En cuatro días el expresidente Jimmy Morales dejará de ser diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El domingo 14 de enero volverá ser un ciudadano común y corriente: sin derecho de antejuicio. 

En perspectiva. El exmandatario gobernó Guatemala del 2016 al 2020, periodo durante el cual se presentaron solicitudes de antejuicio en su contra, pero no prosperaron. En las Elecciones Generales de 2023 se postuló como diputado, sin éxito. 

• Esta vez no será necesario que alguna autoridad le retire la inmunidad, la perderá de manera automática. 

  SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA

• Publicaciones dan cuenta de que el exgobernante tiene estos casos pendientes: financiamiento electoral no reportado, supuestas irregularidades en la compra de aviones a Argentina y en un viaje a Jerusalén, así como la construcción del libramiento de Chimaltenango. 

• Una persona cercana a Morales indicó que ya no existen procesos legales pendientes, pero este punto no se pudo corroborar con el expresidente ni con su abogado. Se intentó hablar con ambos por diferentes vías, pero no se obtuvo respuesta. 

Por qué importa. El caso más sonado contra Morales fue el de financiamiento anónimo al partido FCN-Nación durante el proceso electoral de 2015. Esta organización fue la que lo llevó al poder. 

• El proceso inició por una denuncia presentada en febrero de 2018. Siete meses después el Ministerio Público (MP), ya dirigido por Consuelo Porras y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en manos de Iván Velásquez, pidieron el antejuicio. 

• El expresidente era secretario general del partido y por ello la Fiscalía y la CICIG lo señalaron por no haber reportado Q7,560,476.70 de recursos que se usaron para el pago de fiscales el día de las votaciones. 

• También se indicó que Morales y FCN-Nación no registraron otro aporte por Q359,899.00. En total el monto que no habría sido informado al Tribunal Supremo Electoral fue de Q7,920,375.70. 

Qué destacar. El señalamiento de financiamiento electoral anónimo contra Morales también involucró a representantes del sector privado. 

• El caso se originó por la manipulación que hizo el abogado Alfonso Carrillo de una de sus clientas: Paulina Paiz Riera, a quien involucró en el proceso y logró que fuera aceptada como colaboradora eficaz, junto con Olga Méndez López. Tres años después, en 2021, ese acuerdo fue revocado por la jueza Erika Aifán. 

• Por su amistad con Iván Velásquez, Carrillo elaboró la estrategia que permitió a la CICIG montar un caso contra varios empresarios. El proceso estuvo marcado por diversos vicios; tras seis años, los señalados fueron absueltos. 

• Dos temas que resaltaron en las audiencias fue que el dinero era de origen lícito y nunca fue entregado a Morales o al partido, para ser considerado financiamiento electoral. Los recursos se pagaron de manera directa a los fiscales que protegieron el voto en las convulsas elecciones de 2015. 

En conclusión. Lo seguro es que el expresidente quedará sin inmunidad el domingo 14 de enero, pero existe duda sobre la vigencia de los señalamientos en su contra, debido a que, por ahora, Morales ha callado.