El 23 de mayo de 2016 tres diputados presentaron la iniciativa que pretende aprobar la Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor. Dos meses después la propuesta recibió dictamen favorable de la comisión del ramo, pero solo avanzó en primera lectura.

En perspectiva. De manera sorpresiva, la ley fue agendada a pocos días del inicio de la X Legislatura y en dos semanas fue aprobada en segunda y tercera lecturas, impulsada por el partido Movimiento Semilla.

• Los diputados de Semilla figuran como independientes debido a que el partido tiene suspendida de manera temporal su personalidad jurídica, pero ejercen el poder a través de sus aliados en la Directiva y en otras bancadas.
• El pacto oficialista logró sacar del archivo esta iniciativa presentada por los exdiputados Oscar Chinchilla, Carlos Barreda y Rudy Castañeda. Esta normativa será la primera con "dedicatoria"; luego vendrá la Ley de Competencia, indican fuentes del Organismo Legislativo.
• Semilla es un partido de izquierda que siempre se ha mostrado contra el sector privado organizado. El hashtag usado en campaña lo dice todo: "Un futuro sin CACIF". De manera que todo apunta a que esta ley tiene una intención política, no técnica, y mucho menos pensando en los consumidores.

Por qué importa. La Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor consta de 194 artículos, 81 artículos más que la actual regulación que creó la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), en 2023.

• Al aprobarse esta normativa se creará la Procuraduría de Defensa del Consumidor (PRODECO). Esta figura pretende dotar de absoluta autonomía e independencia a la entidad. Actualmente, el ministro de Economía nombra y puede sustituir al director de la DIACO.
• Con la PRODECO el proceso cambia. Al procurador lo nombrará y solo podrá destituir el Congreso de la República con el voto favorable de dos terceras partes de los diputados.
• En general, la ley actual y la que se discute en el Congreso no tiene mayores diferencias sobre sus objetivos y contenidos. Es más que todo un cambio de procedimiento de una entidad a otra, con la supuesta finalidad de garantizar autonomía para un trabajo más eficiente en beneficio de los consumidores.

Sí, pero. El exdiputado Rudy Castañeda, ponente en 2016 de la ley, considera que la regulación es necesaria para evitar abusos. Lejos de afectar la actividad económica, asegura que garantiza buenas prácticas en favor de los consumidores.

• "Se disocian las malas prácticas como publicidad engañosa" y se regulan otros eventos considerados como perjudiciales en diferentes actividades económicas, asegura el legislador que también dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
• Agrega que en la actualidad se extienden registros a productos que luego de ingresar en el mercado no tienen seguimiento. Por tanto, se desconoce si cumplen con lo ofrecido cuando obtienen el permiso.

Hemeroteca. El Congreso de la República ha recibido siete iniciativas de ley sobre el tema de defensa y protección al consumidor.

• De estos proyectos, cuatro han obtenido dictamen favorable.
• El artículo 107 de la ley vigente, estableció en 2003 un plazo de cinco años (2008) para que el Organismo Legislativo aprobara una ley que convirtiera la DIACO en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y Usuario.
• Pasaron 16 años y ahora el Congreso, dirigido desde afuera por Semilla, está a un paso de crear una entidad cuyas autoridades no serán nombradas por el Organismo Ejecutivo, sino por el Organismo Legislativo.

Conclusión. Si bien se ha “vendido” como una normativa que busca la protección del consumidor, la redacción de la iniciativa, tal como se está aprobando, otorga poderes omnímodos a la procuraduría e incluye incentivos perversos para abusar de sus facultades, como que los montos de lo recaudado por las multas impuestas constituyan fondos privativos de la entidad.