La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que pondrá fin al financiamiento de las dictaduras de Nicaragua y El Salvador.
Panorama general. Con la administración de la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, parece haber llegado el fin de cinco años donde el organismo regional se convirtió en una línea de crédito fácil para los regímenes autocráticos en Centroamérica.
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Sánchez ha cerrado las puertas al reciente interés de China (República Popular) al declarar abiertamente que cuenta con el apoyo de países como China (Taiwán), Corea, España, México y Colombia.
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Hemeroteca. Sánchez inició su presidencia en el banco en diciembre de 2023, tras haber evitado la reelección de Dante Mossi —en mayo del mismo año—, en la LXIII Asamblea de Gobernadores en Punta Cana, República Dominicana. Mossi, originario de Honduras, afirmó al inicio de su gestión que buscaría que el BCIE se convirtiera en “el principal acreedor de América Latina”.
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No obstante, sus cinco años al frente del banco regional han sido manchados por su apoyo incondicional a regímenes autocráticos y con denuncias por violaciones de derechos humanos.
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Mossi fue un especial aliado de los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH), en Honduras; de Nayib Bukele, en El Salvador, y –especialmente– el de su amigo, Daniel Ortega, en Nicaragua.
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Su fidelidad hacia Ortega se resaltó por haber sido el principal soporte financiero para Nicaragua cuando la comunidad internacional le aisló, debido a la represión de las protestas del Indio Maíz, en 2018.
Entre líneas. A Mossi se le conoció como “el banquero de los dictadores”. Más del 50% de la cartera del BCIE durante su gestión se concentró exclusivamente en Nicaragua (26%) y El Salvador (25%). Destaca que dos países, cuya población está por debajo de los 14 millones de habitantes, hayan acumulado casi un 46% más de los fondos invertidos por el BCIE que Guatemala (aproximadamente 17 millones de habitantes), dónde apenas se invirtió un 5% de la cartera del banco.
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Por su parte, Honduras acumuló un 17% de los fondos y Costa Rica solamente un 10%. Nicaragua llegó a recibir hasta US$ 3 mil 500 millones provenientes del BCIE desde 2017.
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El expresidente del BCIE justificaba su inversión en Nicaragua defendiendo al régimen sandinista, afirmando que las sanciones internacionales eran injustas y que, por lo tanto, el banco regional debía ser un mecanismo de protección para evitar el impacto de dichas sanciones.
Sí, pero. Más allá de su afinidad política, su gestión fue dañina para el propio banco. Así lo afirmó Juan Sebastián Chamorro, preso político y desterrado de Nicaragua: “Aumentó los gastos administrativos un 30%, duplicó el gasto total, bajó la rentabilidad, las utilidades cayeron de US$ 223 millones a 84 millones (...) claramente, solo por razones meramente de eficiencia y técnicas ese gerente debería salir”.
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De igual manera, en tiempos de JOH, el BCIE financió proyectos, como Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.
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En El Salvador, la gestión de Mossi fue fundamental para financiar el régimen de excepción –prolongado desde marzo de 2022–, responsable del fallecimiento de civiles inocentes en la lucha contra las pandillas de Bukele; además, fue clave en mitigar las pérdidas –temporales– de la inversión del presidente por el bitcoin, con fondos estatales.
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Mossi incluso inauguró una sede del BCIE en Managua, valorada en más de US$ 16 millones, en 2022.
En conclusión. Sánchez afirmó que buscará generar una cartera “equilibrada” y evitar concentrarla especialmente en estos dos países –Nicaragua y El Salvador–, de los cuáles afirma que “ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir”. La costarricense ha sido tajante con el tema: “se vienen frenos” para Ortega y Bukele, con el fin de corregir el curso de la administración de Mossi.
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Las medidas tienen un sustento financiero claro, pero también son de naturaleza política.
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El BCIE fue percibido como “el banco de los dictadores”, llegando a despertar el interés de China, que realizó viajes de cabildeo con el fin de convertirse en socio extrarregional del banco.
La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que pondrá fin al financiamiento de las dictaduras de Nicaragua y El Salvador.
Panorama general. Con la administración de la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, parece haber llegado el fin de cinco años donde el organismo regional se convirtió en una línea de crédito fácil para los regímenes autocráticos en Centroamérica.
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Sánchez ha cerrado las puertas al reciente interés de China (República Popular) al declarar abiertamente que cuenta con el apoyo de países como China (Taiwán), Corea, España, México y Colombia.
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Hemeroteca. Sánchez inició su presidencia en el banco en diciembre de 2023, tras haber evitado la reelección de Dante Mossi —en mayo del mismo año—, en la LXIII Asamblea de Gobernadores en Punta Cana, República Dominicana. Mossi, originario de Honduras, afirmó al inicio de su gestión que buscaría que el BCIE se convirtiera en “el principal acreedor de América Latina”.
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No obstante, sus cinco años al frente del banco regional han sido manchados por su apoyo incondicional a regímenes autocráticos y con denuncias por violaciones de derechos humanos.
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Mossi fue un especial aliado de los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH), en Honduras; de Nayib Bukele, en El Salvador, y –especialmente– el de su amigo, Daniel Ortega, en Nicaragua.
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Su fidelidad hacia Ortega se resaltó por haber sido el principal soporte financiero para Nicaragua cuando la comunidad internacional le aisló, debido a la represión de las protestas del Indio Maíz, en 2018.
Entre líneas. A Mossi se le conoció como “el banquero de los dictadores”. Más del 50% de la cartera del BCIE durante su gestión se concentró exclusivamente en Nicaragua (26%) y El Salvador (25%). Destaca que dos países, cuya población está por debajo de los 14 millones de habitantes, hayan acumulado casi un 46% más de los fondos invertidos por el BCIE que Guatemala (aproximadamente 17 millones de habitantes), dónde apenas se invirtió un 5% de la cartera del banco.
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Por su parte, Honduras acumuló un 17% de los fondos y Costa Rica solamente un 10%. Nicaragua llegó a recibir hasta US$ 3 mil 500 millones provenientes del BCIE desde 2017.
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El expresidente del BCIE justificaba su inversión en Nicaragua defendiendo al régimen sandinista, afirmando que las sanciones internacionales eran injustas y que, por lo tanto, el banco regional debía ser un mecanismo de protección para evitar el impacto de dichas sanciones.
Sí, pero. Más allá de su afinidad política, su gestión fue dañina para el propio banco. Así lo afirmó Juan Sebastián Chamorro, preso político y desterrado de Nicaragua: “Aumentó los gastos administrativos un 30%, duplicó el gasto total, bajó la rentabilidad, las utilidades cayeron de US$ 223 millones a 84 millones (...) claramente, solo por razones meramente de eficiencia y técnicas ese gerente debería salir”.
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De igual manera, en tiempos de JOH, el BCIE financió proyectos, como Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.
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En El Salvador, la gestión de Mossi fue fundamental para financiar el régimen de excepción –prolongado desde marzo de 2022–, responsable del fallecimiento de civiles inocentes en la lucha contra las pandillas de Bukele; además, fue clave en mitigar las pérdidas –temporales– de la inversión del presidente por el bitcoin, con fondos estatales.
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Mossi incluso inauguró una sede del BCIE en Managua, valorada en más de US$ 16 millones, en 2022.
En conclusión. Sánchez afirmó que buscará generar una cartera “equilibrada” y evitar concentrarla especialmente en estos dos países –Nicaragua y El Salvador–, de los cuáles afirma que “ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir”. La costarricense ha sido tajante con el tema: “se vienen frenos” para Ortega y Bukele, con el fin de corregir el curso de la administración de Mossi.
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Las medidas tienen un sustento financiero claro, pero también son de naturaleza política.
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El BCIE fue percibido como “el banco de los dictadores”, llegando a despertar el interés de China, que realizó viajes de cabildeo con el fin de convertirse en socio extrarregional del banco.