En el último día de audiencias y previo a la entrega de un informe final, la comisión pesquisidora del Congreso que conoce las diligencias de antejuicio contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) escuchó los argumentos de la empresa Datasys Guatemala, S.A. proveedora del sistema informático de resultados preliminares de las Elecciones 2023.

• También atendió los descargos de los magistrados Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, aunque este último lo hizo por escrito; la magistrada Irma Palencia no acudió, porque la comisión no adjuntó la ratificación íntegra de la denuncia a la citación.  Ella pidió reprogramarla.

Qué destacar. Durante la intervención del representante legal de Datasys, Hugo Lemus, y de la asesora jurídica, Mónica Ardón, la mayoría de los diputados se centraron en cuestionar la subcontratación de la empresa Podernet, por parte de Datasys.

• Ambos aclararon que no hubo subcontratación sino un "joint venture" (unión de personas o empresa conjunta en acuerdo estratégico), luego de hacer un recuento de sus obligaciones y responsabilidades en el contrato con el TSE por Q148 millones.
• “Salió más caro porque tuvieron que contratar a otra empresa porque ustedes en 25 años de experiencia no podían, ni lo tenían (el sistema informático)”, dijo el diputado Douglas Rivera, lo cual apoyó el diputado Julio Longo.
• También revelaron los nombres de los accionistas que son: Jorge Ruiz Salazar Valverde, Isaías Alberto Salazar Valverde y Datasys Group Sociedad Anónima. Además, aseguraron que no hubo sobrevaloración de costos porque ninguna empresa presta el servicio en el país como para poder compararlo.

Entre líneas. Los representantes de Datasys mencionaron que parte del contrato era tener un plan de contingencia que incluyó la compra de 4 mil celulares y otros equipos, por costo total de Q48 millones.

• La empresa estimó que el costo de cada celular es de aproximadamente Q1 mil 300, sin embargo, el diputado Longo aseguró haber consultado el precio con una empresa telefónica y el precio que obtuvo fue de aproximadamente Q500 cada uno; en la página que consultó República el precio no era menor de Q 1 mil.
• Se intentó ampliar este tema con representantes de Datasys y además conocer si había una denuncia en su contra, pero ambos evadieron a la prensa.
• "No es solo multiplicar el precio de los celulares sino también adquirir las licencias de Samsung para usar la aplicación (del TREP)”, explicó el magistrado Gabriel Aguilera.

Voces (I). El magistrado Mynor Franco, en su defensa por escrito, aseguró que la denuncia en su contra es espuria “porque el sustento de los denunciantes se basa en suposiciones o apreciaciones subjetivas”.

• En cuanto a la compra del TREP aclaró que no fue ilegítima porque se contrató según la Ley de Contrataciones, la cual permite realizar compras por excepción, no estando obligado el TSE a realizar licitaciones por la premura de los comicios.
• Asimismo, argumentó que en la denuncia del Ministerio Público “no hay elementos de los denunciantes de cómo defraudé al Estado”, aseguró.
• El diputado Flavio Muñoz cuestionó las compras por separado y el alto costo del contrato que realizó el TSE, así como la decisión de realizar las elecciones sin nombrar a un director de informática.

Voces (II). Por su parte, el magistrado Rafael Rojas, mencionó que es del conocimiento público que los dos denunciantes, en redes sociales, han cuestionado desde el momento que se inició con la planificación de los comicios.

• El magistrado puso en tela de juicio la acusación de abuso de autoridad. “No es abuso de autoridad cuando soy autoridad del TSE y puedo tomar decisiones que permitan llevar a cabo las elecciones”, enfatizó.
• “No soy experto mercantil, pero no delegué ninguna función a Datasys para incumplir con mis obligaciones de dotar de todos los insumos a las Juntas Electorales. La suma de los votos la realizaron las juntas, y la transmisión de resultados preliminares a cargo de informática y los digitadores”, reiteró.
• En cuanto al supuesto delito de fraude, reconoció desconocer “el artificio en el contrato que considera el MP”, por lo tanto, no pudo expresarse al respecto. “No me lo están señalando”, afirmó. Aclaró que no influyó en la compra del sistema pues privilegiaron la pertinencia, necesidad y tiempo de cumplimiento, entre otras características.

Más voces. Aguilera coincidió en que la acusación es espuria, pero también política, sobre todo “cuando se incluye en la denuncia la carta de una senadora colombiana que evitar mencionar su ideología", puntualizó.

En conclusión. Un posible sobreprecio de adquisición de los equipos y el sistema informático TREP es algo que debe investigarse, sin embargo, la falta de denuncia respecto del vendedor, sino que solamente para los magistrados, podría evidenciar que más allá de la legítima investigación por posibles malos manejos de dinero público, podría esconderse la intención real.