Los nombres de más de 600 personas figuran en una carta pública enviada a la Comisión de Postulación del Fiscal General del Ministerio Público. En el documento profesionales de distintos ámbitos solicitan a los comisionados actuar conforme a la ley y "sin sesgo ideológico" en el proceso de selección.

Asimismo, cuestionan las resoluciones de algunos jueces y fiscales y las acciones de la embajada de Estados Unidos que, presuntamente busca influir en la elección del Fiscal General que dirigirá el Ministerio Público durante los siguientes cuatro años.

La Comisión de Postulación revisará expedientes y seleccionará seis candidatos que serán presentados al presidente Alejandro Giammattei. El nuevo funcionario debe asumir el cargo a partir del 18 de mayo de 2022.

La carta

El futuro de nuestro país depende en cómo ustedes cumplan con su obligación de escoger un profesional sin agenda política ni sesgo ideológico, para ser el próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

Estamos en un momento crítico en el que podemos avanzar hacia el afianzamento del estado de derecho o retroceder nuevamente hacia la aplicación arbitraria de la ley.

Los aquí firmantes somos todos ciudadanos guatemaltecos, personas productivas, respetuosas de la ley, en pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos.

Las organizaciónes firmantes defienden los principios republicanos, la Constitución, la familia y el derecho a la Fe, y no reciben donaciones del exterior.

1. Desde el 2010, con la intervención ilegal del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la persecución penal del Ministerio Público (MP) ha sido politizada. Muchos de los procesos penales entablados durante las administraciones de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana fueron arbitrarios y parciales exonerando de responsabilidad a sus allegados políticos aún contando con pruebas contundentes, y encarcelando en forma indefinida a sus adversarios o condenándolos sin prueba alguna.

Jueces como Erika Aifán, Miguel Angel Gálvez, Pablo Xitumul y Yasmin Barrios han violentado la presunción de inocencia, la prisión peventiva y el debido proceso y se han enfrascado en una clara persecución política contra sus adversarios ideológicos, cómo estrategia establecida por el Foro de Sao Paulo para ayudar a la izquierda a alcanzar el poder por vía de las urnas.

Estos jueces aplican en forma retroactiva el Pacto de San José y otros acuerdos y tratados internacionales, violando la Constitución, a hechos acontecidos mucho antes de que dichos convenios y tratados fueran firmados, aprobados y ratificados por Guatemala.

La defensa oficiosa de los Jueces mencionados por grupos afiliados y financiados por la Embajada del partido Demócrata, USAID y el G13 tiene como objetivo que no salga a la luz pública sus crímenes porque los haría a ellos mismos quedar como criminales.

Pretenden que no afronten las consecuencias legales de sus crímenes, juzgados por el Organismo Judicial, como lo dicta la Constitución. Todos estos jueces tienen afiliación ideológica o por parentezco a los grupos terroristas que generaron el conflicto armado interno que sufrimos los guatemaltecos por 36 años.

2. Para alcanzar el poder, en el 2016 también con intervención estadounidense, tomaron control de la Corte de Constitucionalidad (CC) liderados por la exmagistrada Gloria Porras. La combinación del manejo criminal del MP y la CC, ayudado por medios de comunicación masivos afines, produjo resultados suficientemente negativos para provocar una reacción contraria a las leyes entre los guatemaltecos.

Sin embargo, por los abusos cometidos, la población despertó y especialmente los abogados, quienes tratan constantemente con estas dos instituciones y han visto de primera mano cómo la aplicación de justicia pronta y cumplida fue eliminada por la justicia como arma político-ideológica.

3. En el 2018 llegó al MP la doctora Consuelo Porras cómo Fiscal General. Ha demostrado su apego a la aplicación de justicia sin agenda política y que no está controlada ni por personajes como Helen Mack, ni por la Embajada Demócrata.

En contraste con sus dos antecesoras, poniendo atención a las necesidades del pueblo y a sus obligaciones, logró presencia del MP en los 340 municipios del país. Hoy es criminalizada por no obedecer a la Embajada de los Estados Unidos y porque con sus acciones pone en riesgo la credibilidad de la misma al perseguir a los peones con toga y poder en posiciones claves del MP, la CC y otras organizaciones de izquierda. Los persigue por desfalcos multimillonarios al Estado como Odebrecht.

4. Perder control del MP y la CC, tiene muy molesto al Departamento de Estado, por lo que han intentado socavar el buen nombre y récord profesional de la Fiscal General llamadola corrupta sin pruebas y la han sancionado a pesar de que la misma Casa Blanca ha admitido públicamente que la Fiscal General ha cumplido y sigue cumpliendo con todas las extradiciones que le han pedido, ha colaborado en todo con las organizaciones que persiguen el crimen organizado, y ha recibido elogios del Comando Sur, DEA, INL y de entes nacionales.

Han hecho obvia su agenda al premiar criminales como Erika Aifán, Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana y Yasmin Barrios. La lealtad de estas personas no es con Guatemala.

5. Estamos convencidos de que la embajada estadounidense hará cualquier cosa, incluyendo amenazarlos con sus visas, para intervenir e influenciar el proceso del nombramiento para Fiscal General y Jefe del MP para el período 2022-2026 y colocar allí a sus peones y pretende monopolizar los seis candidatos en la lista que la Comisión enviará al Presidente. El Departamento de Estado cree que está por encima de la Constitución y de las leyes internacionales.

6. Por ende, firmamos esperando que ustedes de la honorable Comisión, hagan su trabajo sin presiones ni intervenciones nacionales o extranjeras, mucho menos de la embajada estadounidense o el G13, para escoger seis candidatos para Fiscal General que cumplirán con la aplicación conforme lo estipulado en la Constitución Política de la República, sean objetivos y respeten el debido proceso, y que la justicia sea pronta y cumplida.

Su voto es mucho más que un simple voto. Es una obligación moral y ética con Guatemala para establecer el Estado de Derecho indispensable para nuestra prosperidad y seguridad. Oramos que tengan sabiduría y coraje para que Guatemala avance como sociedad de leyes y no de nombres.