La discusión y materiales producidos con respecto a la pretendida Ley de Competencia comienzan a mostrar las intenciones del gobierno de Semilla y sus simpatizantes. Pese a las negaciones post campaña, la verdadera pretensión pudiera ser la de tener un instrumento para materializar su aspiración de “un futuro sin CACIF”.
Dos instrumentos están en discusión. El primero, introducido por el diputado Samuel Pérez el año pasado en conferencia de prensa flanqueado por el entonces diputado y actual presidente, Bernardo Arévalo. Se trata de la mal llamada Ley para la libre empresa. Este anteproyecto reduciría la presencia de representantes del sector privado en diversas entidades públicas. Una clara advertencia del paso contrario al sector privado organizado.
La segunda, forma parte del plan de gobierno. Es la denominada Ley de Competencia. Si bien se utilizan conceptos como “libertad de empresa” y de “competencia”, conviene tener presente que ambas normativas pueden instrumentalizarse para materializar el mencionado “un futuro sin CACIF”.
Retirar a los representantes del sector privado de esas entidades sería, en todo caso, una victoria simbólica. Incluso, un exdiputado de la UNE ha reconocido el voto de los representantes del sector privado en contra de decisiones sospechosas y opacas en el INDE en la contratación de un multimillonario seguro.
La Ley de Competencia sí es una reforma “transformacional” a ojos de Semilla. Sería su forma de erradicar el CACIF —considerado, hasta ahora, un mal necesario— mediante operaciones quirúrgicas a empresas emblemáticas. Es un instrumento que, hasta la fecha, no tenían a su disposición.
Lejos quedaron los días en que un ex superintendente de la SAT, junto al recién nombrado viceministro de Economía, podían recurrir a actuaciones fiscales selectivas desde el ente recaudador. De momento, esa entidad funciona menos expuesta a usarse para ataques ideológicos.
Un zar de Competencia afín a Semilla significaría una efectiva herramienta para controlar la economía y someter a las empresas.
El pretendido “un futuro sin CACIF” contemplaría una serie de nuevos delitos económicos que se convertirían en la espada de Damocles contra las empresas que no se alineen o simplemente sean contrarias a Semilla.
Unas amplias facultades de un zar de Competencia le permitirían interpretar y aplicar la ley de manera casuística a empresas de todo tamaño. En un verdadero Estado de Derecho no puede permitirse ser, a la vez, investigador, fiscal, jurado y juez.
La implementación de una Ley de Competencia no puede circunscribirse a seguir los deseos e indicaciones de EE. UU. y la Unión Europea. En cuanto al funcionariado – nacional como internacional – es de temer que busque tener un mayor control sobre la economía.
Las empresas esperan, primero, una buena política y luego, una acertada Ley de Competencia. Sin embargo, pueden ser las perdedoras y no solamente las del CACIF. Los consumidores quizá también queden desilusionados. La solución no puede ni debe ser que un funcionario abuse de su poder de manera discrecional. Sería arbitrario optar por una economía controlada y sin la ansiada certeza jurídica, en lugar de tener una economía más pujante, creciente, abierta y eficiente.
Es importante no caer en ingenuidades. Hay que comenzar a informarse y entender la cuestión a fondo. Lo mismo cabe decir, de las intenciones y sus consecuencias.
La discusión y materiales producidos con respecto a la pretendida Ley de Competencia comienzan a mostrar las intenciones del gobierno de Semilla y sus simpatizantes. Pese a las negaciones post campaña, la verdadera pretensión pudiera ser la de tener un instrumento para materializar su aspiración de “un futuro sin CACIF”.
Dos instrumentos están en discusión. El primero, introducido por el diputado Samuel Pérez el año pasado en conferencia de prensa flanqueado por el entonces diputado y actual presidente, Bernardo Arévalo. Se trata de la mal llamada Ley para la libre empresa. Este anteproyecto reduciría la presencia de representantes del sector privado en diversas entidades públicas. Una clara advertencia del paso contrario al sector privado organizado.
La segunda, forma parte del plan de gobierno. Es la denominada Ley de Competencia. Si bien se utilizan conceptos como “libertad de empresa” y de “competencia”, conviene tener presente que ambas normativas pueden instrumentalizarse para materializar el mencionado “un futuro sin CACIF”.
Retirar a los representantes del sector privado de esas entidades sería, en todo caso, una victoria simbólica. Incluso, un exdiputado de la UNE ha reconocido el voto de los representantes del sector privado en contra de decisiones sospechosas y opacas en el INDE en la contratación de un multimillonario seguro.
La Ley de Competencia sí es una reforma “transformacional” a ojos de Semilla. Sería su forma de erradicar el CACIF —considerado, hasta ahora, un mal necesario— mediante operaciones quirúrgicas a empresas emblemáticas. Es un instrumento que, hasta la fecha, no tenían a su disposición.
Lejos quedaron los días en que un ex superintendente de la SAT, junto al recién nombrado viceministro de Economía, podían recurrir a actuaciones fiscales selectivas desde el ente recaudador. De momento, esa entidad funciona menos expuesta a usarse para ataques ideológicos.
Un zar de Competencia afín a Semilla significaría una efectiva herramienta para controlar la economía y someter a las empresas.
El pretendido “un futuro sin CACIF” contemplaría una serie de nuevos delitos económicos que se convertirían en la espada de Damocles contra las empresas que no se alineen o simplemente sean contrarias a Semilla.
Unas amplias facultades de un zar de Competencia le permitirían interpretar y aplicar la ley de manera casuística a empresas de todo tamaño. En un verdadero Estado de Derecho no puede permitirse ser, a la vez, investigador, fiscal, jurado y juez.
La implementación de una Ley de Competencia no puede circunscribirse a seguir los deseos e indicaciones de EE. UU. y la Unión Europea. En cuanto al funcionariado – nacional como internacional – es de temer que busque tener un mayor control sobre la economía.
Las empresas esperan, primero, una buena política y luego, una acertada Ley de Competencia. Sin embargo, pueden ser las perdedoras y no solamente las del CACIF. Los consumidores quizá también queden desilusionados. La solución no puede ni debe ser que un funcionario abuse de su poder de manera discrecional. Sería arbitrario optar por una economía controlada y sin la ansiada certeza jurídica, en lugar de tener una economía más pujante, creciente, abierta y eficiente.
Es importante no caer en ingenuidades. Hay que comenzar a informarse y entender la cuestión a fondo. Lo mismo cabe decir, de las intenciones y sus consecuencias.