El martes en horas de la tarde fueron aprehendidos Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, señalados de los delitos de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales y de ser responsables de la quema de la finca San Luis en Huehuetenango.
Las aprehensiones fueron realizadas en la 6ª avenida entre 11 y 12 calle de la zona 1, la orden de detención fue solicitada por los fiscales y autorizada por el Juzgado de Santa Eulalia, en Huehuetenango el pasado 30 de enero.
Héctor Herrera, personero de la empresa Hidrosalá, ubicada en el Municipio de San Pablo San Marcos, indica que igual que Huehuetenango también son objeto de intimidaciones por parte de un pequeño grupo de pobladores. Hace ver que en las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público hay evidencia de la participación de los “pseudolíderes” que llegan a incitar a las comunidades para cometer delitos con tintes políticos.
Muchos de estos “pseudolíderes” tienen vínculos con partidos políticos u organizaciones con fines políticos, dice Herrera. Resalta: “El mayor problema es que si bien se ha logrado llevar a cabo un proceso de investigación, estos líderes negativos se esconden en el manto de ser líderes sociales y esto hace difícil que las autoridades ejecuten las órdenes de captura como debe de hacer”.
El personero solicita a las autoridades el cumplimiento estricto de la ley y el debido proceso, ya que los delitos cometidos por estas personas han sido tan graves que no tienen medidas sustitutiva, por lo que se hay que hacer cumplir la ley.
Según el entrevistado, estas personas actúan de la misma forma en diferentes áreas de Huhuetenango hasta San Marcos por la falta de presencia del Estado. “Hay lugares que ni presencia policial tienen”. Algunas comunidades instigadas por este tipo de personas y el crimen organizado hicieron que la Policía Nacional Civil firmara un documento de no ingreso a las comunidades, asegura.
“Estamos en un proceso de la ausencia del Estado y en este caso son los líderes que se aprovechan de la pobreza de las personas para realizar sus fines políticos en esas áreas”, dice Herrera.
Por su parte, un ejecutivo de una empresa desarrolladora de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, dice que son capturas bienvenidas, ya que estas personas han sido señaladas por las comunidades de incitar a la violencia, y engañar a la población local. Con esto han provocado destrozos por su camino.
El personero solicita a las autoridades investigar no solo a las dos personas capturadas ayer, sino también a las asociaciones vinculadas con ellos, pues son quienes promueven un ámbito de violencia e ingobernabilidad en Guatemala.
Además refiere que es alentador que se haga justicia y que se aplique la misma. Sin embargo, considera que aunque las capturas sean tardías se ve con beneplácito y como algo alentador que el Gobierno reaccione ante estos temas.
Con anterioridad, Rudolf Jacobs, representante de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), institución agremiada a la Cámara de la Industria (CIG), lamentó los ataques a las instalaciones de hidroeléctricas en Huehuetenango y calificó los hechos como de actos terroristas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fiscalizar los fondos que puedan estar destinados a financiar a quienes pertenecen a grupos criminales.
Se buscó la reacción tanto del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y del viceministro de Seguridad, Edi Juárez, pero no contestaron las constantes llamadas. A pesar de ello, el 18 de julio 2014 tras la llegada del presidente Otto Pérez Molina, a San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, donde habló con 23 alcaldes auxiliares que apoyan los proyectos de desarrollo, López Bonilla reconoció a Republica.gt que conocía quiénes eran los incitadores de la conflictividad en el área.
El martes en horas de la tarde fueron aprehendidos Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, señalados de los delitos de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales y de ser responsables de la quema de la finca San Luis en Huehuetenango.
Las aprehensiones fueron realizadas en la 6ª avenida entre 11 y 12 calle de la zona 1, la orden de detención fue solicitada por los fiscales y autorizada por el Juzgado de Santa Eulalia, en Huehuetenango el pasado 30 de enero.
Héctor Herrera, personero de la empresa Hidrosalá, ubicada en el Municipio de San Pablo San Marcos, indica que igual que Huehuetenango también son objeto de intimidaciones por parte de un pequeño grupo de pobladores. Hace ver que en las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público hay evidencia de la participación de los “pseudolíderes” que llegan a incitar a las comunidades para cometer delitos con tintes políticos.
Muchos de estos “pseudolíderes” tienen vínculos con partidos políticos u organizaciones con fines políticos, dice Herrera. Resalta: “El mayor problema es que si bien se ha logrado llevar a cabo un proceso de investigación, estos líderes negativos se esconden en el manto de ser líderes sociales y esto hace difícil que las autoridades ejecuten las órdenes de captura como debe de hacer”.
El personero solicita a las autoridades el cumplimiento estricto de la ley y el debido proceso, ya que los delitos cometidos por estas personas han sido tan graves que no tienen medidas sustitutiva, por lo que se hay que hacer cumplir la ley.
Según el entrevistado, estas personas actúan de la misma forma en diferentes áreas de Huhuetenango hasta San Marcos por la falta de presencia del Estado. “Hay lugares que ni presencia policial tienen”. Algunas comunidades instigadas por este tipo de personas y el crimen organizado hicieron que la Policía Nacional Civil firmara un documento de no ingreso a las comunidades, asegura.
“Estamos en un proceso de la ausencia del Estado y en este caso son los líderes que se aprovechan de la pobreza de las personas para realizar sus fines políticos en esas áreas”, dice Herrera.
Por su parte, un ejecutivo de una empresa desarrolladora de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, dice que son capturas bienvenidas, ya que estas personas han sido señaladas por las comunidades de incitar a la violencia, y engañar a la población local. Con esto han provocado destrozos por su camino.
El personero solicita a las autoridades investigar no solo a las dos personas capturadas ayer, sino también a las asociaciones vinculadas con ellos, pues son quienes promueven un ámbito de violencia e ingobernabilidad en Guatemala.
Además refiere que es alentador que se haga justicia y que se aplique la misma. Sin embargo, considera que aunque las capturas sean tardías se ve con beneplácito y como algo alentador que el Gobierno reaccione ante estos temas.
Con anterioridad, Rudolf Jacobs, representante de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), institución agremiada a la Cámara de la Industria (CIG), lamentó los ataques a las instalaciones de hidroeléctricas en Huehuetenango y calificó los hechos como de actos terroristas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para fiscalizar los fondos que puedan estar destinados a financiar a quienes pertenecen a grupos criminales.
Se buscó la reacción tanto del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y del viceministro de Seguridad, Edi Juárez, pero no contestaron las constantes llamadas. A pesar de ello, el 18 de julio 2014 tras la llegada del presidente Otto Pérez Molina, a San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, donde habló con 23 alcaldes auxiliares que apoyan los proyectos de desarrollo, López Bonilla reconoció a Republica.gt que conocía quiénes eran los incitadores de la conflictividad en el área.