Erick Gustavo Santiago de León, magistrado de la Sala Tercera Civil,
fue citado por el juez que investiga su caso para que acuda a su sala el próximo 21
de noviembre. Deberá presentar las pruebas de descargo por la denuncia
que hizo un ciudadano afectado ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusándolo de corrupción.
Según la denuncia de la CICIG, Santiago de León es parte de una red de corrupción que evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr sentencias a
favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para lograr sentencias a su favor. Según lo denunciado, la red estaría integrada por varios
funcionarios públicos, abogados y otros particulares que efectúan cobros a
procesados a cambio de favorecer sus intereses en los tribunales.
La denuncia fue presentada
el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano afectado. A través del
seguimiento a dos abogados, Samuel Alvarado López y Eliot Imeri Diaz, ya detenidos, se documentaron los arreglos ilícitos y cómo
habrían contactado al magistrado Erik Gustavo Santiago de León. Según la fiscal general,
Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló cómo una persona por cuyo
negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por causas civiles, negoció una
“comisión” de aproximadamente Q10 millones para lograr una rebaja de
la multa en Q3 millones.
Erick Gustavo Santiago de León, magistrado de la Sala Tercera Civil,
fue citado por el juez que investiga su caso para que acuda a su sala el próximo 21
de noviembre. Deberá presentar las pruebas de descargo por la denuncia
que hizo un ciudadano afectado ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusándolo de corrupción.
Según la denuncia de la CICIG, Santiago de León es parte de una red de corrupción que evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr sentencias a
favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para lograr sentencias a su favor. Según lo denunciado, la red estaría integrada por varios
funcionarios públicos, abogados y otros particulares que efectúan cobros a
procesados a cambio de favorecer sus intereses en los tribunales.
La denuncia fue presentada
el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano afectado. A través del
seguimiento a dos abogados, Samuel Alvarado López y Eliot Imeri Diaz, ya detenidos, se documentaron los arreglos ilícitos y cómo
habrían contactado al magistrado Erik Gustavo Santiago de León. Según la fiscal general,
Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló cómo una persona por cuyo
negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por causas civiles, negoció una
“comisión” de aproximadamente Q10 millones para lograr una rebaja de
la multa en Q3 millones.