La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República analiza el borrador de la propuesta de reforma a la Ley de Minería que espera dictaminar en mayo.  

• De las tres iniciativas remitidas a la citada comisión, –6049, 6335 y 6152– los legisladores encabezados por Orlando Blanco acordaron unificar las dos primeras. Una presentada por los anteriores diputados del Movimiento Semilla –incluido el hoy presidente, Bernardo Arévalo–, y el otro por legisladores de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), partido al que pertenece Blanco. 

• La iniciativa base fue la de Semilla que fija 10 años de prohibición para conceder licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica. Esta fue planteada en 2022 por Arévalo, Samuel Pérez, Román Castellanos y Lucrecia Hernández (QEPD). 

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• Sonia Gutiérrez y Adán Pérez plantearon el tercer proyecto –6152–. Esta propuesta no establece una moratoria, sino cierra las puertas por completo. De hecho, la ley buscar declarar a Guatemala "Territorio libre de minería metálica extractivista". De esta iniciativa, se acordó revisar si hay algunos puntos para incorporar en la reforma. 

Por qué importa. Hasta mediados de 2022 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tenía registradas 31 licencias de minería metálica. El periodo de explotación va de 25 a 40 años. Existen cuatro permisos con tiempo indefinido que provienen de 1906. 

• Pero en la realidad, en Guatemala la minería metálica está paralizada. Las dos grandes operaciones que beneficiaban con empleo a más de tres mil familias en El Valle del Polochic no operan –teniendo licencia de explotación–, porque el MEM no ha extendido los permisos para exportar. 

• La otra mina, Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, tampoco opera, pese a contar –también– con licencia otorgada por el Estado de Guatemala.  

• En la propuesta también se pretende regular que esta prohibición no solo afecte solicitudes de licencias, sino aquellos permisos que estén suspendidos por cualquier causa. 

Voces. No todos los diputados que integran la Comisión de Energía y Minas están de acuerdo con establecer una moratoria, menos de 10 años; aseguran, seria "matar" la industria minera, hoy paralizada. 

• Por ejemplo, la congresista Nadia de León dijo que no estaba de acuerdo con establecer la prohibición temporal. Dijo que prefiere una nueva legislación con diferentes parámetros. En ese sentido se pronunció el diputado Jorge Ayala, quien además resaltó que debe tomarse en cuenta que la ley no tendrá efectos retroactivos. 

• Otro punto que destacó el legislador del partido Valor es que no sería posible establecer un pago de 51% de regalías sobre los ingresos brutos. En todo caso, sería un porcentaje sobre las ganancias de la empresa. 

• José Chic, parlamentario de VOS, considera que la moratoria busca regular mejores condiciones para las comunidades donde operan las empresas. "No es que los recursos naturales sean intocables", dijo. 

En perspectiva. Los diputados delegaron en sus asesores técnicos afinar los detalles de la propuesta que discutirán, artículo por artículo, en la primera reunión de la comisión, en mayo. 

• El ministro del ramo, Víctor Hugo Ventura, anunció que la decisión de esa entidad era que se estableciera una moratoria de dos años. En ese lapso considera que se pueden hacer los cambios a la Ley de Minería que data de 1997. 

• Para la industria minera, con estas determinaciones se cierran las puertas a la inversión. "Actualmente no hay interés en Guatemala dada la incertidumbre jurídica y la anunciada postura del actual gobierno ante el sector", indicó en días recientes el experto Alfredo Gálvez. 

• Además, enfatizó sobre la importancia de esta actividad empresarial. "Históricamente, el sector minero ha sido el actor principal en la inversión extranjera directa. Los proyectos mineros de escala industrial, minas Marlin, Escobal, Cerro Blanco y Proyecto Fénix, poseen instalaciones que necesitaron de cientos de millones de dólares para su construcción, y millones de dólares para su funcionamiento.   

En conclusión. Según Gálvez, "desde el gobierno de Álvaro Colom (2008) se vive una moratoria de facto, que ha hecho que el MEM y la Dirección General de Minería ‘congelen’ los expedientes y no se concluya el trámite de otorgamiento”.   

• Actualmente, ese ministerio tiene paralizadas las licencias de exportación de dos mineras autorizadas para operar. Llevan más de tres meses en el trámite y no obtienen respuesta favorable, solo promesas. 

• Si la idea de una moratoria es mejorar las condiciones para el Estado –regalías, protección ambiental y social– mientras se discute una nueva ley, 10 años de la misma resulta ridículo. Evidencia una franca oposición de la alianza oficialista a la actividad, mascarada con retórica. 

• De continuar en esta ruta, el Estado se encamina a ser demandado por sumas millonarias que recaerán sobre todos los guatemaltecos. No sobre las actuales autoridades, pero sí tocarán los bolsillos de los ciudadanos.