Las organizaciones que integran el Observatorio de Derechos de la Juventud presentaron este martes 6 de junio la agenda prioritaria para los derechos de las juventudes en Guatemala con el fin de promover las acciones urgentes por parte de los políticos en el contexto de las Elecciones Generales 2023. 

La juventud, que transita entre los 13 hasta los 30 años de edad, actualmente representa el 35% de la población guatemalteca, poco más de 6 de jóvenes con base en la proyección a 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), grupo etario que crece en condiciones de pobreza "limitante para su desarrollo pleno por la vulneración constante de sus derechos", se lee en el informe del Observatorio.

El 82.2% de jóvenes vivía en un hogar pobre y extremadamente pobre, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Por eso, las cinco organizaciones que conforman el Observatorio presentaron la agenda prioritaria a favor de las juventudes que plasmó desde 2019 con organizaciones juveniles a nivel nacional, en el contexto de comicios, y que actualizó en octubre de 2022 por el proceso electoral 2023.

"El objetivo es que las prioridades sean un compromiso de las próximas autoridades, tomando en cuenta que en campaña electoral reconocen la urgencia de atender a esta población por las cifras alarmantes de migración", aseguró el Observatorio. 

Sin rectoría 

Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), coincidió en que los partidos políticos buscan el voto joven, pero son pocas las propuestas que incluyen a este grupo etario para garantizar su derecho a la educación, salud, trabajo, seguridad, migración, inversión y participación política.

Dio como ejemplo que en 2023 los jóvenes empadronados de 18 a 30 años representan más de 2.3 millones en el padrón, sin embargo, la proyección de la población en este rango de edad para 2022 era de 4.3 millones, "por lo que faltaría por empadronarse más de 1.9 millones de jóvenes a causa de la deficiencia en los procesos administrativos y la ausencia de mecanismos ágiles para que ejerzan ciudadanía", lamentó. 

El Observatorio además enfatizó que aún no hay claridad acerca de los avances de la Política Nacional de Juventud la cual venció en 2020. 

Aunque el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) la retomó en 2021, hasta la fecha la propuesta sigue ser aprobada por el Ejecutivo debido a la falta de un ente rector, a pesar de los intentos para que la liderara el Ministerio de Desarrollo Social, refirieron las organizaciones que integran el Observatorio: Caja Lúdica, Demos, Jóvenes contra la Violencia, Movimiento de Jóvenes Mayas y Paz Joven. 

Prioridades

1. En materia de políticas públicas:

• Aprobación de la Política Nacional de la Juventud (PNJ).
• Armonización del marco de políticas públicas y estrategias de gobierno con: el Plan Nacional de Desarrollo: K´atun Nuestra Guatemala 2032; Política General de Gobierno 2024-2028; los compromisos establecidos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; así como, el Pacto Iberoamericano de la Juventud.
• Diseño y aprobación del Plan de Acción Interinstitucional 2024-2032.
• Diseño y aprobación de sistema de monitoreo y evaluación de la PNJ. 
• Finalizar el proceso de actualización de la Política Nacional de Empleo Digno con énfasis en acciones para la juventud.
• Finalizar el proceso de actualización de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito con estrategias e intervenciones bien definidas en relación a la juventud.

2. En materia de legislación:

• Ratificación del Tratado Internacional de Derechos de la Juventud (Convención  Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional).
• Aprobación de un marco legal para el reconocimiento de los derechos de las juventudes.
• Reformas al Decreto Número 12-2002 Código Municipal, para la creación de las oficinas municipales de la juventud. 
• Reformas al Decreto Número 1-85 Ley Electoral y de Partidos Políticos en relación a la simplificación del trámite de empadronamiento de nuevos ciudadanos.
• Reformas al Decreto 20-2003 Ley del Servicio Cívico. 

3. Institucionalidad: 

• Creación del Viceministerio de la Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social. 
• Diseño de estrategia para garantizar la participación de jóvenes representantes de organizaciones juveniles en el Sistema de Consejos de Desarrollo. 
• Diseño de una estrategia para garantizar la elección y participación de jóvenes en las Juntas Locales y Junta Nacional del Servicio Cívico.
• Fortalecimiento de las existentes oficinas municipales de la juventud y promoción de nuevas en otros municipios.
• Acompañamiento técnico para la aprobación de Políticas Municipales de Juventud a nivel nacional.
• Fortalecer la articulación interinstitucional del Estado para garantizar el goce de los derechos de las juventudes.
• Fortalecimiento de competencias y habilidades, así como, mejora de condiciones laborales de los servidores públicos, responsables de la implementación de programas de atención a las juventudes.

4. Presupuesto

• Adopción de medidas normativas y administrativas para la institucionalización de un cálculo oficial de la inversión pública en juventud que permita un aumento progresivo del presupuesto destinado a los programas de atención de las juventudes.
• Cumplimiento del clasificador temático de juventud. 
• Cumplimiento del 5% constitucional para la Universidad de San Carlos de Guatemala.