Amélida Pineda Yumán, quien fungió como directora de Finanzas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 4 de junio de 2020 al 17 de agosto de 2023, no renunció por problemas de salud, dejó el cargo por negarse a pagar el TREP.

En perspectiva. Durante más de tres años, Pineda dirigió la dependencia encargada de avalar los desembolsos en el TSE, pero dos días antes de la segunda vuelta electoral de 2023 presentó su "renuncia irrevocable".

• En aquel momento se indicó que la funcionaria dejaba el puesto por “motivos personales”, específicamente por problemas de salud que se agravaron durante el año de las elecciones generales, un periodo de alta exigencia para los empleados del TSE.
• Sin embargo, la versión de Pineda es diferente. Indicó que se retiró por negarse "rotundamente" a pagar parte de los Q148.8M del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), según consta en un documento al que se tuvo acceso.
• Antes del 17 de agosto de 2023 no se había cancelado un solo centavo a la empresa Datasys. No están claras las razones sobre el atraso en los pagos, debido a que el proveedor del TREP, para ese entonces, ya había cumplido con la pruebas y el uso del sistema durante la primera vuelta electoral.

Por qué importa. La decisión de la exdirectora de Finanzas genera más dudas sobre los señalamientos de una posible sobrevaloración en la compra del TREP.

• Aunque Pineda no explica por qué se opuso a pagar, en el documento enfatiza que no estuvo de acuerdo con avalar el desembolso y por ello renunció. Los magistrados aceptaron su decisión y, un día después, el TSE canceló Q104.2 millones a Datasys. Este procedimiento fue avalado por quien sustituyó a la exfuncionaria.
• Además de subrayar el motivo de su dimisión, la extrabajadora del TSE responsabilizó a los magistrados de haber comprado el TREP bajo un "proceso de excepción". Este punto también fue cuestionado por la Contraloría General de Cuentas, que objetó el gasto y planteó dos denuncias en el Ministerio Público por "adquisición de equipo innecesario".
• La acción penal es contra los magistrados Gabriel Aguilera Bolaños, Irma Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rojas Cetina, Álvaro Ricardo Cordón Paredes y el director de Informática Jorge Santos Neill. Los delitos señalados son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Si, pero. Tras la auditoría realizada por la Contraloría, se hallaron varias "irregularidades" que fueron informadas a la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro.

• Hubo falta y deficiente planificación en la compra del sistema informático. El TSE dispuso de Q500 millones y todo el 2022 para realizar el proceso, pero lo inició hasta diciembre de ese año. Esta situación derivó en la cuestionada compra del TREP.
• El contrato indica que el proveedor debió entregar el "código fuente" y una licencia de uso "perpetuo" del programa informático ofertado, pero la empresa PoderNet  (subcontratada por Datasys) "se reserva los derechos de autor sobre el programa. El TSE en realidad recibió una copia del código fuente y no es dueño exclusivo del mismo, debido a que PoderNet podrá seguir comercializando y adecuando el programa a diferentes órganos electorales", indicaron los contralores.
• Otro hallazgo, que llevó a la denuncia penal, fue la compra de 8,676 computadoras por valor de Q73.5M. El señalamiento detalla que, de ese lote, 1,251 se usaron para actividades ajenas al proceso electoral, 304 fueron configuradas para el TREP pero no se utilizaron ni enviaron a los centros de votación, 916 solo se usaron para reclutar a digitadores y 606 no fueron utilizadas (están empacadas).

En conclusión. La declaración que la exdirectora de Finanzas del TSE hizo constar, lleva a especular sobre posibles acciones al margen de la ley en la adquisición del TREP. Como lo indicó la Contraloría al momento de presentar la denuncia, esta adquisición no tiene relación con los resultados electorales, pero se debe investigar.

• La convicción de Pineda fue resistirse a hacer el pago. ¿Por qué razones? no se especifican en el documento. Pero si a ello se agrega el voto disidente de la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aumentan las dudas sobre el proceso.
• Alfaro no está incluida en estas denuncias. Tampoco ha explicado con detalles por qué se opuso a avalar la compra del TREP que se concretó el 23 de febrero de 2023.
• "El pleno de magistrados avaló y aprobó la adquisición de la solución informática para el evento electoral de 2023, sin contemplar un gasto eficiente, efectivo y equitativo en referencia a los costos de los componentes tecnológicos que integraban dicha solución la cual sobrepasa la necesidad real, factor que repercutió en adquirir una solución elástica de la infraestructura tecnológica con respecto a las necesidades cuantitativas y realidad del evento electoral, sin considerar  el modelo tecnológico...", así concluyó el informe de la Contraloría.