Cuando los constituyentes decidieron incluir a la academia en los procesos de designación de algunos funcionarios jamás pensaron que eso, a la postre, sería un elemento discordante. Por el contrario, se esperó que académicos estuvieran alejados de los avatares de la política y que su intervención le daría una suerte de garantía a los procesos. De esa manera se pretendió garantizar, cuando menos, la excelencia académica de quienes resultasen designados.

Sin embargo, no solo las universidades han proliferado cual hongos, sino que la cantidad de alumnos ha rebasado, aparentemente, la capacidad de distintas facultades en guardar el alto estándar que se pretendía. Así, son muchos los profesionales que se postulan para puestos de designación constitucional o legal que cumplen con la forma, más no el fondo de los requisitos.

Uno de los aportes de la academia, si bien señalado en la ley, pero evaluado finalmente por los docentes, es la alta gradación que se le ha dado a los títulos académicos. Por supuesto, eso ha hecho que existan cursos “exprés” para obtener grados superiores como maestrías y doctorados, hasta escándalos de venta de títulos o entregados sin cumplir los requisitos. El recurrente escándalo de la Universidad Da Vinci en su facultad de Derecho es uno de los casos más emblemáticos.

Esa universidad no está sola en ese tipo de escándalos,la misma tricentenaria Universidad de San Carlos ha sido señalada de otorgar doctorados a figuras políticas sin que hayan cumplido los requisitos o, incluso, que hayan cometido plagio (violación de derechos de autor) en sus trabajos de tesis.

Lo anterior viene a colación porque a la actual Fiscal General, Consuelo Porras se le ha señalado de haber incluido en su tesis de doctorado material de otra persona sin haber dado el crédito que corresponde, es decir, sin incluirlo en la bibliografía sino pasarlo como propio. Esto sale a relucir nuevamente ya que se especula que Porras se postulará nuevamente para el cargo de Fiscal General.

En síntesis, en medios y redes (más no en tribunales) se acusa a Porras de haber plagiado cuando menos un tercio de su tesis doctoral de una tesis previa, la de Benigno Ramiro Choc (fallecido). Debido a que el delito de violación a derechos de autor corresponde solamente al ofendido, pues es un delito de acción privada (no perseguible de oficio) por la posible violación de derechos por parte de Porras, el doctor Marco Vinicio Mejía Dávila presentó una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos por presunta violación al derecho humano a la cultura y ciencia, perpetrado, supuestamente, por Porras.

El doctor Mejía es un reconocido aliado y admirador de la exfiscal general Thelma Aldana y adversario acérrimo de la actual. Si a ello se le agrega que no es ningún secreto que el PDH, Jordán Rodas Andrade, también es adverso a la actual Fiscal General Porras, la denuncia presentada por el primero e investigada por el segundo y la institución que dirige, es dable concluir que de haber cualquier atisbo de violación a un derecho humano por parte de Porras, el PDH lo determinaría y emitiría la condena moral correspondiente.

Esto último es de especial relevancia porque entre los requisitos para la postulación decandidatos para Fiscal General se requiere presentar constancia negativa de haber recibido condena moral por parte de la PDH. De haber sido cierto lo que se le señala a Porras, de haber plagiado en parte sus tesis y luego de la investigación del PDH, se esperaba que esto impidiese la postulación de Porras para un nuevo período en el Ministerio Público.

Así, con fecha 8 de octubre de 2021, la PDH resolvió el expediente REF.EXP.7109-2021 iniciado por la denuncia de Mejía y luego de realizar las pesquisas que consideró pertinentes, resolvió “Que no existen razones suficientes para declarar la violación de los Derechos Humanos a la verdad, la justicia y la Paz, tal como fue solicitado”.

En la resolución identificada anteriormente, la PDH cometió varios errores de forma, por lo que la Fiscal General Porras planteó una aclaración. Se consignó de manera errónea el nombre del denunciante (Marco Antonio, en lugar de Marco Vinicio) y se consignó de igual manera errónea el supuesto derecho humano violentado (a la verdad, la justicia y la paz, cuando lo denunciado fue derecho a la cultura y la ciencia). Con fecha 14 de ese mismo mes y año, la PDH aclara el nombre del denunciante, pero omite (maliciosamente) rectificar sobre la violación de qué derecho humano versó la denuncia.

Más allá de los errores de forma, los rectificados y los que no, la investigación de la PDH dirigida por alguien que ha manifestado en varias ocasiones rechazo hacia la FG Porras, arrojó la conclusión que no hubo violación a derecho humano alguno por parte de la Fiscal General.

Si bien la justicia ordinaria, constitucional y en materia de derechos humanos debe ser ciega, una realidad insoslayable es que es administrada por personas que pueden ser sujeto a pasiones ajenas a los altos valores de la justicia. En ese orden de ideas, era fácil sospechar que una denuncia como la relacionada sería resuelta en contra de la Fiscal General por las razones expuestas, o por otras.

Siendo, así las cosas, que la PDH haya investigado y luego resuelto que no hubo violación a derecho humano alguno por parte de la Fiscal General en la elaboración de su tesis doctoral, resulta un contundente cierre a ese capítulo y a la acusación (ahora infundada) de supuesto plagio (en nuestra legislación el delito de plagio es un tipo penal distinto) o de violación alguna a derecho de terceros.

Toda contienda en el ámbito público es reñida y lamentablemente, con el paso de los años, en esas contiendas cada vez más se recurre a intentos de descalificación en el ámbito judicial y no solamente la discusión de ideas, planes de trabajo y calidades comprobables. Eso ha hecho que el sistema de justicia (incluida la jurisdicción del PDH) se vea saturada con una serie de denuncias infundadas que tienen como único fin la descalificación y no la justicia. No se puede pretender que mejore la justicia en el país, cuando para evitar que adversarios lleguen a ocupar los puestos se abusa del propio sistema de justicia.

Eso debe acabar.

Aclaración a la Fiscal General Consuelo Porras