Existe riego que se entrampe el proceso por las impugnaciones o desacuerdos que se generen en las distintas fases. Podrían presentarse acciones legales que lleguen hasta la Corte de Constitucionalidad, como ocurrió con la elección de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
- El reto lo tienen los representantes de los sectores no gubernamentales. Deben analizar los señalamientos y las pruebas descargo de los 1,516 candidatos. Además, ponderar la idoneidad, planes de trabajo y cumplimento del perfil, asimismo de tener que entregar la terna al presidente, a más tardar, el 1 de marzo.
- Con el nuevo método se pretende garantizar la participación de la ciudadanía en ambas vías, conocer los planes de trabajo de los aspirantes y que, por fin, acaben las prácticas perniciosas. El tiempo dirá si se logró el objetivo.
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El botín político que atrae a 1,516 candidatos
Ilustración Gabo
01 de marzo, 2024
Por años, el proceso para elegir gobernador departamental fue simple. Era una elección con influencia de diputados, pero la última decisión era del presidente. A dedo. La “bendición” de los parlamentarios era para asegurar obras para su departamento, principalmente de infraestructura, según expertos en temas municipales.
Para intentar cambiar esas prácticas, el presidente, Bernardo Arévalo, implementó un proceso similar al de las Comisiones de Postulación (convocatoria, impugnaciones, fase de pruebas de descargo y participación de la sociedad civil), que parece favorable, pero que tiene algunos riesgos.
En perspectiva. La convocatoria fue un éxito. Se recibieron 1,516 expedientes para las 22 gobernaciones departamentales. Guatemala (215), Alta Verapaz (91), Quiché (90), Escuintla (89) y Huehuetenango (87), son los cinco departamentos con más aspirantes.
- Entre los interesados figuran exdiputados y ex funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Ricardo Arturo Sandoval, quien fue alcalde y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
- Además, ex candidatos alcaldes para la Municipalidad de Guatemala, como Carlos Roderico Sandoval Chajón y Jean Paul Briere Samayoa. Ambos se postularon en el último proceso de elecciones. También hay autoridades e integrantes de las alcaldías indígenas, líderes comunitarios, profesionales y activistas.
- Actualmente, se está desarrollando la fase de impugnaciones. Ya se habla de candidatos que incumplen algunos requisitos, existen denuncias por cobros para ingresar en la nómina e intentos de algunos diputados distritales por influir en los nombramientos.
Por qué importa. La Ley del Organismo Ejecutivo establece que la responsabilidad del gobernador departamental es de coordinar, supervisar y fiscalizar; debe presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE), velar por la efectiva ejecución del presupuesto asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución.
- “Las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión, ni prestar servicios públicos, solo en casos que determine la ley”, indica la normativa.
- Sin embargo, el interés por el cargo va más allá. Tiene una herencia con tinte político para mantener el control territorial; acuerdos de diputados –casi siempre distritales– con el presidente de la República, por la potestad que tiene para elegir al gobernador.
- Contar con alguien afín les da la ventaja que obras de su interés se incluyan en la lista propuesta por los Consejos Comunitarios y Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), porque el gobernador puede sugerir la agregación de otro lote de obras al programa de inversión. “El cargo tiene un atractivo por el manejo de recursos de los Consejos de Desarrollo, se volvió como un botín político”, afirman los expertos.
Entre líneas. Previo a eso, se sabe que los diputados se aseguran tener el bolsón con los fondos para esas obras con negociaciones en el Congreso a cambio de apoyar una agenda legislativa.
- Se sabe que algunos parlamentarios ya tenían a los ungidos para el cargo y les tomó por sorpresa el cambio de elección. Situación que causó que la agenda legislativa se estancara. Los expertos aseguran que no es novedad, eso se hizo con los gobiernos del partido Vamos, la Unidad de la Esperanza Nacional (UNE), y FCN-Nación.
- El gobierno de turno tiene una agenda legislativa y necesita hacer consensos para que determinada ley pase. Es el momento que aprovechan los distritales para negociar, casi siempre con el jefe de bancada: te apoyamos, pero necesitamos un bolsón de obras y no se habla de diez centavos, sino de millones.
- Eddy Cifuentes, experto en Gobierno Local, explicó que en la lista de los más de mil candidatos hay dos o tres aspirantes propuestos por algunos diputados distritales, no están dispuestos a perder el control. Tienen que jugársela por el interés en las obras, principalmente en los municipios. Vamos y UNE son los que tienen mayor presencia.
En conclusión. El nuevo proceso permitió una participación masiva, despertó el interés de mujeres de todas las etnias, líderes comunitarios, maestros, médicos y estudiantes que conocen a detalle las necesidades de las comunidades. Además de la participación de la sociedad civil en la fiscalización de los perfiles.
- Existe riego que se entrampe el proceso por las impugnaciones o desacuerdos que se generen en las distintas fases. Podrían presentarse acciones legales que lleguen hasta la Corte de Constitucionalidad, como ocurrió con la elección de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
- El reto lo tienen los representantes de los sectores no gubernamentales. Deben analizar los señalamientos y las pruebas descargo de los 1,516 candidatos. Además, ponderar la idoneidad, planes de trabajo y cumplimento del perfil, asimismo de tener que entregar la terna al presidente, a más tardar, el 1 de marzo.
- Con el nuevo método se pretende garantizar la participación de la ciudadanía en ambas vías, conocer los planes de trabajo de los aspirantes y que, por fin, acaben las prácticas perniciosas. El tiempo dirá si se logró el objetivo.