El Ministerio Público mediante el trabajo de litigio que ha realizado la Fiscalía de Derechos Humanos concluyó este día la sindicación contra 14 militares en situación de retiro sindicados de participar en 88 casos vinculados a masacres entre los años 1,981 a 1988; durante el conflicto armado interno.
Tras concluir esa etapa la Fiscalía procedió a presentar ante la judicatura la declaración anticipada de dos testigos protegidos, quienes relataron los hechos que vivieron durante esa época cuando prestaron su servicio militar bajo el mando de los sindicados.
En los audios el primer testigo detalló que cuando llegó a la Zona Militar Número 21 le enseñaron a marchar y a utilizar las armas durante los primeros dos meses, en su relato cuenta que los superiores le ordenaron chapear el área, y fue así como descubrió zanjas en donde habían cuerpos enterrados.
Según este testigo por las noches transportaban a las personas en camiones, procedentes de Rabinal, Cubulco, Panzós y otros lugares de la zona, así como también del caso de Río Negro en donde las comunidades se oponían a la construcción de la hidroeléctrica Chichoy.
En la misma declaración comenta que eran 18 especialistas del Ejército los que cometían los hechos bajo las órdenes de los militares que tenían el mando en esa zona.
Los militares en situación de retiro sindicados por estos hechos son: Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera, Byron Humberto Barrientos Díaz.
La fiscalía sostiene que las investigaciones comenzaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante ese proceso hubo testigos que afirmaron que, dentro de la Zona Militar número 21 con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino en la cual el Ministerio Público ha establecido que hay 558 víctimas.
La audiencia de primera declaración fue aplazada para mañana miércoles a las 9 horas, donde se espera que los exmilitares declaren sobre los hechos imputados por el Ministerio Público.
El Ministerio Público mediante el trabajo de litigio que ha realizado la Fiscalía de Derechos Humanos concluyó este día la sindicación contra 14 militares en situación de retiro sindicados de participar en 88 casos vinculados a masacres entre los años 1,981 a 1988; durante el conflicto armado interno.
Tras concluir esa etapa la Fiscalía procedió a presentar ante la judicatura la declaración anticipada de dos testigos protegidos, quienes relataron los hechos que vivieron durante esa época cuando prestaron su servicio militar bajo el mando de los sindicados.
En los audios el primer testigo detalló que cuando llegó a la Zona Militar Número 21 le enseñaron a marchar y a utilizar las armas durante los primeros dos meses, en su relato cuenta que los superiores le ordenaron chapear el área, y fue así como descubrió zanjas en donde habían cuerpos enterrados.
Según este testigo por las noches transportaban a las personas en camiones, procedentes de Rabinal, Cubulco, Panzós y otros lugares de la zona, así como también del caso de Río Negro en donde las comunidades se oponían a la construcción de la hidroeléctrica Chichoy.
En la misma declaración comenta que eran 18 especialistas del Ejército los que cometían los hechos bajo las órdenes de los militares que tenían el mando en esa zona.
Los militares en situación de retiro sindicados por estos hechos son: Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera, Byron Humberto Barrientos Díaz.
La fiscalía sostiene que las investigaciones comenzaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante ese proceso hubo testigos que afirmaron que, dentro de la Zona Militar número 21 con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino en la cual el Ministerio Público ha establecido que hay 558 víctimas.
La audiencia de primera declaración fue aplazada para mañana miércoles a las 9 horas, donde se espera que los exmilitares declaren sobre los hechos imputados por el Ministerio Público.