Durante los últimos meses las autoridades guatemaltecas se encuentran en un debate sobre la continuidad o no del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que termina en septiembre próximo. En este sentido el presidente Otto Pérez Molina ha indicado en varias ocasiones que no pedirá una ampliación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del mandato del ente internacional.
Asimismo lo ha mencionado la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien considera que Guatemala debe aprender a caminar sin ayuda en el sistema de justicia. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Comentarios que han levantado el debate en los diferentes sectores de la sociedad, unos que se encuentran de acuerdo con la CICIG y algunos otros que rechazan la continuidad del ente internacional.
Pese a las posturas, todos los sectores consideran de vital importancia el fortalecimiento del sistema de justicia, con capacidades de poder resolver los casos y evitar que se continúe con los altos grados de impunidad que vive actualmente el país, por lo que en la palestra pública se incorpora un nuevo planteamiento más allá de la continuidad del mandato y es: ¿debería la CICIG replantear su mandato? Así que las interrogantes son: ¿Qué será mejor, la continuidad del mandato o el replanteamiento de su mandato? Respuestas que nos dan expertos en el tema, juzgue usted.
CICIG no debe continuar
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, indica que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “no debería continuar en Guatemala”. Su afirmación la sustenta en dos razones, la primera sería analizar al ente internacional respecto a los resultados. “La CICIG no ha dado resultados positivos respecto al cumplimiento de su mandato”, puntualiza.
Según Ralon, cuando se hace un recuento de los casos ganados por la CICIG donde se haya desmantelado algún tipo de estructura clandestina o paralela en el Estado no se encuentra ninguna, lejos de cumplir con su mandato ha tenido señalamientos de abuso de ese mandato, asegura.
“Algunos de los señalamientos de abuso del mandato han sido documentados por la Corte de Constitucionalidad (CC) porque la Corte en varias resoluciones ha tenido que retirar a la CICIG de casos donde quiso inmiscuirse, pero se estaba excediendo en su mandato, algo que está en las resoluciones de la Corte”, señala.
Además, refiere que esos abusos fueron denunciados a través de los medios de comunicación por parte del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera cuando era presidente de la CC, sobre recibir presiones de la CICIG, los cuales atentaban contra su independencia judicial. Otro caso es el de los hermanos Valdez Paíz (caso Rosenberg), también hubo señalamientos de personas que decían que la CICIG les habían ofrecido un beneficio de ser colaborador eficaz, aun cuando afirmaran situaciones que no le constaban.
Es decir “que no solo no cumplió con su mandato sino también ha habido serios señalamientos de los abusos de ese mandato. Algo que considero suficiente en primer lugar para decir que no se tenga una continuidad de la CICIG”, dice Ralon.
Indica que en segundo lugar es saber ¿qué tipo de justicia debemos tener en un Estado Republicano? En una República cualquier poder, incluyendo al judicial, debe estar sujeto a la ley. En una República no puede haber nadie víctima de la ley. “La CICIG tiene inmunidad en Guatemala, y si comete alguna arbitrariedad o es señalada gravemente, no se le puede juzgar ni deducir responsabilidades a ningún Fiscal ni al Comisionado. Eso es en contra de un sistema Republicano porque no puede haber en una República un ente nacional o internacional que esté por encima de la ley, por lo tanto esta es otra razón para que no continúe”, dice el abogado.
Hace ver que no cabría la posibilidad de cambiarle el mandato a la CICIG con el objetivo de continuar en el país. “No hay posibilidades, fracasó el intento en resultados y tiene un error conceptual que debilita un Estado Republicano. Este experimento que hubo en Guatemala no existe en otro país del mundo y ante un evidente fracaso después de siete años no debe considerarse su permanencia, ni aun cuando se modificaran algunos temas de su mandato”.
Refiere que Guatemala lo que necesita es fortalecer sus capacidades, debería recibir apoyo técnico de muchos países sin que esté dando parte de su soberanía o, por ejemplo, que este alguien por encima de la ley. “Descartaría que una figura como la de CICIG nos ayude, tienen que ser mecanismos de cooperación dentro de la ley y no viniendo solo de un ente. Menos de la intromisión de un ente, sino una cooperación internacional en múltiples aspectos que el país necesita”.
Según Ralon, el combate a la impunidad se logra saliendo de los grandes errores como lo es CICIG. “No se puede esperar que se fortalezca un sistema de justicia si la discusión gira en torno a si la CICIG continúa o no; lo primero que debe de hacerse es una reforma profunda”.
CICIG debe continuar
Por su lado Edgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, es de la postura que “la CICIG sí debe tener una continuidad en el país”. Hay dos razones por las cuales el ente internacional debe continuar. La primera para continuar aportando al fortalecimiento del Estado de derecho en el país, y segundo porque su presencia en el país lanza un mensaje a la comunidad internacional de que Guatemala está comprometida con el combate a la impunidad y crimen organizado. Es un compromiso de carácter internacional.
Según Gutiérrez, en el periodo de Carlos Castresana hubo una serie de actos discrecionales que atentaron contra la libertad y el debido proceso de varios guatemaltecos; sin embargo, no es razón enteramente para descalificar a la CICIG. “Son aprendizajes que debemos hacer y corregir, tienen que ver con alguna debilidad en el mandato respecto de la supervisión y rendición de cuentas del comisionado, son asuntos que se pueden resolver y corregir”, dice.
Además, indica que respecto a los resultados hay varias estructuras que han sido identificadas, procesadas y llevadas a tribunales; se pueden contabilizar unas 10 o 12, asegura. “No me imagino al Estado guatemalteco hincando el colmillo de la justicia sobre estas estructuras, para empezar las dos últimas de Haroldo Mendoza y Byron Lima”, puntualiza.
Algo que hay que analizar es que también la Comisión tiene un límite, puede capturar a presuntos capos del crimen pero sus estructuras se van a reestructurar y rehacer si las autoridades no emprenden las medidas de reforma institucional. Gutiérrez ejemplifica el caso Lima operando porque las autoridades de Gobernación no hicieron lo que tenían que hacer en Presidios; él continúa con la comunicación de toda la vida, dice. Agrega que lo mismo pasa con el caso Mendoza, indica que el día que fue capturado las personas llamaban de la emoción de haberse librado de ese yugo y a los tres días llamaban de pena y miedo porque estaban siendo amenazados, entonces no existía presencia del Estado allí que sustituyera esa presencia criminal, asegura el analista.
Agrega que el mandato que tiene actualmente la CICIG es el correcto, pues incluye la persecución de la corrupción y el narcotráfico. “Las estructuras mafiosas no se dedican únicamente a una cosa, el mandato está bien, lo que hace falta es que Naciones Unidas adopte a la CICIG como un órgano de derecho dentro de la ONU, lo cual podría comprometer políticamente al Estado de Guatemala, entonces deberá tener un marco regulatorio propio de las Naciones Unidas para que tenga estabilidad y rendición de cuentas”.
Una fuerte institucionalidad
De acuerdo con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Herman Girón, la decisión de la continuidad de CICIG le corresponde al presidente Otto Pérez Molina, por lo que ha nombrado a una instancia del Estado para que emita una opinión al respecto.
Girón indica que independientemente de que sea CICIG o cualquier otra forma de colaboración que se le traslade a Guatemala, el sector empresarial organizado busca tres cosas: un mandato claro para saber cuál es el objetivo de la institución que apoya a Guatemala. Algún mecanismo de mediciones periódicas para saber si se está cumpliendo con ese mandato. Y tres, un mecanismo de cuentadancia que tenga claridad a quien reporta la institución que va a colaborar en Guatemala. Siendo las tres variables que CACIF mediría, si es que la instancia invita a que el sector privado se pronuncie sobre el tema y evaluar su opinión, puntualiza.
Además, dice que independientemente de la continuidad o no de la CICIG los guatemaltecos debemos buscar una institucionalidad fuerte en Guatemala y en algún momento enfrentar dificultades. El empresario agrega que si la CICIG tiene o no continuidad es independiente de la ruta que tiene el sector empresarial, que es fortalecer las instituciones para que se enfrente a la justicia con instituciones fuertes, algo que deben considerar quienes trasladarán la opinión sobre el tema al presidente, refiere.
Funciones de la CICIG
Según el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tendrá las siguientes funciones:
- Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala.
- Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
- Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Durante los últimos meses las autoridades guatemaltecas se encuentran en un debate sobre la continuidad o no del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que termina en septiembre próximo. En este sentido el presidente Otto Pérez Molina ha indicado en varias ocasiones que no pedirá una ampliación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del mandato del ente internacional.
Asimismo lo ha mencionado la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien considera que Guatemala debe aprender a caminar sin ayuda en el sistema de justicia. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Comentarios que han levantado el debate en los diferentes sectores de la sociedad, unos que se encuentran de acuerdo con la CICIG y algunos otros que rechazan la continuidad del ente internacional.
Pese a las posturas, todos los sectores consideran de vital importancia el fortalecimiento del sistema de justicia, con capacidades de poder resolver los casos y evitar que se continúe con los altos grados de impunidad que vive actualmente el país, por lo que en la palestra pública se incorpora un nuevo planteamiento más allá de la continuidad del mandato y es: ¿debería la CICIG replantear su mandato? Así que las interrogantes son: ¿Qué será mejor, la continuidad del mandato o el replanteamiento de su mandato? Respuestas que nos dan expertos en el tema, juzgue usted.
CICIG no debe continuar
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, indica que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “no debería continuar en Guatemala”. Su afirmación la sustenta en dos razones, la primera sería analizar al ente internacional respecto a los resultados. “La CICIG no ha dado resultados positivos respecto al cumplimiento de su mandato”, puntualiza.
Según Ralon, cuando se hace un recuento de los casos ganados por la CICIG donde se haya desmantelado algún tipo de estructura clandestina o paralela en el Estado no se encuentra ninguna, lejos de cumplir con su mandato ha tenido señalamientos de abuso de ese mandato, asegura.
“Algunos de los señalamientos de abuso del mandato han sido documentados por la Corte de Constitucionalidad (CC) porque la Corte en varias resoluciones ha tenido que retirar a la CICIG de casos donde quiso inmiscuirse, pero se estaba excediendo en su mandato, algo que está en las resoluciones de la Corte”, señala.
Además, refiere que esos abusos fueron denunciados a través de los medios de comunicación por parte del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera cuando era presidente de la CC, sobre recibir presiones de la CICIG, los cuales atentaban contra su independencia judicial. Otro caso es el de los hermanos Valdez Paíz (caso Rosenberg), también hubo señalamientos de personas que decían que la CICIG les habían ofrecido un beneficio de ser colaborador eficaz, aun cuando afirmaran situaciones que no le constaban.
Es decir “que no solo no cumplió con su mandato sino también ha habido serios señalamientos de los abusos de ese mandato. Algo que considero suficiente en primer lugar para decir que no se tenga una continuidad de la CICIG”, dice Ralon.
Indica que en segundo lugar es saber ¿qué tipo de justicia debemos tener en un Estado Republicano? En una República cualquier poder, incluyendo al judicial, debe estar sujeto a la ley. En una República no puede haber nadie víctima de la ley. “La CICIG tiene inmunidad en Guatemala, y si comete alguna arbitrariedad o es señalada gravemente, no se le puede juzgar ni deducir responsabilidades a ningún Fiscal ni al Comisionado. Eso es en contra de un sistema Republicano porque no puede haber en una República un ente nacional o internacional que esté por encima de la ley, por lo tanto esta es otra razón para que no continúe”, dice el abogado.
Hace ver que no cabría la posibilidad de cambiarle el mandato a la CICIG con el objetivo de continuar en el país. “No hay posibilidades, fracasó el intento en resultados y tiene un error conceptual que debilita un Estado Republicano. Este experimento que hubo en Guatemala no existe en otro país del mundo y ante un evidente fracaso después de siete años no debe considerarse su permanencia, ni aun cuando se modificaran algunos temas de su mandato”.
Refiere que Guatemala lo que necesita es fortalecer sus capacidades, debería recibir apoyo técnico de muchos países sin que esté dando parte de su soberanía o, por ejemplo, que este alguien por encima de la ley. “Descartaría que una figura como la de CICIG nos ayude, tienen que ser mecanismos de cooperación dentro de la ley y no viniendo solo de un ente. Menos de la intromisión de un ente, sino una cooperación internacional en múltiples aspectos que el país necesita”.
Según Ralon, el combate a la impunidad se logra saliendo de los grandes errores como lo es CICIG. “No se puede esperar que se fortalezca un sistema de justicia si la discusión gira en torno a si la CICIG continúa o no; lo primero que debe de hacerse es una reforma profunda”.
CICIG debe continuar
Por su lado Edgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, es de la postura que “la CICIG sí debe tener una continuidad en el país”. Hay dos razones por las cuales el ente internacional debe continuar. La primera para continuar aportando al fortalecimiento del Estado de derecho en el país, y segundo porque su presencia en el país lanza un mensaje a la comunidad internacional de que Guatemala está comprometida con el combate a la impunidad y crimen organizado. Es un compromiso de carácter internacional.
Según Gutiérrez, en el periodo de Carlos Castresana hubo una serie de actos discrecionales que atentaron contra la libertad y el debido proceso de varios guatemaltecos; sin embargo, no es razón enteramente para descalificar a la CICIG. “Son aprendizajes que debemos hacer y corregir, tienen que ver con alguna debilidad en el mandato respecto de la supervisión y rendición de cuentas del comisionado, son asuntos que se pueden resolver y corregir”, dice.
Además, indica que respecto a los resultados hay varias estructuras que han sido identificadas, procesadas y llevadas a tribunales; se pueden contabilizar unas 10 o 12, asegura. “No me imagino al Estado guatemalteco hincando el colmillo de la justicia sobre estas estructuras, para empezar las dos últimas de Haroldo Mendoza y Byron Lima”, puntualiza.
Algo que hay que analizar es que también la Comisión tiene un límite, puede capturar a presuntos capos del crimen pero sus estructuras se van a reestructurar y rehacer si las autoridades no emprenden las medidas de reforma institucional. Gutiérrez ejemplifica el caso Lima operando porque las autoridades de Gobernación no hicieron lo que tenían que hacer en Presidios; él continúa con la comunicación de toda la vida, dice. Agrega que lo mismo pasa con el caso Mendoza, indica que el día que fue capturado las personas llamaban de la emoción de haberse librado de ese yugo y a los tres días llamaban de pena y miedo porque estaban siendo amenazados, entonces no existía presencia del Estado allí que sustituyera esa presencia criminal, asegura el analista.
Agrega que el mandato que tiene actualmente la CICIG es el correcto, pues incluye la persecución de la corrupción y el narcotráfico. “Las estructuras mafiosas no se dedican únicamente a una cosa, el mandato está bien, lo que hace falta es que Naciones Unidas adopte a la CICIG como un órgano de derecho dentro de la ONU, lo cual podría comprometer políticamente al Estado de Guatemala, entonces deberá tener un marco regulatorio propio de las Naciones Unidas para que tenga estabilidad y rendición de cuentas”.
Una fuerte institucionalidad
De acuerdo con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Herman Girón, la decisión de la continuidad de CICIG le corresponde al presidente Otto Pérez Molina, por lo que ha nombrado a una instancia del Estado para que emita una opinión al respecto.
Girón indica que independientemente de que sea CICIG o cualquier otra forma de colaboración que se le traslade a Guatemala, el sector empresarial organizado busca tres cosas: un mandato claro para saber cuál es el objetivo de la institución que apoya a Guatemala. Algún mecanismo de mediciones periódicas para saber si se está cumpliendo con ese mandato. Y tres, un mecanismo de cuentadancia que tenga claridad a quien reporta la institución que va a colaborar en Guatemala. Siendo las tres variables que CACIF mediría, si es que la instancia invita a que el sector privado se pronuncie sobre el tema y evaluar su opinión, puntualiza.
Además, dice que independientemente de la continuidad o no de la CICIG los guatemaltecos debemos buscar una institucionalidad fuerte en Guatemala y en algún momento enfrentar dificultades. El empresario agrega que si la CICIG tiene o no continuidad es independiente de la ruta que tiene el sector empresarial, que es fortalecer las instituciones para que se enfrente a la justicia con instituciones fuertes, algo que deben considerar quienes trasladarán la opinión sobre el tema al presidente, refiere.
Funciones de la CICIG
Según el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tendrá las siguientes funciones:
- Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala.
- Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
- Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.