El objetivo principal de este taller es aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. De tal manera que se pretende capacitar y fortalecer la justicia para prevenir actos que pongan en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de éstos garantizando la tipificación como delito.
Sin embargo, Rodolfo Orjales, experto en delitos cibernéticos indica que los países de la región no se encuentran todavía en la posición de combatir estos delitos. Hace ver que no hay mecanismos ni leyes que tipifiquen esta ilegalidad y hay jueces que no entienden ni siquiera qué es una dirección IP y apenas saben qué es una computadora, asegura.
Además, los investigadores y fiscales no tienen la capacitación necesaria para combatir estos ciberdelitos, dice el experto. Por esto se hace necesario continuar con la capacitación del personal y que así se realicen investigaciones que ayuden a resolver este abuso.
Según el experto, los delitos más recurrentes son: la explotación infantil que causa mucho daño en países centroamericanos; el narcotráfico y el crimen organizado también utilizan la tecnología para comunicarse. Hay un gran aumento en el uso de la moneda digital (bitcoins) entre las organizaciones del narcotráfico.
Asimismo, señala que los crímenes cibernéticos aumentan en medida que la población utiliza el internet. “Cuando un país empieza a desarrollar los mecanismos tecnológicos, hay más personas que están en riesgo o ser víctima de estos delitos, entonces Guatemala no esta tan avanzado tecnológicamente pero está tomando pasos como muchos países de Latinoamérica y con ello está sufriendo al mismo nivel que está incrementando el uso del internet”, asegura el experto.
Por su parte, el presidente del Organismo Judicial (OJ), Josué Felipe Baquiax, dice que la investigación de estos delitos le corresponde al Ministerio Público y para los jueces no hay desactualización porque deben conocer la Ley.
El objetivo principal de este taller es aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. De tal manera que se pretende capacitar y fortalecer la justicia para prevenir actos que pongan en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de éstos garantizando la tipificación como delito.
Sin embargo, Rodolfo Orjales, experto en delitos cibernéticos indica que los países de la región no se encuentran todavía en la posición de combatir estos delitos. Hace ver que no hay mecanismos ni leyes que tipifiquen esta ilegalidad y hay jueces que no entienden ni siquiera qué es una dirección IP y apenas saben qué es una computadora, asegura.
Además, los investigadores y fiscales no tienen la capacitación necesaria para combatir estos ciberdelitos, dice el experto. Por esto se hace necesario continuar con la capacitación del personal y que así se realicen investigaciones que ayuden a resolver este abuso.
Según el experto, los delitos más recurrentes son: la explotación infantil que causa mucho daño en países centroamericanos; el narcotráfico y el crimen organizado también utilizan la tecnología para comunicarse. Hay un gran aumento en el uso de la moneda digital (bitcoins) entre las organizaciones del narcotráfico.
Asimismo, señala que los crímenes cibernéticos aumentan en medida que la población utiliza el internet. “Cuando un país empieza a desarrollar los mecanismos tecnológicos, hay más personas que están en riesgo o ser víctima de estos delitos, entonces Guatemala no esta tan avanzado tecnológicamente pero está tomando pasos como muchos países de Latinoamérica y con ello está sufriendo al mismo nivel que está incrementando el uso del internet”, asegura el experto.
Por su parte, el presidente del Organismo Judicial (OJ), Josué Felipe Baquiax, dice que la investigación de estos delitos le corresponde al Ministerio Público y para los jueces no hay desactualización porque deben conocer la Ley.