La redistribución de regalías mineras podría estimular la conflictividad social
Según la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), el aumento desproporcionado de 1 al 10% de las regalías al sector de minas es una medida política que fue tomada sin un estudio técnico previo y sin analizar las consecuencias para las comunidades vecinas de los proyectos. Indican que de quedar en firme el incremento se dejará a más de 20 municipalidades cercanas a los proyectos extractivos sin el beneficio económico que recibían de conformidad con los convenios voluntarios suscritos desde 2012 entre Gobierno y Empresas, ya que estos fondos ahora deberán trasladarse al Gobierno central quien decidirá su distribución.
Explican que con la reforma, la municipalidad anfitriona de cada proyecto pasará de recibir del equivalente al 2.5% de las ventas de la empresa en 2014 al 1% en el 2015. Las demás municipalidades cercanas al proyecto ya no recibirán nada y el 90% del monto de la regalía deberá trasladarse al Fondo Común.
Esta distribución de regalías se considera discriminatoria y en contra de las prácticas mundialmente aceptadas en las que los aportes se quedan mayoritariamente en las zonas de influencia, por lo que dicha disminución es de más de Q100 millones por año en aportes voluntarios que las industrias extractivas entregaban directamente a las municipalidades y comunidades, todas en zonas rurales, lo cual estimulará drásticamente la conflictividad social en el país como consecuencia de la reducción en inversión social y de otros beneficios que ya gozaban en 2014.
Gremiext señala que la falta de certeza jurídica por la forma cuestionable de aprobar un incremento excesivo en la estructura tributaria de la industria extractiva envía un pésimo mensaje a los inversionistas de todos los sectores. “El cambio de reglas en las actuales licencias de explotación afectará los planes de negocio y la expansión de todos los proyectos extractivos, arriesgándolos a su cierre o reducción con la amenaza de que se pierdan más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el sector”, puntualiza la postura la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext).
La redistribución de regalías mineras podría estimular la conflictividad social
Según la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), el aumento desproporcionado de 1 al 10% de las regalías al sector de minas es una medida política que fue tomada sin un estudio técnico previo y sin analizar las consecuencias para las comunidades vecinas de los proyectos. Indican que de quedar en firme el incremento se dejará a más de 20 municipalidades cercanas a los proyectos extractivos sin el beneficio económico que recibían de conformidad con los convenios voluntarios suscritos desde 2012 entre Gobierno y Empresas, ya que estos fondos ahora deberán trasladarse al Gobierno central quien decidirá su distribución.
Explican que con la reforma, la municipalidad anfitriona de cada proyecto pasará de recibir del equivalente al 2.5% de las ventas de la empresa en 2014 al 1% en el 2015. Las demás municipalidades cercanas al proyecto ya no recibirán nada y el 90% del monto de la regalía deberá trasladarse al Fondo Común.
Esta distribución de regalías se considera discriminatoria y en contra de las prácticas mundialmente aceptadas en las que los aportes se quedan mayoritariamente en las zonas de influencia, por lo que dicha disminución es de más de Q100 millones por año en aportes voluntarios que las industrias extractivas entregaban directamente a las municipalidades y comunidades, todas en zonas rurales, lo cual estimulará drásticamente la conflictividad social en el país como consecuencia de la reducción en inversión social y de otros beneficios que ya gozaban en 2014.
Gremiext señala que la falta de certeza jurídica por la forma cuestionable de aprobar un incremento excesivo en la estructura tributaria de la industria extractiva envía un pésimo mensaje a los inversionistas de todos los sectores. “El cambio de reglas en las actuales licencias de explotación afectará los planes de negocio y la expansión de todos los proyectos extractivos, arriesgándolos a su cierre o reducción con la amenaza de que se pierdan más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el sector”, puntualiza la postura la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext).