La Jueza Claudeth Dominguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, decidió este lunes ligar a proceso penal a 11 militares detenidos por los delitos contra los deberes hacia la humanidad y desaparición forzada. Los procesados son: Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y los oficiales Gustavo Alonzo Rosales, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos e Ismael Segura Abularach.
También César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito y Luis Alberto Paredes.
Por otro lado, la Jueza Domínguez declaró falta de mérito contra Carlos Humberto Rodríguez López, Edgar Rolando Hernández y Pablo Roberto Saucedo; sin embargo, los dejó bajo arresto domiciliario. Durante la audiencia de primera declaración, la jueza explicó que se analizaron cuatro cajas como medios probatorios presentados por el Ministerio Público, los cuales confirmaron que los militares estuvieron de alta en el periodo indicado por el ente investigador.
Los 14 militares retirados son acusados por el Ministerio Público de cometer 88 casos vinculados a masacres supuestamente ocurridas entre 1981 y 1988, durante el conflicto armado interno. Son señalados por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes hacia la humanidad.
La fiscalía sostiene que las investigaciones comenzaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante ese proceso hubo testigos que afirmaron que, dentro de la Zona Militar número 21, con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino en el que se presume que el Ministerio Público halló 558 víctimas.
La Jueza Claudeth Dominguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, decidió este lunes ligar a proceso penal a 11 militares detenidos por los delitos contra los deberes hacia la humanidad y desaparición forzada. Los procesados son: Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y los oficiales Gustavo Alonzo Rosales, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos e Ismael Segura Abularach.
También César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito y Luis Alberto Paredes.
Por otro lado, la Jueza Domínguez declaró falta de mérito contra Carlos Humberto Rodríguez López, Edgar Rolando Hernández y Pablo Roberto Saucedo; sin embargo, los dejó bajo arresto domiciliario. Durante la audiencia de primera declaración, la jueza explicó que se analizaron cuatro cajas como medios probatorios presentados por el Ministerio Público, los cuales confirmaron que los militares estuvieron de alta en el periodo indicado por el ente investigador.
Los 14 militares retirados son acusados por el Ministerio Público de cometer 88 casos vinculados a masacres supuestamente ocurridas entre 1981 y 1988, durante el conflicto armado interno. Son señalados por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes hacia la humanidad.
La fiscalía sostiene que las investigaciones comenzaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan Sánchez, en la que fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante ese proceso hubo testigos que afirmaron que, dentro de la Zona Militar número 21, con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino en el que se presume que el Ministerio Público halló 558 víctimas.