Entre resoluciones cuestionables, presiones y avances de un sistema electrónico, la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, habla acerca de la Corte que heredará, así como los momentos que le ha tocado vivir durante su gestión que inició el 14 de abril de 2014, dos días después empezó un proceso en el cual esta entidad jugó un papel relevante: el caso La Línea que concluyó con la renuncia y encarcelación del exPresidente y exVicepresidenta de Guatemala.
¿Cuál ha sido el momento más difícil como presidenta y por qué?
Tal vez no más difícil, sino más incómodo fue cuando se dio a conocer que no era correcto otorgar un bono a los trabajadores de la Corte, incluidos los magistrados. Ese es el momento más difícil para mí. Aquí en la Corte todos los días son difíciles, porque todos los días ingresan expedientes complejos. Me he caracterizado por tener una visión diferente de todos los asuntos, he sido señalada de ser de izquierda o ser chavista, por sostener un criterio distinto; sin embargo, mis resoluciones las colocó a la auditoría social y pública, son decisiones basadas en el contenido de la Constitución, es un tema de justicia en donde se debe ser equitativo con todos.
Afuera se perciben dos grupos, ¿cuál es la postura que tiene la presidenta?
Muchas personas que hablan de derecha o de izquierda y no entienden qué es. Creo que es solamente un argumento para descalificar, en este momento no están definidas estas visiones. Hay muchos partidos que están tratando de identificarse con alguna ideología. Cuando defiendo derechos de personas vulnerables es cuando se me acusa de izquierda, me cuesta mucho entender eso porque no necesariamente es así. Defender los derechos de las personas más vulnerables, de los pueblos indígenas, de la aplicación del derecho internacional, nada más lo veo como abogada y nada que ver con una ideología. Aquí hemos trabajado resoluciones del sector privado y cuando tienen la razón se les ha otorgado y hay grupos vulnerables que han interpuesto sus amparos, pero sus argumentos están mal planteados o no les asiste la razón y se rechaza, al igual que con el sector privado. He tratado de equilibrarme en lo que hago y ese equilibrio son mis principios y la Constitución. La solvencia pública, como abogada, es que jamás he sido señalada de ser una persona incorrecta o que se deje llevar por algún tipo de presión.
¿Se identifica con alguno?
No, me identificó con la justicia y eso le falta al país, hay muchas desigualdades que deben nivelarse por medio de las resoluciones de la Corte, pero eso no quiere decir que tenga una visión ideológica.
¿Ha recibido alguna presión para resolver algún caso?
Sí. Hay personas que no lo dicen abiertamente, pero dejan un mensaje de lado. “No quisiera afectarla, pero si es necesario lo voy hacer”, por ejemplo, y eso evidentemente se maneja como una amenaza fuerte, que con el transcurso de los días uno va pensando que hay personas detrás de esa situación. Pero somos funcionarios públicos y en tanto hagamos las cosas correctamente no debemos temer. Esa es mi característica, vengo de una familia humilde y no tengo temor, no me preocupa más que dormir tranquila porque hice lo correcto. Entiendo que eventualmente, como ser humano, me puedo equivocar y lo he dicho muchas veces, esta no es una Corte Celestial, no es que aquí seamos personas que lo sabemos todo. Tenemos grupos de asesores que nos ayudan a analizar y en la medida que uno se esfuerza y toma el tiempo para los casos, disminuye el margen de error. No me arrepiento de ninguna de las decisiones tomadas, no he dejado de dormir tranquila, creo que un parámetro para esto es cuando uno tiene paz.
¿Las presiones vienen de algún grupo o sector en específico?
Dependiendo de los casos, pero es un poco complejo hablar de eso. La exmagistrada Claudia Escobar, presentando una grabación, se pone en riesgo. Es muy complejo el tema.
¿Cuál ha sido la resolución más discutida durante su gestión?
La resolución que sigo considerando importante, porque es una resolución histórica en donde han estado involucrados diversos sectores, es la del caso Ríos Montt. Esa es donde se decidió algo que desde mi punto de vista no tenía razón, más allá de lo institucional. En mi experiencia penal, hice varias persecuciones penales y sé cómo es el proceso. No estuve de acuerdo con que se botara el caso, sobre todo por un aspecto procesal inexistente, por una variación en temas de procedimientos. Fue inaceptable y sigue siendo inaceptable. La otra decisión más difícil es haber otorgado un amparo provisional a una tercera interesada en el caso del exPresidente Otto Pérez Molina. Son cuestiones que no son constitucionales, son acciones de carácter procesal que nunca la Corte debió resolver, porque la pusieron en el ojo de la vista pública innecesariamente. Finalmente, el caso del exPresidente, tomó su curso. Yo no tengo nada personal contra nadie, y él tendrá la oportunidad de defenderse en un proceso penal con todas las herramientas del sistema. No era necesario que la Corte hiciera esa decisión. Ha sido complejo todo el año, yo tomé posesión el 14 de abril y a partir del 16 fue cada día más complejo, pero hoy me siento satisfecha.
¿Son mal pagados los magistrados?
No. Le voy a contar una anécdota, cuando fui nombrada magistrada, que fue algo que no tenía entre mis planes, porque yo habría querido ser Fiscal General, no magistrada. Cuando me nombraron, estaba como en shock, muy emocionada le cuento a mi esposo y a mis hijos, y llegó una persona que trabajaba aquí en la Corte y que había laborado conmigo en la Defensa Pública, entonces fue cuando pregunté cuánto gana un magistrado y esta persona me dice, ´magistrada quiere que le responda delante de su familia´. Era un salario que yo jamás había devengado, y yo todo lo comparto con mi familia. Cuando él me dice que son Q72 mil, quedé impresionada, porque no sabía que ese era el salario que se pagaba en la Corte. Cuando vine a la Corte el primer día estaba muy impresionada y pedí los expedientes que iba a trabajar y nadie me decía cuántos eran. Pasó un mes y dos meses y me daban expedientes sueltos, hasta que un día tomé la determinación de ir con los letrados que estaban asignados y me trajeron una montaña de expedientes que cuando los vi, los Q72 mil en ese rato me parecieron poco. Porque eran expedientes muy viejos y gruesos que para tomar una decisión se necesita leer. Luego hicieron una nota que yo tenía asignado un expediente y que estaba atrasado e hice una segunda petición. Hemos sacado unas estadísticas de las ponencias que yo trabajé, tengo una diferencia de unas 500 más de diferencia con mis compañeros, no sé si fue porque el sistema no estaba funcionando bien o por el retraso del magistrado anterior. El caso es que uno no puede ponerse a descansar cuando hay personas que están esperando las respuestas. En materia fiscal hay resoluciones para saber si se va a devolver un crédito fiscal o no, son temas que la prensa no ha cubierto pero que la Corte también ha conocido. Por supuesto, si se compara este salario con el salario mínimo, por supuesto que suena ofensivo.
¿Se percibe que la CC todavía responde a intereses políticos?
Cuando vimos la decisión del presidente Otto Pérez Molina, me opuse. Y me atreví a decirlo porque pareciera que los cuatro años estuve callada, pero soy muy respetuosa de la autoridad y por eso en mi presidencia he ejercido mi autoridad porque durante los cuatro años anteriores respete a quienes la ejercieron. Tomé la autoridad que me corresponde por mandato. He razonado varios votos y es evidente que no estoy de acuerdo con muchas decisiones, no solo como el caso de Ríos Montt. Quiero hacer público los votos razonados porque ahí se encuentran otros temas como laborales o de otros asuntos que no se le han puesto la atención debida. Esto que pasó el domingo (el caso de corrupción en la SAT y la participación de una empresa privada), lo viene conociendo la Corte desde hace cinco años. No es posible que se siga utilizando a la Corte para devoluciones de crédito fiscal, hay una postura radical respecto al tema. No somos una instancia revisora y algunos otros criterios que no se comparten. En algunos casos sí entramos a revisar y en otros no, y he tratado de aclarar cuándo es que vamos a revisar y cuándo no. También cuando no corresponde revisar jurídicamente, como se tendrían que llamar a esas resoluciones, que son resoluciones políticas.
¿Hay algunos sectores que les piden reuniones privadas?
Si. Piden audiencias privadas conmigo y con todos los magistrados. De manera general me gusta que las personas se expresen en las vistas públicas, porque para eso son. Ahí es donde se exponen los argumentos jurídicos para su expediente, pero a veces insisten y los atiendo, cuando no piden una vista pública, porque también existe la modalidad donde deben evacuar sus audiencias de forma escrita. Mi hijo decía cuando era niño que Dios nos dio una boca para hablar, pero dos oídos para escuchar. Uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar a los demás. Escucho a las personas, la mayoría son respetuosas, aunque no me escapo de algunas presiones.
¿Cuál ha sido su aporte a la Corte de Constitucionalidad?
He marcado que no siempre se debe estar de acuerdo con todo, porque muchas personas tienen temor y mejor deciden ir para donde va la corriente y no se atreven a disentir. Públicamente me siento satisfecha de haber marcado mi independencia por medio de las resoluciones en mis votos razonados. Hemos evitado conflictos sociales fuertes porque se ha aplicado muy favorablemente el Convenio 169 en materia laboral. Pero lo que va a marcar la historia del país, porque estoy segura que después de la Corte habrá otras instituciones lo tomarán, es el modelo de gestión de expediente electrónico, porque indica transparencia, justicia pronta y cumplida y tenemos adscrito al sistema a la mayoría de instituciones. Mientras unos están todavía en la notificación electrónica, nosotros ya estamos en un proceso electrónico.
¿Cuál es la evaluación que hace de esta Corte?
Evalúo la Corte conforme aquella parábola del “sembrador”, se le entregó talentos a tres personas, a la tercera persona se le dio uno y lo enterró con la idea de que cuando le pidieran cuentas tenía que devolverlo. Esto es algo que evalué cuando decidí qué quería hacer con la Corte. No quería devolver la Corte que me entregaron, quería entregar una Corte diferente. Para eso necesitaba poner en práctica toda mi capacidad, todo mi tiempo, mi esfuerzo e invertir en el recurso humano. La Corte que entregaré es totalmente diferente. Pasamos de una Corte de papel a una electrónica. Estamos ingresando los casos desde la ventanilla a un sistema electrónico y las resoluciones las puedo hacer desde aquí en mi computadora, porque inmediatamente después que hacen el proyecto de resolución, abro mi computadora y aquí puedo firmar veinte, treinta resoluciones en cinco o diez minutos.
Las resoluciones de trámite antes se tardaban diez o quince días para hacerlas y se trasladaran a la presidencia, hoy hemos reducido el tiempo. Luego los expedientes se firman y notifican inmediatamente, bajan a las secciones para iniciar el estudio de los casos. ¿De qué estoy hablando? Presentamos un diagnóstico en abril cuando recién asumí la presidencia que el tiempo promedio de los procesos era de un año y dos meses, pero no incorporamos en esa evaluación casos que han durado tres o cuatro años, sino simplemente los que se promediaron de enero a marzo de 2014. Tenemos una reducción del 50% en el tiempo, se están resolviendo en un promedio de seis meses el que más tarda y hemos resuelto algunos en tres meses, lo cual significa que el sistema implementado está representando transparencia, justicia pronta y cumplida y la incorporación de tecnología para que casa usuario pueda monitorear. Cada persona que presenta un amparo tiene un número de clave y ya no tiene necesidad de venir a la Corte o pedir audiencias para que los magistrados los atiendan, ahora puede seguir el curso de su expediente.
Evidentemente quien entretenga un expediente o no lo trabaje de manera rápida, será de conocimiento público, sin necesidad de estar dando conferencia de prensa. Este proceso lo sometimos la semana pasada a un convenio con Acción Ciudadana y estoy segura y clara de lo que estoy haciendo, que debo someter este proceso a una auditoría social. Ellos lo revisarán y espero no ser yo la que hable de esto, sino que sean otros actores.
En una palabra
Otto Pérez Molina: Falta de Integridad
CICIG: Aplausos
Congreso: Expectativa
CC: Cambio
CACIF: Coordinación
Jimmy Morales: Esperanza
Sindicatos: OIT
Bonos Salariales: Trabajo
Mario Taracena: Súper Mario
Roberto Molina Barreto: Silencio
Entre resoluciones cuestionables, presiones y avances de un sistema electrónico, la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, habla acerca de la Corte que heredará, así como los momentos que le ha tocado vivir durante su gestión que inició el 14 de abril de 2014, dos días después empezó un proceso en el cual esta entidad jugó un papel relevante: el caso La Línea que concluyó con la renuncia y encarcelación del exPresidente y exVicepresidenta de Guatemala.
¿Cuál ha sido el momento más difícil como presidenta y por qué?
Tal vez no más difícil, sino más incómodo fue cuando se dio a conocer que no era correcto otorgar un bono a los trabajadores de la Corte, incluidos los magistrados. Ese es el momento más difícil para mí. Aquí en la Corte todos los días son difíciles, porque todos los días ingresan expedientes complejos. Me he caracterizado por tener una visión diferente de todos los asuntos, he sido señalada de ser de izquierda o ser chavista, por sostener un criterio distinto; sin embargo, mis resoluciones las colocó a la auditoría social y pública, son decisiones basadas en el contenido de la Constitución, es un tema de justicia en donde se debe ser equitativo con todos.
Afuera se perciben dos grupos, ¿cuál es la postura que tiene la presidenta?
Muchas personas que hablan de derecha o de izquierda y no entienden qué es. Creo que es solamente un argumento para descalificar, en este momento no están definidas estas visiones. Hay muchos partidos que están tratando de identificarse con alguna ideología. Cuando defiendo derechos de personas vulnerables es cuando se me acusa de izquierda, me cuesta mucho entender eso porque no necesariamente es así. Defender los derechos de las personas más vulnerables, de los pueblos indígenas, de la aplicación del derecho internacional, nada más lo veo como abogada y nada que ver con una ideología. Aquí hemos trabajado resoluciones del sector privado y cuando tienen la razón se les ha otorgado y hay grupos vulnerables que han interpuesto sus amparos, pero sus argumentos están mal planteados o no les asiste la razón y se rechaza, al igual que con el sector privado. He tratado de equilibrarme en lo que hago y ese equilibrio son mis principios y la Constitución. La solvencia pública, como abogada, es que jamás he sido señalada de ser una persona incorrecta o que se deje llevar por algún tipo de presión.
¿Se identifica con alguno?
No, me identificó con la justicia y eso le falta al país, hay muchas desigualdades que deben nivelarse por medio de las resoluciones de la Corte, pero eso no quiere decir que tenga una visión ideológica.
¿Ha recibido alguna presión para resolver algún caso?
Sí. Hay personas que no lo dicen abiertamente, pero dejan un mensaje de lado. “No quisiera afectarla, pero si es necesario lo voy hacer”, por ejemplo, y eso evidentemente se maneja como una amenaza fuerte, que con el transcurso de los días uno va pensando que hay personas detrás de esa situación. Pero somos funcionarios públicos y en tanto hagamos las cosas correctamente no debemos temer. Esa es mi característica, vengo de una familia humilde y no tengo temor, no me preocupa más que dormir tranquila porque hice lo correcto. Entiendo que eventualmente, como ser humano, me puedo equivocar y lo he dicho muchas veces, esta no es una Corte Celestial, no es que aquí seamos personas que lo sabemos todo. Tenemos grupos de asesores que nos ayudan a analizar y en la medida que uno se esfuerza y toma el tiempo para los casos, disminuye el margen de error. No me arrepiento de ninguna de las decisiones tomadas, no he dejado de dormir tranquila, creo que un parámetro para esto es cuando uno tiene paz.
¿Las presiones vienen de algún grupo o sector en específico?
Dependiendo de los casos, pero es un poco complejo hablar de eso. La exmagistrada Claudia Escobar, presentando una grabación, se pone en riesgo. Es muy complejo el tema.
¿Cuál ha sido la resolución más discutida durante su gestión?
La resolución que sigo considerando importante, porque es una resolución histórica en donde han estado involucrados diversos sectores, es la del caso Ríos Montt. Esa es donde se decidió algo que desde mi punto de vista no tenía razón, más allá de lo institucional. En mi experiencia penal, hice varias persecuciones penales y sé cómo es el proceso. No estuve de acuerdo con que se botara el caso, sobre todo por un aspecto procesal inexistente, por una variación en temas de procedimientos. Fue inaceptable y sigue siendo inaceptable. La otra decisión más difícil es haber otorgado un amparo provisional a una tercera interesada en el caso del exPresidente Otto Pérez Molina. Son cuestiones que no son constitucionales, son acciones de carácter procesal que nunca la Corte debió resolver, porque la pusieron en el ojo de la vista pública innecesariamente. Finalmente, el caso del exPresidente, tomó su curso. Yo no tengo nada personal contra nadie, y él tendrá la oportunidad de defenderse en un proceso penal con todas las herramientas del sistema. No era necesario que la Corte hiciera esa decisión. Ha sido complejo todo el año, yo tomé posesión el 14 de abril y a partir del 16 fue cada día más complejo, pero hoy me siento satisfecha.
¿Son mal pagados los magistrados?
No. Le voy a contar una anécdota, cuando fui nombrada magistrada, que fue algo que no tenía entre mis planes, porque yo habría querido ser Fiscal General, no magistrada. Cuando me nombraron, estaba como en shock, muy emocionada le cuento a mi esposo y a mis hijos, y llegó una persona que trabajaba aquí en la Corte y que había laborado conmigo en la Defensa Pública, entonces fue cuando pregunté cuánto gana un magistrado y esta persona me dice, ´magistrada quiere que le responda delante de su familia´. Era un salario que yo jamás había devengado, y yo todo lo comparto con mi familia. Cuando él me dice que son Q72 mil, quedé impresionada, porque no sabía que ese era el salario que se pagaba en la Corte. Cuando vine a la Corte el primer día estaba muy impresionada y pedí los expedientes que iba a trabajar y nadie me decía cuántos eran. Pasó un mes y dos meses y me daban expedientes sueltos, hasta que un día tomé la determinación de ir con los letrados que estaban asignados y me trajeron una montaña de expedientes que cuando los vi, los Q72 mil en ese rato me parecieron poco. Porque eran expedientes muy viejos y gruesos que para tomar una decisión se necesita leer. Luego hicieron una nota que yo tenía asignado un expediente y que estaba atrasado e hice una segunda petición. Hemos sacado unas estadísticas de las ponencias que yo trabajé, tengo una diferencia de unas 500 más de diferencia con mis compañeros, no sé si fue porque el sistema no estaba funcionando bien o por el retraso del magistrado anterior. El caso es que uno no puede ponerse a descansar cuando hay personas que están esperando las respuestas. En materia fiscal hay resoluciones para saber si se va a devolver un crédito fiscal o no, son temas que la prensa no ha cubierto pero que la Corte también ha conocido. Por supuesto, si se compara este salario con el salario mínimo, por supuesto que suena ofensivo.
¿Se percibe que la CC todavía responde a intereses políticos?
Cuando vimos la decisión del presidente Otto Pérez Molina, me opuse. Y me atreví a decirlo porque pareciera que los cuatro años estuve callada, pero soy muy respetuosa de la autoridad y por eso en mi presidencia he ejercido mi autoridad porque durante los cuatro años anteriores respete a quienes la ejercieron. Tomé la autoridad que me corresponde por mandato. He razonado varios votos y es evidente que no estoy de acuerdo con muchas decisiones, no solo como el caso de Ríos Montt. Quiero hacer público los votos razonados porque ahí se encuentran otros temas como laborales o de otros asuntos que no se le han puesto la atención debida. Esto que pasó el domingo (el caso de corrupción en la SAT y la participación de una empresa privada), lo viene conociendo la Corte desde hace cinco años. No es posible que se siga utilizando a la Corte para devoluciones de crédito fiscal, hay una postura radical respecto al tema. No somos una instancia revisora y algunos otros criterios que no se comparten. En algunos casos sí entramos a revisar y en otros no, y he tratado de aclarar cuándo es que vamos a revisar y cuándo no. También cuando no corresponde revisar jurídicamente, como se tendrían que llamar a esas resoluciones, que son resoluciones políticas.
¿Hay algunos sectores que les piden reuniones privadas?
Si. Piden audiencias privadas conmigo y con todos los magistrados. De manera general me gusta que las personas se expresen en las vistas públicas, porque para eso son. Ahí es donde se exponen los argumentos jurídicos para su expediente, pero a veces insisten y los atiendo, cuando no piden una vista pública, porque también existe la modalidad donde deben evacuar sus audiencias de forma escrita. Mi hijo decía cuando era niño que Dios nos dio una boca para hablar, pero dos oídos para escuchar. Uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar a los demás. Escucho a las personas, la mayoría son respetuosas, aunque no me escapo de algunas presiones.
¿Cuál ha sido su aporte a la Corte de Constitucionalidad?
He marcado que no siempre se debe estar de acuerdo con todo, porque muchas personas tienen temor y mejor deciden ir para donde va la corriente y no se atreven a disentir. Públicamente me siento satisfecha de haber marcado mi independencia por medio de las resoluciones en mis votos razonados. Hemos evitado conflictos sociales fuertes porque se ha aplicado muy favorablemente el Convenio 169 en materia laboral. Pero lo que va a marcar la historia del país, porque estoy segura que después de la Corte habrá otras instituciones lo tomarán, es el modelo de gestión de expediente electrónico, porque indica transparencia, justicia pronta y cumplida y tenemos adscrito al sistema a la mayoría de instituciones. Mientras unos están todavía en la notificación electrónica, nosotros ya estamos en un proceso electrónico.
¿Cuál es la evaluación que hace de esta Corte?
Evalúo la Corte conforme aquella parábola del “sembrador”, se le entregó talentos a tres personas, a la tercera persona se le dio uno y lo enterró con la idea de que cuando le pidieran cuentas tenía que devolverlo. Esto es algo que evalué cuando decidí qué quería hacer con la Corte. No quería devolver la Corte que me entregaron, quería entregar una Corte diferente. Para eso necesitaba poner en práctica toda mi capacidad, todo mi tiempo, mi esfuerzo e invertir en el recurso humano. La Corte que entregaré es totalmente diferente. Pasamos de una Corte de papel a una electrónica. Estamos ingresando los casos desde la ventanilla a un sistema electrónico y las resoluciones las puedo hacer desde aquí en mi computadora, porque inmediatamente después que hacen el proyecto de resolución, abro mi computadora y aquí puedo firmar veinte, treinta resoluciones en cinco o diez minutos.
Las resoluciones de trámite antes se tardaban diez o quince días para hacerlas y se trasladaran a la presidencia, hoy hemos reducido el tiempo. Luego los expedientes se firman y notifican inmediatamente, bajan a las secciones para iniciar el estudio de los casos. ¿De qué estoy hablando? Presentamos un diagnóstico en abril cuando recién asumí la presidencia que el tiempo promedio de los procesos era de un año y dos meses, pero no incorporamos en esa evaluación casos que han durado tres o cuatro años, sino simplemente los que se promediaron de enero a marzo de 2014. Tenemos una reducción del 50% en el tiempo, se están resolviendo en un promedio de seis meses el que más tarda y hemos resuelto algunos en tres meses, lo cual significa que el sistema implementado está representando transparencia, justicia pronta y cumplida y la incorporación de tecnología para que casa usuario pueda monitorear. Cada persona que presenta un amparo tiene un número de clave y ya no tiene necesidad de venir a la Corte o pedir audiencias para que los magistrados los atiendan, ahora puede seguir el curso de su expediente.
Evidentemente quien entretenga un expediente o no lo trabaje de manera rápida, será de conocimiento público, sin necesidad de estar dando conferencia de prensa. Este proceso lo sometimos la semana pasada a un convenio con Acción Ciudadana y estoy segura y clara de lo que estoy haciendo, que debo someter este proceso a una auditoría social. Ellos lo revisarán y espero no ser yo la que hable de esto, sino que sean otros actores.