En el entorno político postelectoral es importante tener presente que, para dirimir controversias y resolver los problemas políticos, administrativos o judiciales, los únicos mecanismos válidos son los institucionales. Las medidas de hecho, aunque pudiesen ser expresión del sentir ciudadano, no pueden servir para aquello. De lo contrario, caeríamos en la aplicación de la ley del más fuerte o del que más ruido haga. Y eso significa el caos.
Si bien la resolución de los conflictos por parte de las instituciones no siempre es pronta, o no se da en los tiempos que unos u otros exigen –o en los legales– es destacable que incluso en medio de lo que se ha llamado una "crisis política", los mecanismos legales y las instituciones jurídicas guatemaltecas, funcionan.
Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en una debida ejecución de oficio, sobre un amparo otorgado por la anterior magistratura para la elección de cortes, es un paso en la dirección correcta.
La desidia de parte de los dos últimos congresos en no elegir cortes ha tenido al país con uno de sus tres poderes integrado por magistrados extendidos en su mandato. Las implicaciones no son solo políticas, sino económicas: para las calificadoras de riesgo este hecho contribuye al riesgo-país.
La mencionada resolución no es la única decisión judicial reciente en el camino correcto; el mismo martes, la CC otorgó un amparo (en apelación) al diputado Samuel Pérez para que se conozca su solicitud de acceso al expediente que se tramita en el juzgado séptimo penal en contra de Semilla.
A esas dos decisiones de la CC se agrega que, finalmente, la Corte Suprema de Justicia tramitó la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y trasladó el expediente al Congreso, para que se conozca y decida retirarles o no la inmunidad. El caso nace —no de alegatos respecto a los resultados de las elecciones— sino de una supuesta compra sobrevalorada del software del sistema TREP. Resultaría irónico que ahora se pretendiese impedir una investigación de posible corrupción.
Se debe trabajar, eso sí, en que esas decisiones y la resolución de los conflictos judiciales no se politicen y que se den en los tiempos establecidos en la ley. Lo que no se puede es decir que las instituciones —las cortes— no funcionan, porque determinada decisión no favorece a determinados intereses.
La institucionalidad se construye y fortalece todos los días y para ello es necesario que sus cuadros estén integrados y dirigidos por personas probas —sí— pero también se requiere que los ciudadanos y las partes respeten las resoluciones judiciales. Es deber de todos. Por ahora, podemos contar tres decisiones de las más altas cortes en la senda correcta.
En el entorno político postelectoral es importante tener presente que, para dirimir controversias y resolver los problemas políticos, administrativos o judiciales, los únicos mecanismos válidos son los institucionales. Las medidas de hecho, aunque pudiesen ser expresión del sentir ciudadano, no pueden servir para aquello. De lo contrario, caeríamos en la aplicación de la ley del más fuerte o del que más ruido haga. Y eso significa el caos.
Si bien la resolución de los conflictos por parte de las instituciones no siempre es pronta, o no se da en los tiempos que unos u otros exigen –o en los legales– es destacable que incluso en medio de lo que se ha llamado una "crisis política", los mecanismos legales y las instituciones jurídicas guatemaltecas, funcionan.
Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en una debida ejecución de oficio, sobre un amparo otorgado por la anterior magistratura para la elección de cortes, es un paso en la dirección correcta.
La desidia de parte de los dos últimos congresos en no elegir cortes ha tenido al país con uno de sus tres poderes integrado por magistrados extendidos en su mandato. Las implicaciones no son solo políticas, sino económicas: para las calificadoras de riesgo este hecho contribuye al riesgo-país.
La mencionada resolución no es la única decisión judicial reciente en el camino correcto; el mismo martes, la CC otorgó un amparo (en apelación) al diputado Samuel Pérez para que se conozca su solicitud de acceso al expediente que se tramita en el juzgado séptimo penal en contra de Semilla.
A esas dos decisiones de la CC se agrega que, finalmente, la Corte Suprema de Justicia tramitó la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y trasladó el expediente al Congreso, para que se conozca y decida retirarles o no la inmunidad. El caso nace —no de alegatos respecto a los resultados de las elecciones— sino de una supuesta compra sobrevalorada del software del sistema TREP. Resultaría irónico que ahora se pretendiese impedir una investigación de posible corrupción.
Se debe trabajar, eso sí, en que esas decisiones y la resolución de los conflictos judiciales no se politicen y que se den en los tiempos establecidos en la ley. Lo que no se puede es decir que las instituciones —las cortes— no funcionan, porque determinada decisión no favorece a determinados intereses.
La institucionalidad se construye y fortalece todos los días y para ello es necesario que sus cuadros estén integrados y dirigidos por personas probas —sí— pero también se requiere que los ciudadanos y las partes respeten las resoluciones judiciales. Es deber de todos. Por ahora, podemos contar tres decisiones de las más altas cortes en la senda correcta.