Una sentencia de 10 años solicitó el Ministerio Público (MP) para Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez, exjefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, acusados de peculado por el desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa en 2001, durante el gobierno Portillista. Además, el ente investigador solicitó multas de Q25 mil contra los acusados.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN), querellante adhesiva en el caso, podría pedir al Tribunal que los militares retirados ya no vuelvan a ocupar cargos públicos, además que reintegren el dinero desviado.

El 29 de mayo pasado, por medio de una videoconferencia desde Nueva York, Estados Unidos, en el Tribunal Segundo de Sentencia, donde se lleva a cabo el juicio contra los militares retirados, José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y testigo protegido en el caso, acusó a Rojas y Salán Sánchez de ser los intermediarios del desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa. 

Según Llort Quiteño, de los Q120 millones que fueron desviados, Q30 millones le prestó el exmandatario Alfonso Portillo, por los sobregiros que hizo cuando utilizó empresas de cartón para realizar operaciones fuera de la ley. Según Llort, los militares fueron los que trasladaron el dinero en vehículos tipo agrícola.  

Además, el expresidente del CHN, acusó a Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez de intimidarlo, razón por la cual huyó del país.