El abogado, Frank Trujillo, representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, se entregó en la Torre de Tribunales, donde se desarrolla la audiencia de primera declaración de los implicados en una nueva red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que involucra a dicha compañia.
Según las autoridades Trujillo es el abogado de dicha empresa, la cual habría defraudado al fisco por más de Q250 millones. El lunes también fue capturada Maria Eugenia Valdés Gómez, otra representante legal de Aceros de Guatemala. Se presentó a la audiencia el prófugo Ariel de Jesús Guerra Castillo.
Trujillo es acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La captura se suma a la de Pedro José Raúl Paiz Valdés, quien también fungía como representante legal de la empresa.
El viernes último la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron una serie de allanamientos en donde se logró la captura de 11 funcionarios de la SAT, 3 representantes y mandatarios legales de la empresa Aceros de Guatemala y Tres Puertos, a quienes el MP los señala de utilizar una estructura criminal dentro de la SAT para modificar informes que favorecen la evasión fiscal.
Según las investigaciones, la SAT presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectan las relaciones de este nuevo caso, indicó el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la Fiscal General Thelma Aldana.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y exfuncionarios aprehendidos el viernes pasado, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Hasta el momento los capturados por este caso son:
Los empleados de la SAT: Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
El abogado, Frank Trujillo, representante legal de la empresa Aceros de Guatemala, se entregó en la Torre de Tribunales, donde se desarrolla la audiencia de primera declaración de los implicados en una nueva red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que involucra a dicha compañia.
Según las autoridades Trujillo es el abogado de dicha empresa, la cual habría defraudado al fisco por más de Q250 millones. El lunes también fue capturada Maria Eugenia Valdés Gómez, otra representante legal de Aceros de Guatemala. Se presentó a la audiencia el prófugo Ariel de Jesús Guerra Castillo.
Trujillo es acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La captura se suma a la de Pedro José Raúl Paiz Valdés, quien también fungía como representante legal de la empresa.
El viernes último la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron una serie de allanamientos en donde se logró la captura de 11 funcionarios de la SAT, 3 representantes y mandatarios legales de la empresa Aceros de Guatemala y Tres Puertos, a quienes el MP los señala de utilizar una estructura criminal dentro de la SAT para modificar informes que favorecen la evasión fiscal.
Según las investigaciones, la SAT presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectan las relaciones de este nuevo caso, indicó el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la Fiscal General Thelma Aldana.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y exfuncionarios aprehendidos el viernes pasado, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Hasta el momento los capturados por este caso son:
Los empleados de la SAT: Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.