A lo largo de este siglo, la democracia liberal ha venido en declive; la incapacidad de las autoridades electas más su voracidad en la apropiación de fondos públicos, ha ocasionado el desencanto de los ciudadanos. Es precisamente a partir del 2001 cuando empieza a aparecer la consigna popular que resume el sentimiento: “que se vayan todos”.
Cansados de sus élites políticas, los argentinos ya no querían más de lo mismo. Tuvieron que pasar más de veinte años para que finalmente se atrevieran a probar algo distinto; eligieron a Javier Milei que, en papel al menos, prometía romper con el sistema. Si la apuesta será efectiva aún no lo sabemos.
El anterior es solamente un ejemplo; hay otros que ya se pueden evaluar si fueron efectivos o no; más allá de ello, sus métodos son los cuestionables. En Bolivia, Ecuador –ni se hable de Venezuela– mandatarios han pasado por encima de las leyes, para su beneficio personal. Han atentado contra la república.
El domingo habrá elecciones en El Salvador y el seguro ganador será el presidente Nayib Bukele. Se postula a una inconstitucional reelección –habilitada por un fallo de la sala constitucional que el propio Bukele nombró– pero para entonces ya hubo realizado otros actos que lo definen como autócrata. La irrupción con el ejército en el seno del Congreso salvadoreño, la remoción de magistrados constitucionales “incómodos”, así como la del Fiscal General y haber gobernado desde el 2022 bajo estado de excepción, son algunos ejemplos.
Con los incuestionables resultados positivos en seguridad como estandarte, los salvadoreños le han ido dando cada vez más y más poderes; el cambio de la fórmula electoral, para evitar la representación minoritaria; la reducción del legislativo, y la reducción de municipios, favorecen su control sobre todo aspecto de la vida política salvadoreña. La concentración de poderes –legales o fácticos– en una persona son, por definición, autocracia.
Pero ¿por qué la deriva autocrática? Como hemos dicho, una de las razones de ello es que los mejores no se han metido a política, con muy pocas excepciones. Eso allana el camino a líderes populistas que sin importarles el respeto a la división de poderes o al estado de derecho, dan resultados tangibles a la población. El problema es que el costo a mediano plazo es demasiado alto.
El diseño institucional puede ser otro de los elementos que impiden dar resultados dentro de la legalidad y que ocasionan el desencanto con la democracia liberal. Pero ello debe ser atendido con reformas legales y no con desmanes autoritarios.
No importa en dónde del espectro ideológico se ubiquen los autócratas, el daño es el mismo. Las instituciones republicanas deben prevalecer por encima de algunos exiguos resultados a corto plazo.
A lo largo de este siglo, la democracia liberal ha venido en declive; la incapacidad de las autoridades electas más su voracidad en la apropiación de fondos públicos, ha ocasionado el desencanto de los ciudadanos. Es precisamente a partir del 2001 cuando empieza a aparecer la consigna popular que resume el sentimiento: “que se vayan todos”.
Cansados de sus élites políticas, los argentinos ya no querían más de lo mismo. Tuvieron que pasar más de veinte años para que finalmente se atrevieran a probar algo distinto; eligieron a Javier Milei que, en papel al menos, prometía romper con el sistema. Si la apuesta será efectiva aún no lo sabemos.
El anterior es solamente un ejemplo; hay otros que ya se pueden evaluar si fueron efectivos o no; más allá de ello, sus métodos son los cuestionables. En Bolivia, Ecuador –ni se hable de Venezuela– mandatarios han pasado por encima de las leyes, para su beneficio personal. Han atentado contra la república.
El domingo habrá elecciones en El Salvador y el seguro ganador será el presidente Nayib Bukele. Se postula a una inconstitucional reelección –habilitada por un fallo de la sala constitucional que el propio Bukele nombró– pero para entonces ya hubo realizado otros actos que lo definen como autócrata. La irrupción con el ejército en el seno del Congreso salvadoreño, la remoción de magistrados constitucionales “incómodos”, así como la del Fiscal General y haber gobernado desde el 2022 bajo estado de excepción, son algunos ejemplos.
Con los incuestionables resultados positivos en seguridad como estandarte, los salvadoreños le han ido dando cada vez más y más poderes; el cambio de la fórmula electoral, para evitar la representación minoritaria; la reducción del legislativo, y la reducción de municipios, favorecen su control sobre todo aspecto de la vida política salvadoreña. La concentración de poderes –legales o fácticos– en una persona son, por definición, autocracia.
Pero ¿por qué la deriva autocrática? Como hemos dicho, una de las razones de ello es que los mejores no se han metido a política, con muy pocas excepciones. Eso allana el camino a líderes populistas que sin importarles el respeto a la división de poderes o al estado de derecho, dan resultados tangibles a la población. El problema es que el costo a mediano plazo es demasiado alto.
El diseño institucional puede ser otro de los elementos que impiden dar resultados dentro de la legalidad y que ocasionan el desencanto con la democracia liberal. Pero ello debe ser atendido con reformas legales y no con desmanes autoritarios.
No importa en dónde del espectro ideológico se ubiquen los autócratas, el daño es el mismo. Las instituciones republicanas deben prevalecer por encima de algunos exiguos resultados a corto plazo.