El presidente electo Bernardo Arévalo decidió suspender el proceso de transición con el gobierno de Alejandro Giammattei. La decisión la tomó tras nuevos allanamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el Registro de Ciudadanos (RC) y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En perspectiva. La FECI allanó las instalaciones del RC y del COPE por un supuesto nuevo caso penal, alejado de las investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, según el fiscal Rafael Curruchiche.

• Los operativos fueron rechazados por el TSE que consideró las acciones "ilegales y arbitrarias", ya que los fiscales abrieron "las cajas y las correspondientes bolsas embaladas que contienen los votos debidamente protegidos y embalados..."
   
• Tras los allanamientos, el TSE presentó dos amparos en la Corte de Constitucionalidad para intentar frenar la resolución del Juzgado Séptimo que autorizó los registros que considera "buscan dejar sin efecto el proceso electoral...".
   
• El MP asegura que no buscan afectar los resultados. "Las diligencias, habiendo finalizado la elección, no representan recuentos de votos, alteraciones de votos ni cuestionamientos a los resultados electorales y tampoco se está violentando la voluntad popular ..."

Voces (I). El abogado Francisco Quezada considera que la decisión del presidente electo fue acelerada porque se debe aprovechar la información recibida para iniciar el gobierno con mayor conocimiento de la administración que tendrá a su cargo durante cuatro años.

• "La transición no es un hecho protocolario, sino el involucramiento anticipado en la complejidad que se recibe en enero. Es un ejercicio para que la curva de aprendizaje no sea tan pronunciada. Es anticiparse y empezar a ser eficiente y productivo desde el inicio", agrega.
   
• "Renunciar a ese espacio es una debilidad porque no se aprovecha. Independientemente de quién sea la autoridad saliente, se deben dejar a un lado las diferencias", subraya.
   
• "Sin transición quien sufre es el pueblo por los vacíos que puedan encontrar. El presidente electo puede sentirse decepcionado por el actuar del Ministerio Público, pero debe anteponer el servicio al país", puntualiza Quezada.

Voces (II). Otro abogado que prefirió no ser citado, coincide con Quezada. No duda que la decisión de Arévalo fue apresurada y sugiere que el político debe tener "la cabeza fría" en estos momentos porque todavía faltan cuatro meses para recibir el cargo.

• "Considero que la transición debe darse para establecer parámetros administrativos y legales que deben solventarse antes del 14 de enero. Si bien es cierto que el MP realiza allanamientos, el fiscal Rafael Curruchiche aseguró que no se trata del caso penal contra Semilla", remarca.
   
• "Atendiendo lo que ha visto Semilla, no les cabe duda que el MP está verificando el proceso de voto de la primera vuelta y que podría determinar un nuevo procedimiento contra ese partido, pero el TSE no avala el procedimiento", añade el entrevistado.
   
• Sobre una posible injerencia de Giammattei en las decisiones del MP, el abogado lo ve probable porque el presidente la nombró y favoreció su continuidad en el cargo. "Considero que puede aprobar algunas directrices, pero de qué tipo, no lo sabemos y menos si influyen en las acciones sobre el proceso eleccionario".

Contradicción. Arévalo ha declarado públicamente que agradece el proceso de transición facilitado por el Ejecutivo. Sin embargo, pidió un alto a lo que denominó como “criminalización” de su partido. 

• El presidente Giammattei ha declarado que incluso “daría la vida” para que la transición se produzca de la manera y tiempo que ordena la Constitución.
   
• Hasta ahora, Arévalo no ha puesto en duda la buena voluntad del jefe del Ejecutivo.
   
• La actual actitud de Arévalo contradice lo anterior y, a falta de una acusación directa, no justifica su decisión de abandonar el proceso de transición.

Conclusión. Aunque resulta evidente que Arévalo enfrenta una difícil situación, su actitud –de victimizarse– parece dar una muestra del talante que tendrá ante cualquier situación que enfrente durante su mandato. Los analistas consultados parecen coincidir en que no es una reacción madura y que más parecería una medida de hecho para intentar salir de funcionarios que le parecen incómodos, a pesar de que aún falta poco menos de dos años para el fin del mandato constitucional de la Fiscal General, Consuelo Porras.