Desde que la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, asumió el cargo se ha empeñado en limpiar “las ratas muertas de las gavetas”, haciendo alusión a la corrupción dentro de esta institución. 

• Esta semana, la entidad hizo públicas dos denuncias presentadas en el Ministerio Público, relacionadas con adjudicaciones y arrendamientos que, presuntamente, ponen en evidencia abusos de las autoridades anteriores. 

En perspectiva. El hecho que ha caracterizado a la administración de De la Vega son las acciones de auditoría forense. 

• De acuerdo con la funcionaria, la corrupción era una política de Estado en el gobierno anterior, por lo que ahora "en cada gaveta que abrimos hay una rata muerta".
• Es más, la administración pasada, incluso, modificó reglamentos y acuerdos ministeriales, de manera que se pudiera incrementar el caudal de recursos para acumularlos en pocas manos. 

En el radar. Esta semana, el CIV presentó dos denuncias que involucran al exministro, Javier Maldonado, al exdirector de la Dirección General de Caminos, Gabriel Jo Lau, y al exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. 

• La primera se relaciona con el arrendamiento de un terreno en la Autopista Palín-Escuintla por un período de 25 años a la empresa Servicios de Transporte de Combustibles Castillo S.A.
• La segunda es con respecto a una licitación realizada por Argueta para la “adquisición de elevadores para pasajeros y carga, escaleras mecánicas y servicios de instalación en el Aeropuerto Internacional La Aurora. 

Por qué importa. Estas denuncias pondrían en evidencia las formas en las que los funcionarios anteriores operaban: utilizaban los recursos para promover el clientelismo dentro de la administración. 

• El caso del arrendamiento en los terrenos del derecho de vía Palín-Escuintla llama la atención por dos razones. En primer lugar, el exdirector Jo suscribió el convenio dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. No obstante, el día antes de la firma de este contrato, 13 de enero, el exministro Maldonado firmó el Acuerdo Ministerial 52-2024 que modificó el tarifario de ingresos propios para la Dirección General de Caminos.
• Por otro lado, la licitación para la instalación de elevadores y escaleras en el aeropuerto, por un monto de Q8,650,000.00, destaca por la empresa a la que fue adjudicada la obra, Tecnologías Smart Home, S.A. De acuerdo con la denuncia, esta empresa no contaba con la experiencia para realizar este trabajo, como lo refleja el acta de adjudicación en la "Experiencia del Oferente", donde únicamente obtuvo 5 de 20 puntos. Esta entidad, constituida en 2018, acumuló 44 adjudicaciones estatales entre 2019 y 2023, de acuerdo con el portal Guatecompras, negocios que suman Q65,517,115.00.
• El representante legal de Tecnologías Smart, Hernán Alfonso Ríos Balleza, también figura como director y tesorero de la offshore Danez Engineering Inc., cuyo presidente, Guillermo Anzueto Barrios, está procesado por haber otorgado sobornos en el gobierno del Partido Patriota y por financiamiento electoral ilícito. Adicionalmente, Anzueto está vinculado con otras constructoras con contratos de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones. 

En conclusión. Evidentemente, el ejercicio de fiscalización y auditoría es esencial para identificar las irregularidades en ejecución financiera, de obras y el incumplimiento de contratos. 

• Sin embargo, así como se está promoviendo la inspección de obras, también es necesario impulsar medidas que tengan efectos materiales visibles –tangentes– en la infraestructura del país.
• Las investigaciones por ningún motivo deben detener los proyectos viales y toda la obra programada a cargo del Ministerio de Comunicaciones.
• De comprobarse que los actos se dieron al margen de la ley, los responsables deben enfrentar la justicia y reparar el daño causado al patrimonio de los guatemaltecos.