Los resultados del proceso electoral y la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no dejaron satisfechos a ciertos grupos, por lo que algunos no dudaron en accionar contra los magistrados. Dichas denuncias fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia y ahora le corresponde al Congreso decidir si se les debe retirar o no la inmunidad para que sean investigados.

Panorama general. Ayer, el Congreso integró por sorteo dos comisiones pesquisidoras para conocer las denuncias que existen contra los magistrados del TSE. La primera pesquisidora es presidida por Luis Cáceres y como secretario Román Castellanos. Ambos electos por Semilla.

• También la integran Mario Gálvez, UNE; Rodrigo Pellecer, Elefante; y Mynor de la Rosa de VAMOS.
• La segunda pesquisidora quedó en manos de Cristian Martínez, Vamos; Luis López, UNE; Nery Rodas, Cabal; Luis Ventura, Semilla y Ariel Díaz, de Valor.

Los datos. La Junta Directiva decidió conformar dos instancias, pues son dos solicitudes de antejuicio presentadas contra los magistrados.

• La primera comisión analizará la denuncia presentada por el partido UNE, que accionó contra los magistrados titulares –incluida Blanca Alfaro– por los resultados de la segunda vuelta electoral que dio como ganador a Bernardo Arévalo.
• La segunda pesquisidora conocerá la denuncia presentada contra los magistrados titulares: Irma Palencia y Mynor Franco y el magistrado suplente Álvaro Cordón por inscribir a Manuel Baldizón como candidato a diputado.
• Aunque la inscripción fue revocada y Baldizón ya no participó en el proceso electoral, la denuncia siguió su curso.

Lo que sigue. Las pesquisidoras deben analizar la denuncia y recomendar al pleno si se les debe retirar o no la inmunidad. La decisión debe ser avalada con 107 votos.

• Si pierden la inmunidad, el Ministerio Público podrá iniciar la investigación.

Fisgón histórico. El 30 de noviembre de 2023, a pocos minutos de concluir el segundo período ordinario, los diputados retiraron la inmunidad a cuatro magistrados titulares con 108 votos. Semanas después, se les giró orden de captura.

• El 14 de marzo se presentaron al juzgado donde fueron ligados a proceso penal y suspendidos de sus cargos.
• A los magistrados se les señala de irregularidades en la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En conclusión. Aunque la presidencia de la pesquisidora que analiza la denuncia por anomalías en los resultados electorales quedó en manos de Semilla, el pleno es el que tiene la última palabra.

• El oficialismo teme que, si los magistrados son investigados y que, como consecuencia de ello, se establezcan anomalías en los resultados de las elecciones, eso podría poner en jaque al gobierno de Arévalo.