El desarrollo de un país está ligado inevitablemente a la infraestructura vial, algo que en Guatemala sigue sin ser prioridad. Ello lo demuestran la precaria red vial y el déficit en la construcción de carreteras con relación al crecimiento anual de su población, lo cual nos sigue marginando y nos relega a un segundo plano para la inversión extranjera.
Panorama general. La ley de infraestructura vial, que busca construir más de 20 mil kilómetros de carreteras en los próximos 15 años, se quedó estancada en segunda lectura sin que al momento haya voluntad política para que sea aprobada.
- La normativa plantea que el Estado mantenga la rectoría de los proyectos carreteros, mientras el desarrollador se encargaría del estudio o construcción de las obras.
Qué resaltar. Guatemala se sigue quedando atrás, pues al año solo se construyen unos 200 kilómetros por lo que a este ritmo se necesitarían más de 100 años para alcanzar los 47 mil kilómetros que se requieren.
- La normativa permitiría al gobierno contar con una serie de herramientas que agilizarían la construcción de la red vial.
Voces (I). Jorge Benavides, investigador de la FUNDESA explicó que “la nueva figura de contratación permite pagar por una obra que funcione y no solo por la construcción”. A la fecha, el ministerio de Comunicaciones adjudica el contrato y paga la obra.
- Con la ley “el constructor utiliza sus propios recursos (..) termina la obra y se encarga de mantenerla en condiciones óptimas”. Agregó que “solo si la obra funciona bien, se le paga al desarrollador. Si no, no se le paga”.
- También se planifica la construcción y no como ahora que “se hace un tramo por aquí y otro por allá obedeciendo a intereses (...) no existe una planificación ordenada”.
En el radar. FUNDESA, junto a otras agrupaciones, se acercaron al presidente del Congreso, Nery Ramos, para hablar sobre el proyecto de ley que quedó en segunda lectura el 14 de octubre de 2020. Benavides aseguró que al momento no tienen una respuesta “si es prioridad o no”.
- Tuvieron acercamiento con el Ejecutivo y aunque la ministra del ramo, Jazmín de la Vega, está al tanto, tienen claro que necesitan “el empuje político desde el Congreso”.
Voces (II). El presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, Jeovanni Domínguez, del partido VIVA, dijo que la otra semana se reunirán por primera vez para definir el plan de trabajo.
- “Hay varios temas pendientes, no solo ese. Debemos tener una mesa de trabajo con la ministra para dar viabilidad a los temas de país”, aseguró.
Fisgón histórico. El 5 de octubre de 2023, las autoridades electas aseguraron durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) que invertirían Q27 mil millones en carreteras en los cuatro años de gestión.
- El plan establece 500 kilómetros de carreteras primarias, 1 mil 820 de carreteras secundarias y 1 mil 500 kilómetros de caminos rurales.
- “Queremos tener, a través de las carreteras, ese tejido que permita comunicar a la sociedad y crear condiciones de desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo en esa ocasión el ahora ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
En conclusión. El reto para asumir una modernización vial en Guatemala no se ha tomado en serio en, por lo menos, los últimos seis gobiernos, y como en el resto de la construcción de la obra pública, solo se ha hecho en función de lo que coyunturalmente les interese a las autoridades, quienes solamente lo ven como negocio que le deja tantos réditos, como las constructoras, mientras el país se sigue condenando al subdesarrollo.
El desarrollo de un país está ligado inevitablemente a la infraestructura vial, algo que en Guatemala sigue sin ser prioridad. Ello lo demuestran la precaria red vial y el déficit en la construcción de carreteras con relación al crecimiento anual de su población, lo cual nos sigue marginando y nos relega a un segundo plano para la inversión extranjera.
Panorama general. La ley de infraestructura vial, que busca construir más de 20 mil kilómetros de carreteras en los próximos 15 años, se quedó estancada en segunda lectura sin que al momento haya voluntad política para que sea aprobada.
- La normativa plantea que el Estado mantenga la rectoría de los proyectos carreteros, mientras el desarrollador se encargaría del estudio o construcción de las obras.
Qué resaltar. Guatemala se sigue quedando atrás, pues al año solo se construyen unos 200 kilómetros por lo que a este ritmo se necesitarían más de 100 años para alcanzar los 47 mil kilómetros que se requieren.
- La normativa permitiría al gobierno contar con una serie de herramientas que agilizarían la construcción de la red vial.
Voces (I). Jorge Benavides, investigador de la FUNDESA explicó que “la nueva figura de contratación permite pagar por una obra que funcione y no solo por la construcción”. A la fecha, el ministerio de Comunicaciones adjudica el contrato y paga la obra.
- Con la ley “el constructor utiliza sus propios recursos (..) termina la obra y se encarga de mantenerla en condiciones óptimas”. Agregó que “solo si la obra funciona bien, se le paga al desarrollador. Si no, no se le paga”.
- También se planifica la construcción y no como ahora que “se hace un tramo por aquí y otro por allá obedeciendo a intereses (...) no existe una planificación ordenada”.
En el radar. FUNDESA, junto a otras agrupaciones, se acercaron al presidente del Congreso, Nery Ramos, para hablar sobre el proyecto de ley que quedó en segunda lectura el 14 de octubre de 2020. Benavides aseguró que al momento no tienen una respuesta “si es prioridad o no”.
- Tuvieron acercamiento con el Ejecutivo y aunque la ministra del ramo, Jazmín de la Vega, está al tanto, tienen claro que necesitan “el empuje político desde el Congreso”.
Voces (II). El presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, Jeovanni Domínguez, del partido VIVA, dijo que la otra semana se reunirán por primera vez para definir el plan de trabajo.
- “Hay varios temas pendientes, no solo ese. Debemos tener una mesa de trabajo con la ministra para dar viabilidad a los temas de país”, aseguró.
Fisgón histórico. El 5 de octubre de 2023, las autoridades electas aseguraron durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) que invertirían Q27 mil millones en carreteras en los cuatro años de gestión.
- El plan establece 500 kilómetros de carreteras primarias, 1 mil 820 de carreteras secundarias y 1 mil 500 kilómetros de caminos rurales.
- “Queremos tener, a través de las carreteras, ese tejido que permita comunicar a la sociedad y crear condiciones de desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo en esa ocasión el ahora ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
En conclusión. El reto para asumir una modernización vial en Guatemala no se ha tomado en serio en, por lo menos, los últimos seis gobiernos, y como en el resto de la construcción de la obra pública, solo se ha hecho en función de lo que coyunturalmente les interese a las autoridades, quienes solamente lo ven como negocio que le deja tantos réditos, como las constructoras, mientras el país se sigue condenando al subdesarrollo.