El presidente Otto Pérez Molina ha estado renuente en varias ocasiones a no pedir una ampliación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual concluye el 15 de septiembre de 2015. Sin embargo, hace unos días durante la visita al país del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó la necesidad de que se prorrogue el mandato del ente internacional como condición para que el Gobierno estadounidense financie el denominado Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, por lo que Pérez Molina reaccionó diciendo: “imposiciones ninguno de los tres países va aceptar”.
Un día después de las declaraciones de Biden, el vocero presidencial, Jorge Ortega, dijo que si el Organismo Ejecutivo decidiera solicitar a Naciones Unidas una nueva extensión del mandato de la CICIG tendría que modificarse la función primaria del ente transnacional, en el sentido de fortalecer no solo la lucha contra la impunidad sino contrarrestar redes de corrupción y criminales.
“Actualmente el mandato de la CICIG también va en función de fortalecer las capacidades de las instituciones que conforman el sector justicia en Guatemala. En caso se solicitara una nueva extensión del mandato tendría que modificarse o reformarse la función primaria de la entidad internacional en el sentido de abarcar otros espacios y otros ambientes”
La CICIG fue creada mediante un acuerdo firmado por la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre de 2006, y comenzó a trabajar en el país en septiembre de 2007 para un período de dos años. Sin embargo, su estadía en Guatemala ha sido ampliada en dos ocasiones. El actual periodo de funciones de la CICIG vencerá el próximo 15 de septiembre.
El objetivo primordial de la CICIG está en apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operan en el país, así como cualquier otra conducta delictiva conexa con estos y la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.
La CICIG está facultada para recabar, evaluar y sistematizar información suministrada, así como para promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades y para constituirse en querellante adhesivo en los respectivos procesos penales.
En marcha evaluación a la CICIG
La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia elabora un documento donde detallará por qué se recomienda o no la continuidad de la CICIG, el cual será entregado al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien tendrá la última palabra sobre el futuro de la CICIG.
Para realizar este análisis, dicha instancia conformada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Defensa Publica Penal, El Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación ha citado a varios sectores para que se pronuncien sobre el trabajo que ha realizado la instancia internacional.
Iván Velásquez fue citado por la instancia para que expusiera el trabajo realizado hasta el momento; además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocará a representantes de la sociedad civil, al sector privado y a autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) para que brinden sus recomendaciones al respecto de la continuidad del mandato de la CICIG, y de esa forma seguir con la evaluación que será entregada a Pérez Molina.
Hay que discutir un replanteamiento de mandato
Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, indica que hay que afirmar que la CICIG es un proyecto sui generis, porque no existe en el mundo un proyecto como CICIG. Prácticamente la primera creación es para Guatemala y como mandato fundamental tiene la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). En el mandato de CICIG ni a nivel internacional existe la definición de qué es una CIACS.
Entonces de continuar la CICIG hay que ampliar la definición, orientar y focalizar hacia qué va ir dirigida la acción de la misma. Desarticular redes criminales dentro del Estado también toca a políticos, y delimitarlo permitiría darle mayor efectividad para evitar que la CICIG caiga en lo que ha sido el actual mandato. Hace ver que la CICIG “ha caído más en temas mediáticos, entonces ha quedado en algunos de estos casos en el ojo del huracán, en la controversia. Sin embargo, si se define con mayor certeza qué es una CIACS, o cual es el mandato concreto de la CICIG, sería beneficioso inclusive para el funcionamiento y operatividad de la misma CICIG”, dice Castillo.
Por su parte Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, dice que lo que se está planteando es el fortalecimiento institucional y eso implicará que Guatemala reconozca que necesita una asesoría técnica para ir fortaleciendo sus instituciones. Agrega que cualquier figura que se utilice; es decir, que si es a través de un organismo de Naciones Unidas o instituciones norteamericanas, se tiene que establecer que los funcionarios que den esa ayuda estén sujetos al control de no cometer alguna arbitrariedad.
Según Ralón, si se revisara el mandato debería de establecerse si va a ver una inmunidad o una imposibilidad jurídica de responsabilidades a quien cometa una arbitrariedad. “No sé si en la línea de fortalecimiento de la institucionalidad tener a un ente que este fuera del rendimiento de cuentas ante el órgano jurisdiccional fortalece o no la institucionalidad, porque lo que se debe aspirar es a un fortalecimiento institucional en donde cualquier ente o persona nacional o internacional esté sujeto a la ley”.
Agrega que si se está pensando en un nuevo mandato se descartaría la renovación del actual, como el actualmente se tiene, y la discusión que se va a dar en los próximos días se abre para perfilar cuáles serían las condiciones de un nuevo mandato. Se interrumpiría lo que en los últimos siete años se ha tenido, por lo que se entiende que no existiría una prolongación por dos años más y se abriría una discusión para saber en qué consiste el nuevo mandato, dice Ralón.
Por su lado Diego Álvarez, portavoz de la CICIG, indica que se está a la espera de la decisión del presidente Otto Pérez Molina, quien es el que deberá de decir si CICIG continua o no. Creemos que hará recomendaciones y eso se analizará en su momento en conjunto con el comisionado, indicó. Agrega que es muy temprano para emitir una opinión al respecto. “Estamos enfocados al trabajo que se nos ha encomendado en el mandato que concluye en septiembre de este año, y sobre este tema si continua y hay cambios o no nosotros no tomamos parte, porque no nos compete tomar partido de esas decisiones”, puntualizó.
De acuerdo con Álvarez, si continuara la CICIG será el comisionado quien decidirá si hace un replanteamiento del mandato o no, pero no se adelantará criterio sobre el tema porque se está a la espera y son conversaciones que se harán a posteriori, ya que considera que no es el momento de emitir una opinión sobre si habrán cambio o no, pero por ahora sigue trabajando.
Según Ralón, el replanteamiento del mandato de la CICIG tendrá que tener una discusión, porque se ha renovado por siete años un mandato como el que se tiene habría que estudiar cuál sería ese replanteamiento y saber cuál es el proceso, ya que cuando se dio el primer mandato hubo una serie de impugnaciones sobre la funcionalidad o no del mandato como esta hoy.
¿Prórroga condicionada o no?
En cuanto a lo expresado por el vicepresidente Biden respecto a CICIG, Felipe Bosh, presidente de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), manifestó que es necesario focalizar el trabajo de la comisión y aseveró: “No tenemos nada en contra de la institucionalidad, y si CICIG va a ser fortalecida y con mandato claro no tenemos ningún problema”. Agrega que la focalización debe estar encaminada a un mandato en contra de la corrupción y crimen organizado.
Por su parte, Castillo indica que el planteamiento de Biden es congruente con la posición de la política exterior norteamericana, que ha sido de poner temas que le interesan en la política internacional a los Estados Unidos, que incluye a los países de la región. Según el analista, en esa lógica no es la primera acción de presión que realiza el Gobierno norteamericano. Ya lo hizo en el caso de Chixoy, igualmente condicionó la cooperación norteamericana hasta que el Estado guatemalteco cumpliera con sus compromisos con las comunidades que resultaron afectadas.
Sin embargo, considera que afortunadamente el tema que se vuelve como la base de la presión es el fortalecimiento de la justicia en el país. Hay que recordar que la CICIG fue solicitada por el Estado de Guatemala, no fue una imposición desde fuera, indica el analista.
Por su parte, Ralón indica que en las declaraciones de los presidentes de Honduras y Guatemala durante las mesas de trabajo realizadas con Biden, la CICIG no fue un tema de discusión. Por lo tanto no se está condicionando la ayuda a ninguno de los tres países a que tengan la existencia de un cuerpo similar a la CICIG.
Entonces lo que se entiende es que el vicepresidente Biden dio declaraciones al respecto, pero el plan en sí lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos y la única manera que hubiera una condicionante es que en la aprobación del Congreso estuviera esa condicionante.
Avances en la justicia
Según Álvarez, la CICIG ha aportado un cambio en la justicia, en la percepción que tienen los guatemaltecos de que sí se pueden llevar casos complejos que se puede investigar y hay capacidad y llegar a un juicio con pruebas contundentes como se ha hecho. Hace ver que no es una labor solo de CICIG, ha sido siempre con un acompañamiento con el Ministerio Público (MP), con técnicas y estrategias, herramientas que tiene el país.
Reconoce que también hay cosas que todavía faltan por hacer, hay algunos informes que ha estado trabajando la comisión, hay una herramienta para combatir la impunidad que se quiere terminar en este periodo, y sobre todo la transferencia de capacidades que es algo que se hace constantemente desde el inicio de la Comisión, dice Álvarez.
La posición de la CICIG es muy clara, dice el vocero del ente internacional, al indicar que la justicia no es de ideologías, no es ni blanca ni negra, ni de izquierda ni de derecha, es un compromiso de la democracia, es la necesidad de los guatemaltecos y en ningún momento la comisión se inclina para un lado o para otro, esto no es de beneficios para grupos o sectores, puntualiza.
Por su parte, Stuardo Ralón indica que al analizar al ente internacional respecto a los resultados “la CICIG no ha dado resultados positivos respecto al cumplimiento de su mandato”, puntualiza. Según Ralon, cuando se hace un recuento de los casos ganados por la CICIG donde se haya desmantelado algún tipo de estructura clandestina o paralela en el Estado no se encuentra ninguna. Lejos de cumplir con su mandato ha tenido señalamientos de abuso de ese mandato, asegura.
“Algunos de los señalamientos de abuso del mandato han sido documentados por la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la Corte en varias resoluciones ha tenido que retirar a la CICIG de casos donde quiso inmiscuirse, pero se estaba excediendo en su mandato, algo que está en las resoluciones de la Corte”, señala. Además, refiere que esos abusos fueron denunciados a través de los medios de comunicación por parte del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera cuando era presidente de la CC sobre recibir presiones de la CICIG, los cuales atentaban contra su independencia judicial.
El presidente Otto Pérez Molina ha estado renuente en varias ocasiones a no pedir una ampliación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual concluye el 15 de septiembre de 2015. Sin embargo, hace unos días durante la visita al país del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó la necesidad de que se prorrogue el mandato del ente internacional como condición para que el Gobierno estadounidense financie el denominado Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, por lo que Pérez Molina reaccionó diciendo: “imposiciones ninguno de los tres países va aceptar”.
Un día después de las declaraciones de Biden, el vocero presidencial, Jorge Ortega, dijo que si el Organismo Ejecutivo decidiera solicitar a Naciones Unidas una nueva extensión del mandato de la CICIG tendría que modificarse la función primaria del ente transnacional, en el sentido de fortalecer no solo la lucha contra la impunidad sino contrarrestar redes de corrupción y criminales.
“Actualmente el mandato de la CICIG también va en función de fortalecer las capacidades de las instituciones que conforman el sector justicia en Guatemala. En caso se solicitara una nueva extensión del mandato tendría que modificarse o reformarse la función primaria de la entidad internacional en el sentido de abarcar otros espacios y otros ambientes”
La CICIG fue creada mediante un acuerdo firmado por la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre de 2006, y comenzó a trabajar en el país en septiembre de 2007 para un período de dos años. Sin embargo, su estadía en Guatemala ha sido ampliada en dos ocasiones. El actual periodo de funciones de la CICIG vencerá el próximo 15 de septiembre.
El objetivo primordial de la CICIG está en apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operan en el país, así como cualquier otra conducta delictiva conexa con estos y la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.
La CICIG está facultada para recabar, evaluar y sistematizar información suministrada, así como para promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades y para constituirse en querellante adhesivo en los respectivos procesos penales.
En marcha evaluación a la CICIG
La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia elabora un documento donde detallará por qué se recomienda o no la continuidad de la CICIG, el cual será entregado al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien tendrá la última palabra sobre el futuro de la CICIG.
Para realizar este análisis, dicha instancia conformada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Defensa Publica Penal, El Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación ha citado a varios sectores para que se pronuncien sobre el trabajo que ha realizado la instancia internacional.
Iván Velásquez fue citado por la instancia para que expusiera el trabajo realizado hasta el momento; además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocará a representantes de la sociedad civil, al sector privado y a autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) para que brinden sus recomendaciones al respecto de la continuidad del mandato de la CICIG, y de esa forma seguir con la evaluación que será entregada a Pérez Molina.
Hay que discutir un replanteamiento de mandato
Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, indica que hay que afirmar que la CICIG es un proyecto sui generis, porque no existe en el mundo un proyecto como CICIG. Prácticamente la primera creación es para Guatemala y como mandato fundamental tiene la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). En el mandato de CICIG ni a nivel internacional existe la definición de qué es una CIACS.
Entonces de continuar la CICIG hay que ampliar la definición, orientar y focalizar hacia qué va ir dirigida la acción de la misma. Desarticular redes criminales dentro del Estado también toca a políticos, y delimitarlo permitiría darle mayor efectividad para evitar que la CICIG caiga en lo que ha sido el actual mandato. Hace ver que la CICIG “ha caído más en temas mediáticos, entonces ha quedado en algunos de estos casos en el ojo del huracán, en la controversia. Sin embargo, si se define con mayor certeza qué es una CIACS, o cual es el mandato concreto de la CICIG, sería beneficioso inclusive para el funcionamiento y operatividad de la misma CICIG”, dice Castillo.
Por su parte Stuardo Ralón, abogado constitucionalista independiente, dice que lo que se está planteando es el fortalecimiento institucional y eso implicará que Guatemala reconozca que necesita una asesoría técnica para ir fortaleciendo sus instituciones. Agrega que cualquier figura que se utilice; es decir, que si es a través de un organismo de Naciones Unidas o instituciones norteamericanas, se tiene que establecer que los funcionarios que den esa ayuda estén sujetos al control de no cometer alguna arbitrariedad.
Según Ralón, si se revisara el mandato debería de establecerse si va a ver una inmunidad o una imposibilidad jurídica de responsabilidades a quien cometa una arbitrariedad. “No sé si en la línea de fortalecimiento de la institucionalidad tener a un ente que este fuera del rendimiento de cuentas ante el órgano jurisdiccional fortalece o no la institucionalidad, porque lo que se debe aspirar es a un fortalecimiento institucional en donde cualquier ente o persona nacional o internacional esté sujeto a la ley”.
Agrega que si se está pensando en un nuevo mandato se descartaría la renovación del actual, como el actualmente se tiene, y la discusión que se va a dar en los próximos días se abre para perfilar cuáles serían las condiciones de un nuevo mandato. Se interrumpiría lo que en los últimos siete años se ha tenido, por lo que se entiende que no existiría una prolongación por dos años más y se abriría una discusión para saber en qué consiste el nuevo mandato, dice Ralón.
Por su lado Diego Álvarez, portavoz de la CICIG, indica que se está a la espera de la decisión del presidente Otto Pérez Molina, quien es el que deberá de decir si CICIG continua o no. Creemos que hará recomendaciones y eso se analizará en su momento en conjunto con el comisionado, indicó. Agrega que es muy temprano para emitir una opinión al respecto. “Estamos enfocados al trabajo que se nos ha encomendado en el mandato que concluye en septiembre de este año, y sobre este tema si continua y hay cambios o no nosotros no tomamos parte, porque no nos compete tomar partido de esas decisiones”, puntualizó.
De acuerdo con Álvarez, si continuara la CICIG será el comisionado quien decidirá si hace un replanteamiento del mandato o no, pero no se adelantará criterio sobre el tema porque se está a la espera y son conversaciones que se harán a posteriori, ya que considera que no es el momento de emitir una opinión sobre si habrán cambio o no, pero por ahora sigue trabajando.
Según Ralón, el replanteamiento del mandato de la CICIG tendrá que tener una discusión, porque se ha renovado por siete años un mandato como el que se tiene habría que estudiar cuál sería ese replanteamiento y saber cuál es el proceso, ya que cuando se dio el primer mandato hubo una serie de impugnaciones sobre la funcionalidad o no del mandato como esta hoy.
¿Prórroga condicionada o no?
En cuanto a lo expresado por el vicepresidente Biden respecto a CICIG, Felipe Bosh, presidente de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), manifestó que es necesario focalizar el trabajo de la comisión y aseveró: “No tenemos nada en contra de la institucionalidad, y si CICIG va a ser fortalecida y con mandato claro no tenemos ningún problema”. Agrega que la focalización debe estar encaminada a un mandato en contra de la corrupción y crimen organizado.
Por su parte, Castillo indica que el planteamiento de Biden es congruente con la posición de la política exterior norteamericana, que ha sido de poner temas que le interesan en la política internacional a los Estados Unidos, que incluye a los países de la región. Según el analista, en esa lógica no es la primera acción de presión que realiza el Gobierno norteamericano. Ya lo hizo en el caso de Chixoy, igualmente condicionó la cooperación norteamericana hasta que el Estado guatemalteco cumpliera con sus compromisos con las comunidades que resultaron afectadas.
Sin embargo, considera que afortunadamente el tema que se vuelve como la base de la presión es el fortalecimiento de la justicia en el país. Hay que recordar que la CICIG fue solicitada por el Estado de Guatemala, no fue una imposición desde fuera, indica el analista.
Por su parte, Ralón indica que en las declaraciones de los presidentes de Honduras y Guatemala durante las mesas de trabajo realizadas con Biden, la CICIG no fue un tema de discusión. Por lo tanto no se está condicionando la ayuda a ninguno de los tres países a que tengan la existencia de un cuerpo similar a la CICIG.
Entonces lo que se entiende es que el vicepresidente Biden dio declaraciones al respecto, pero el plan en sí lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos y la única manera que hubiera una condicionante es que en la aprobación del Congreso estuviera esa condicionante.
Avances en la justicia
Según Álvarez, la CICIG ha aportado un cambio en la justicia, en la percepción que tienen los guatemaltecos de que sí se pueden llevar casos complejos que se puede investigar y hay capacidad y llegar a un juicio con pruebas contundentes como se ha hecho. Hace ver que no es una labor solo de CICIG, ha sido siempre con un acompañamiento con el Ministerio Público (MP), con técnicas y estrategias, herramientas que tiene el país.
Reconoce que también hay cosas que todavía faltan por hacer, hay algunos informes que ha estado trabajando la comisión, hay una herramienta para combatir la impunidad que se quiere terminar en este periodo, y sobre todo la transferencia de capacidades que es algo que se hace constantemente desde el inicio de la Comisión, dice Álvarez.
La posición de la CICIG es muy clara, dice el vocero del ente internacional, al indicar que la justicia no es de ideologías, no es ni blanca ni negra, ni de izquierda ni de derecha, es un compromiso de la democracia, es la necesidad de los guatemaltecos y en ningún momento la comisión se inclina para un lado o para otro, esto no es de beneficios para grupos o sectores, puntualiza.
Por su parte, Stuardo Ralón indica que al analizar al ente internacional respecto a los resultados “la CICIG no ha dado resultados positivos respecto al cumplimiento de su mandato”, puntualiza. Según Ralon, cuando se hace un recuento de los casos ganados por la CICIG donde se haya desmantelado algún tipo de estructura clandestina o paralela en el Estado no se encuentra ninguna. Lejos de cumplir con su mandato ha tenido señalamientos de abuso de ese mandato, asegura.
“Algunos de los señalamientos de abuso del mandato han sido documentados por la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la Corte en varias resoluciones ha tenido que retirar a la CICIG de casos donde quiso inmiscuirse, pero se estaba excediendo en su mandato, algo que está en las resoluciones de la Corte”, señala. Además, refiere que esos abusos fueron denunciados a través de los medios de comunicación por parte del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera cuando era presidente de la CC sobre recibir presiones de la CICIG, los cuales atentaban contra su independencia judicial.