En el último año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, presenta la Política Nacional de Reforma Penitenciaria (PNRP). En la presentación que se realizó hace unos días se indicó que la PNRP fue elaborada para que se desarrolle durante 10 años y está integrada por 10 ejes principales, 40 estrategias generales y 209 acciones específicas que abordan problemáticas institucionales.
De tal manera que el Ministerio de Gobernación no tiene tiempo para ponerlo en marcha, pero deja una política a ejecutar con 10 estrategias o maneras de lograr los objetivos planteados. Según el documento, los encargados de llevar la Reforma Penitenciaria tendrán durante 10 años una ruta a seguir, con líneas maestras de intervención sistemática y con un sistema formal de indicadores que permitan monitorear los avances en el proyecto.
Dicha Política Nacional resume sus 10 ejes estratégicos de la siguiente manera: coordinación interinstitucional; ordenamiento administrativo y programación presupuestaria; implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente; aplicación estricta del régimen progresivo; construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura.
Así como la seguridad interna y externa; promoción de la refamiliarización; el involucramiento comunitario y la empresa privada; reinserción socioeconómica de las Personas Privadas de Libertad; Promoción de la Paz Social y Atención especializada a mujeres, hombres, niñez y adolescencia en el ámbito penitenciario.
Según la Política al contar con un diagnóstico de problemas puntuales, el siguiente paso para lograr una profunda Reforma Penitenciaria en Guatemala es definir cómo es posible alcanzarlo y que esto incluya la doctrina penitenciaria a seguir, la normativa y el modelo de gestión. Todo englobado en los ejes estratégicos.
Pero, ¿será viable una Política Nacional de Reforma Penitenciaria con las condiciones actuales? ¿Se lograrán en 10 años? ¿Cuáles serán los principales desafíos que se enfrentaran para su aplicacion? ¿Es la PNRP la solución de todos los problemas del Sistema Penitenciario? Son preguntas que surgen luego de la presentación de la PNRP, con un pasado de corrupción en las cárceles del país, que involucra privados de libertad, guardias de seguridad, medianas y altas autoridades.
Para la experta en el tema Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay que reconocer que es la primera política pública en materia penitenciaria, haciéndose un esfuerzo grande y largo para su elaboración.
Sin embargo, considera que una política pública no debe presentarse en el último año de gobierno, sino al inicio de cualquier administración que asume. Esto con el fin que se tenga una guía de lo que se trabajará como administración para que se tenga el tiempo y la implementación de las bases o lo más importante de la propuesta.
“Estamos a algunos meses que concluya la administración actual por lo que consideramos un poco complicado que todavía se puedan sentar las bases necesarias para implementar esta política”, dice Dedik. Hace ver que el documento fue presentado como una política de Estado, por lo que debería seguir cualquier gobierno.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que no encuentra tardía la presentación de la política pues una política de Estado en una materia específica, por lo que hay que notar que este gobierno quiere caracterizarse por dejar instrumentos de políticas públicas asentadas y ser reconocido por aprobar las bases en materia de seguridad. Además, refiere que son políticas sectoriales que devienen de la política nacional de seguridad, que fue aprobada en el 2012.
Los desafíos
De acuerdo con Dedik, una reforma penitenciaria no se puede llevar a cabo en cuatro años, por lo que se calcula periodos por lo menos de diez años, lo cual implica que hayan varias administraciones en la reforma y se siga la misma línea. Pero si se ve la realidad, la continuidad de las políticas públicas no se cumple, y este es uno de los principales desafíos.
Por su lado, Escobar indica que otro de los grandes desafíos es la evaluación periódica de esta política, para hacer los ajustes a la realidad cambiante que seria lo más adecuado para su implementación.
Según Dedik, los diez ejes principales que contiene la PNRP son los más importantes para darle un giro a la institución. Sin embargo, al revisar el documento no reúne todos los criterios técnicos que debería de tener una Política Pública, hay una mezcla de componente sin haber una priorización de las cosas importantes.
Mientras que Escobar indica que como mínimo los 10 ejes son los que debe llevar la PNRP para que un gobierno pueda hacer la implementación. “En realidad estos giran y deben de coincidir con la Ley del sistema penitenciario, derivándose una serie de acciones que deben ser implementadas a corto y largo plazo”.
Otro de los puntos es el presupuesto para su implementación; se necesitan fondos adicionales para aplicar la PNRP, por lo que se espera que no pase lo mismo como sucede con la Ley, que en papel estipula y norma varias cosas, pero en la realidad no hay recursos financieros para ejecutar, refiera la analista del Cien.
Agrega que esta política no solo la tiene que ver la Dirección General del Sistema Penitenciario, sino otros actores e instituciones que se les involucra para cumplir ciertos compromisos como lo es el Organismo Judicial, Ministerio de Salud y otras instituciones, aunque advierte que en la coordinación interinstitucional siempre hay problemas porque de alguna manera esa coordinación no fluye como se quisiera.
Dedik indica que otro eje estratégico para reformar el sistema penitenciario, es la implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente, porque el Sistema Penitenciario cuenta con una gran capacidad de recurso humano, sin embargo no tienen las capacitaciones y ascensos con ciertos grados jerárquicos que reflejen en un aumento de remuneración. No ve posible que esta carrera la puedan implementar este año porque se requiere de un aumento de presupuesto lo cual no se tiene programado.
Por su parte Escobar indica que con la especialización que se tenga en la carrera penitenciaria logrará disminuir los niveles de corrupción, sin embargo considera que dicho flagelo es un mal que se encuentra en todas instituciones, “no hay organismo que se salve de la corrupción”.
Según la experta esta es una acción para mejorar las condiciones de trabajo de los guardias del Sistema Penitenciario que de alguna manera contribuirá a atacar el nivel de corrupción, este eje permite abatir las mala prácticas pero no es la única solución que debe ser reforzada con otras acciones.
En el último año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, presenta la Política Nacional de Reforma Penitenciaria (PNRP). En la presentación que se realizó hace unos días se indicó que la PNRP fue elaborada para que se desarrolle durante 10 años y está integrada por 10 ejes principales, 40 estrategias generales y 209 acciones específicas que abordan problemáticas institucionales.
De tal manera que el Ministerio de Gobernación no tiene tiempo para ponerlo en marcha, pero deja una política a ejecutar con 10 estrategias o maneras de lograr los objetivos planteados. Según el documento, los encargados de llevar la Reforma Penitenciaria tendrán durante 10 años una ruta a seguir, con líneas maestras de intervención sistemática y con un sistema formal de indicadores que permitan monitorear los avances en el proyecto.
Dicha Política Nacional resume sus 10 ejes estratégicos de la siguiente manera: coordinación interinstitucional; ordenamiento administrativo y programación presupuestaria; implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente; aplicación estricta del régimen progresivo; construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura.
Así como la seguridad interna y externa; promoción de la refamiliarización; el involucramiento comunitario y la empresa privada; reinserción socioeconómica de las Personas Privadas de Libertad; Promoción de la Paz Social y Atención especializada a mujeres, hombres, niñez y adolescencia en el ámbito penitenciario.
Según la Política al contar con un diagnóstico de problemas puntuales, el siguiente paso para lograr una profunda Reforma Penitenciaria en Guatemala es definir cómo es posible alcanzarlo y que esto incluya la doctrina penitenciaria a seguir, la normativa y el modelo de gestión. Todo englobado en los ejes estratégicos.
Pero, ¿será viable una Política Nacional de Reforma Penitenciaria con las condiciones actuales? ¿Se lograrán en 10 años? ¿Cuáles serán los principales desafíos que se enfrentaran para su aplicacion? ¿Es la PNRP la solución de todos los problemas del Sistema Penitenciario? Son preguntas que surgen luego de la presentación de la PNRP, con un pasado de corrupción en las cárceles del país, que involucra privados de libertad, guardias de seguridad, medianas y altas autoridades.
Para la experta en el tema Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay que reconocer que es la primera política pública en materia penitenciaria, haciéndose un esfuerzo grande y largo para su elaboración.
Sin embargo, considera que una política pública no debe presentarse en el último año de gobierno, sino al inicio de cualquier administración que asume. Esto con el fin que se tenga una guía de lo que se trabajará como administración para que se tenga el tiempo y la implementación de las bases o lo más importante de la propuesta.
“Estamos a algunos meses que concluya la administración actual por lo que consideramos un poco complicado que todavía se puedan sentar las bases necesarias para implementar esta política”, dice Dedik. Hace ver que el documento fue presentado como una política de Estado, por lo que debería seguir cualquier gobierno.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que no encuentra tardía la presentación de la política pues una política de Estado en una materia específica, por lo que hay que notar que este gobierno quiere caracterizarse por dejar instrumentos de políticas públicas asentadas y ser reconocido por aprobar las bases en materia de seguridad. Además, refiere que son políticas sectoriales que devienen de la política nacional de seguridad, que fue aprobada en el 2012.
Los desafíos
De acuerdo con Dedik, una reforma penitenciaria no se puede llevar a cabo en cuatro años, por lo que se calcula periodos por lo menos de diez años, lo cual implica que hayan varias administraciones en la reforma y se siga la misma línea. Pero si se ve la realidad, la continuidad de las políticas públicas no se cumple, y este es uno de los principales desafíos.
Por su lado, Escobar indica que otro de los grandes desafíos es la evaluación periódica de esta política, para hacer los ajustes a la realidad cambiante que seria lo más adecuado para su implementación.
Según Dedik, los diez ejes principales que contiene la PNRP son los más importantes para darle un giro a la institución. Sin embargo, al revisar el documento no reúne todos los criterios técnicos que debería de tener una Política Pública, hay una mezcla de componente sin haber una priorización de las cosas importantes.
Mientras que Escobar indica que como mínimo los 10 ejes son los que debe llevar la PNRP para que un gobierno pueda hacer la implementación. “En realidad estos giran y deben de coincidir con la Ley del sistema penitenciario, derivándose una serie de acciones que deben ser implementadas a corto y largo plazo”.
Otro de los puntos es el presupuesto para su implementación; se necesitan fondos adicionales para aplicar la PNRP, por lo que se espera que no pase lo mismo como sucede con la Ley, que en papel estipula y norma varias cosas, pero en la realidad no hay recursos financieros para ejecutar, refiera la analista del Cien.
Agrega que esta política no solo la tiene que ver la Dirección General del Sistema Penitenciario, sino otros actores e instituciones que se les involucra para cumplir ciertos compromisos como lo es el Organismo Judicial, Ministerio de Salud y otras instituciones, aunque advierte que en la coordinación interinstitucional siempre hay problemas porque de alguna manera esa coordinación no fluye como se quisiera.
Dedik indica que otro eje estratégico para reformar el sistema penitenciario, es la implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente, porque el Sistema Penitenciario cuenta con una gran capacidad de recurso humano, sin embargo no tienen las capacitaciones y ascensos con ciertos grados jerárquicos que reflejen en un aumento de remuneración. No ve posible que esta carrera la puedan implementar este año porque se requiere de un aumento de presupuesto lo cual no se tiene programado.
Por su parte Escobar indica que con la especialización que se tenga en la carrera penitenciaria logrará disminuir los niveles de corrupción, sin embargo considera que dicho flagelo es un mal que se encuentra en todas instituciones, “no hay organismo que se salve de la corrupción”.
Según la experta esta es una acción para mejorar las condiciones de trabajo de los guardias del Sistema Penitenciario que de alguna manera contribuirá a atacar el nivel de corrupción, este eje permite abatir las mala prácticas pero no es la única solución que debe ser reforzada con otras acciones.