Nuestra postura sobre una ley de competencia ha sido clara. No creemos que sea la panacea del desarrollo económico y social del país, como demuestran algunos países asiáticos industrializados. Además, lamentamos que la discusión de esta haya monopolizado la conversación sobre desarrollo económico y agotado el escaso capital político disponible para el asunto.

Ahora bien, entre las iniciativas de ley hay una que cuenta con mayor consenso social que otras y, por tanto, se presta menos a ser utilizada como arma política arrojadiza.

De pasar, el pais podría dedicar recursos a verdaderas estrategias de desarrollo nacional de medio y largo plazo.

Se trata de la iniciativa 5074. El camino para su aprobación ha sido necesariamente largo. Nace en 2016, producto de una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tardó dos años en obtener dictamen favorable y se conoció en primer debate en 2018. Sin embargo, fue devuelta a comisión, donde permaneció hasta este año.

Con un nuevo dictamen, en abril fue conocida nuevamente en primer y segundo debates. Sobra decir que los diputados electos por Semilla y las bancadas que hasta ahora han sido sus aliados han empujado esa iniciativa hasta las puertas de ser aprobada.

Ahora, después de 8 años de presentada, 6 de discutirse y estando a punto de aprobarse, son precisamente los diputados electos por Semilla -puntualmente, Samuel Pérez, actuando por el Ejecutivo y sus aliados quienes presentan un gran número de propuestas de enmienda que sabotean la aprobación de la ley de competencia.

Pareciera que Semilla quiere aprobar un arma política y no una ley de competencia.

Seamos serios. El país lo merece.