La crisis política de Guatemala se agravó en días recientes, pero parece que podría llegarse a un punto donde la Corte de Constitucionalidad (CC) resolverá –finalmente y, en definitiva– esta situación. 

En perspectiva. El viernes 8 de diciembre el Ministerio Público (MP) presentó lo que llamó “el resultado de sus investigaciones” por el caso contra el partido Movimiento Semilla. También informó sobre nuevas pesquisas por otros aspectos que considera ilegales, en los que estarían involucrados dirigentes de esa organización. 

• Aparte de la supuesta inscripción irregular de afiliados a Semilla, con firmas falsas, personas fallecidas y otros hechos, el MP señaló al presidente electo, Bernardo Arévalo, de otros delitos como lavado de dinero.  

  SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

• Como Arévalo es diputado, la Fiscalía presentó una solicitud para levantar la inmunidad al congresista. También se pidió retirar el antejuicio contra los legisladores de Semilla, Ligia Hernández y Samuel Pérez. 

• Con los nuevos hallazgos, el MP pidió de manera pública al Tribunal Supremo Electoral (TSE), anular las elecciones. En las siguientes horas, se indicó, que enviarían el expediente a la autoridad electoral para dejar bajo su responsabilidad qué hacer con lo revelado. 

Lo que sigue. Hasta el lunes 11 de diciembre, el TSE seguía desintegrado por la ausencia de cuatro magistrados titulares que perdieron su inmunidad y abandonaron Guatemala. 

• Mientras esta situación persista, el TSE no puede conocer la documentación presentada por el MP. Se espera que esta semana la CC ordene al Congreso juramentar o elegir a los dos magistrados suplentes para garantizar el cuórum del ente electoral. 

• La presidenta del TSE, Blanca Alfaro ya adelantó que no existe base legal para anular las elecciones que ya fueron certificadas. Sin embargo, dijo que un fallo de la CC sí podría revertir todo el proceso electoral. 

• Lo que ocurriría es que los magistrados electorales analizarían el caso y notificarían que no es posible atender lo planteado por la fiscalía. Entonces, mediante nuevos recursos legales, el expediente llegará a la CC que tendrá la última palabra. 

Por qué importa. La situación en el país ha resonado en todo el mundo. Los titulares de los medios de comunicación se refieren a que existe un intento de anular elecciones libres y democráticas; le han llamado “golpe de Estado”. 

• La Organización de los Estados Americanos (OEA) reaccionó de inmediato a lo planteado por el MP. Anunció una nueva reunión para analizar el caso Guatemala, que se ha vuelto tema recurrente casi cada semana en esa institución. 

• Se convocó al Consejo Permanente para el martes 12 de diciembre, en medio de pronunciamiento de varios países que desaprueban lo que ocurre en el país. 

• "El pueblo guatemalteco eligió en las urnas a un presidente, y nadie puede suplantar la voluntad popular libremente expresada. Condenamos las acciones antidemocráticas del Ministerio Público que constituyen un intento de golpe de Estado", escribió Luis Almagro, secretario de la OEA. 

En el radar. Pero mientras avanzan estos nuevos señalamientos del MP, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se siguen sin conocer las primeras solicitudes de antejuicio contra Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. 

• Contra ambos, la fiscalía pidió retirarles la inmunidad por su supuesta participación en la toma ilegal de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 

• El viernes 8 de diciembre se plantearon las nuevas peticiones de antejuicio, que se suman a los expedientes pendientes de resolver. 

• En este proceso, existe duda de quién debe resolver la solicitud, debido a que la ley no habla sobre presidente o vicepresidente electos. 

Ecos regionales. En Centroamérica el asunto electoral empieza a tomar más auge por las elecciones en El Salvador y Panamá, que se realizarán en febrero y mayo de 2024, respectivamente. 

• En el Salvador, el 15 de diciembre se realizará el primer simulacro del voto fuera de esa nación, que sigue bajo estado de excepción. El nuevo proceso de limitación de derechos va del 13 de diciembre al 11 de enero de 2024. 

• En Honduras, se anuncia una audiencia el 13 de diciembre para imputar delitos contra los expresidentes Juan Orlando Hernández (extraditado a EE. UU. por narcotráfico) y Porfirio Lobo Sosa, por supuestos delitos contra la administración pública. 

• Mientras tanto, en Panamá, el Tribunal Electoral anunció que el 15 de diciembre vence el plazo para las inscripciones del voto adelantado, con miras a las elecciones de mayo de 2024. El uso de biometría facial constituye la principal innovación tecnológica.