Doce días de bloqueos y persiste la incertidumbre sobre cuándo terminarán las acciones que mantienen paralizado al país.

En perspectiva. A la organización conocida como los 48 Cantones de Totonicapán se atribuye el inicio de los bloqueos que tomaron más fuerza hasta extenderse en todo el territorio. 

• Impedir la libre locomoción es el recurso habitual de los grupos indígenas de occidente. No importa el malestar o causa de su inconformidad, es común que tapen las carreteras.
   
• Junto con el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), los 48 Cantones de Totonicapán son capaces de cerrar las vías el tiempo y cuando se les antoja. 
   
• Cometer este delito no es nuevo. En 2012 se registraron 222 bloqueos y para finales de 2022 la cifra superó los mil. Es decir que cada día hubo tres bloqueos en todo el país, según la Policía Nacional Civil. 

Sí, pero. Los grupos como CODECA y los 48 Cantones de Totonicapán prefieren hablar de “manifestaciones pacíficas”, pero en realidad se trata de un delito, porque se violan los derechos establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República. 

• Los bloqueos que hoy tienen paralizado al país aumentaron porque se extendió un manifiesto rechazando las acciones del Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras. 
   
• Las organizaciones indígenas y campesinas citadas aprovecharon la coyuntura para promover la toma de carreteras. Además, contaron con el apoyo de diputados y autoridades electas del partido Movimiento Semilla, entidad contra la cual adelantó acciones penales el MP. Bernardo Arévalo abiertamente llamó a manifestar.
   
• Hasta las 13:00 horas del jueves 12 de octubre, el Gobierno registró 102 bloqueos. La escasez de alimentos y otros productos afecta a toda la población nacional, pero ya se extendió a mercados externos, como lo son El Salvador y Honduras. 

Voces. Una de las causas de la crisis que llevó a los bloqueos fue la persecución penal contra Semilla, utilizando la Ley contra la Delincuencia Organizada. Por ello, algunos abogados plantearon una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) no les concedió la protección provisional. 

• Gabriel Orellana, uno de los abogados que planteó la acción legal, opina que la resolución de la CC no ayuda en nada a resolver la situación y podría “agravar” los hechos. 
   
• “Era una medida que pudo bajar la presión política. Mi hipótesis personal es que, lejos de ello, lo que se busca es agravar la situación con el fin de que, antes del 14 de enero de 2024, la crisis se incremente y ello de pie a una repetición de las elecciones”, dijo Orellana. 
   
• “El fin de los bloqueos se ve complicado, tal parece que se busca intensificarlos. Hay un deseo de que la crisis siga vigente para justificar medidas que permitan al gobierno aparentar ante organismos internacionales”, concluyó Orellana. 

En conclusión. Mientras nadie ceda y los políticos (Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo) no asuman la responsabilidad que les corresponde, se siguen violando los derechos de la ciudadanía al trabajo, educación y salud; se castiga, además, a muchas empresas y sectores que todavía no se recuperan de la pandemia del COVID-19.