Este lunes el Ministerio Público capturó a María Eugenia Valdés Gómez, representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, en un hospital privado de la zona 10 capitalina. De acuerdo con el ente investigador, Valdés está vinculada al caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denominado “Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT”.
La orden de captura fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo B. La ahora detenida se encontraba prófuga de la justicia desde el pasado viernes, cuando las autoridades dieron a conocer el caso de corrupción, hasta el momento dos personas más continúan prófugas.
Valdés es acusada de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La captura se suma a la de Pedro José Raúl Paiz Valdés, quien también fungía como representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, mientras que el abogado de la entidad Frank Manuel Trujillo, todavía permanece prófugo.
El viernes pasado la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron una serie de allanamientos en donde se logró la captura de 11 funcionarios de la SAT, tres representantes y mandatarios legales de la empresa Aceros de Guatemala y Tres Puertos, a quienes el MP los señala de utilizar una estructura criminal dentro de la SAT para modificar informes que favorecen la evasión fiscal.
Según las investigaciones, la entidad recaudadora presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectaron las relaciones de este nuevo caso, indicó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, alteraron los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la Fiscal General Thelma Aldana.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y ex funcionarios aprehendidos el viernes pasado, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Los capturados por este caso son:
Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Este lunes el Ministerio Público capturó a María Eugenia Valdés Gómez, representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, en un hospital privado de la zona 10 capitalina. De acuerdo con el ente investigador, Valdés está vinculada al caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denominado “Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT”.
La orden de captura fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo B. La ahora detenida se encontraba prófuga de la justicia desde el pasado viernes, cuando las autoridades dieron a conocer el caso de corrupción, hasta el momento dos personas más continúan prófugas.
Valdés es acusada de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La captura se suma a la de Pedro José Raúl Paiz Valdés, quien también fungía como representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, mientras que el abogado de la entidad Frank Manuel Trujillo, todavía permanece prófugo.
El viernes pasado la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron una serie de allanamientos en donde se logró la captura de 11 funcionarios de la SAT, tres representantes y mandatarios legales de la empresa Aceros de Guatemala y Tres Puertos, a quienes el MP los señala de utilizar una estructura criminal dentro de la SAT para modificar informes que favorecen la evasión fiscal.
Según las investigaciones, la entidad recaudadora presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectaron las relaciones de este nuevo caso, indicó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, alteraron los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la Fiscal General Thelma Aldana.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y ex funcionarios aprehendidos el viernes pasado, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Los capturados por este caso son:
Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.