Luz Adriana Camargo Garzón, la mano derecha Iván Velásquez –exjefe de la CICIG– fue electa fiscal general de Colombia.   

• La relación entre ambos inició hace más de 20 años en su país, cuando participaron en el caso bautizado como “parapolítica”. Este proceso llevó a la condena de más de 50 congresistas vinculados con organización criminales paralelas al estado, además de otras sentencias contra alcaldes y gobernadores.  

• Las acusaciones enfrentaron a la Corte Suprema de Justicia con el entonces presidente Álvaro Uribe, quien resultó afectado de manera política por las acusaciones. Por ello, Velásquez y el exmandatario han sostenido diferencias y graves señalamientos.

• Tras ser designado como jefe de la CICIG, Velásquez nombró a Camargo como jefa de todos los investigadores de esa entidad. Fue la segunda vez que trabajaban juntos.  

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Sí, pero. Camargo y Velásquez tienen otros asuntos en común, aparte de los casos que promovieron en Colombia y en Guatemala. 

• Ambos tienen orden de captura solicitada por el Ministerio Público de Guatemala por supuestas anomalías en el caso Odebrecht.  

• El exjefe de la CICIG y la ahora fiscal general colombiana, habrían dirigido cambios a los convenios de colaborador eficaz de los personeros de Odebrecht. Lo anterior, como contraprestación de que los extranjeros delataran al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a políticos como Manuel Baldizón, quienes recibieron sobornos para conceder el contrato a la constructora. 

• Los brasileños delataron a Sinibaldi y a Baldizón, pero también se llevaron casi Q3,000M. de los guatemaltecos. El dinero –producto de dos préstamos– para financiar la construcción de una carretera de cuatro carriles de la aldea Cocales, Suchitepéquez, hacia la frontera con México, se empezó a pagar en 2017 y será hasta 2033 cuando Guatemala realice el último desembolso a un banco de Brasil.  

Qué destacar. Los dos préstamos fueron aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, de Brasil) y el BCIE. Sumaban US$399.4 millones (Q3,075 M.). De ese monto, los brasileños recibieron US$254.4 M. (Q1,959 M.). 

• A ese monto entregado a Odebrecht se deben sumar los intereses que en 13 años pagarán los guatemaltecos. La suma será de US$128 M., equivalentes a Q986 M., que se deben adicionar a los Q1,959 M. mencionados, dando un total de Q2,945 M.  

• Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, durante el gobierno de Jimmy Morales, suspendieron los pagos a Odebrecht, pues encontraron diversas ilegalidades y denunciaron a la constructora. Una de las irregularidades fue que la obra tenía un avance físico del 35%, pero el Gobierno ya le había dado el 75% del dinero a los brasileños. 

• Se desconoce el propósito de Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana, así como de otros fiscales –también Camargo– para beneficiar a los brasileños en detrimento de Estado de Guatemala. Se supone que su fin era político, ya que Aldana, tras dejar el cargo, buscó la presidencia por medio del partido Movimiento Semilla. 

Conclusión. Aldana no fue inscrita en las elecciones de 2019. Lejos de ello, se ordenó su captura por un caso de plazas fantasma, huyó de Guatemala y se refugió en Estados Unidos. Ya en ese país también fue señalada en otro caso de posible corrupción: la compra de un edificio para el Ministerio Público.  

• Velásquez fue declarado persona no grata por el expresidente Morales y no se renovó el mandato de la CICIG. Su gestión, como las de los otros dos comisionados, fue cuestionada por dudosas investigaciones que llevaron a la cárcel a algunos inocentes. 

• Incluso, médicos como Erwin Raúl Castañeda Pineda y Jesús Arnulfo Oliva Leal, procesados por el caso IGSS-PISA, murieron bajo la responsabilidad del MP de Aldana y la CICIG de Velásquez, que siempre se opusieron a que se les otorgase medida sustitutiva.