Durante una conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dieron detalles de un nuevo caso de corrupción que involucra al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), habría pagado US$24.5 millones en soborno. En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber al expresidente Pérez Molina, que en una reunión sostenida por él, en Cancún, (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suarez y Mauricio Garín, acerca de la forma y cronograma de pagos de esos US$24.5 millones.
TCQ propuso que los abonos fueran hasta 2015 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato, “nada adeudado hasta 2016, y el limite debía ser octubre de 2015”, explicó Velásquez.
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.
El jefe de la CICIG expresó que luego del descubrimiento de La Línea y las manifestaciones civiles, se desestabilizaron los pagos de soborno. “Se tiene conocimiento que hubo intentos, no sabemos si fructuosos o no, para que ese pago se completara aun cuando Pérez y Baldetti ya estaban privados de libertad”.
De acuerdo con la CICIG, Pérez intervino en la entrega de terrenos y promovió reuniones con la banca internación para facilitar los préstamos que la empresa obtuvo para ejecutar el proyecto donde saldría beneficiado.
Por su parte, la Fiscal General, dijo que Pérez Molina designó, como operador y enlace, al empresario y piloto Guillermo Lozano Bauer, quien también fue su piloto durante la campaña presidencial, tras comenzar a revelar la trama que habría permitido otorgar sin licitación, el usufructo de 348 mil metros cuadrados en la Portuaria Quetzal, a la empresa Terminal de Contenedores Barcelona (TCB).
Aldana indicó que Lozano Bauer era muy cercano a Pérez Molina y recomendó a Allan Marroquín para que fuera el interventor de la Porturia Quetzal, con el objetivo de tomar el control, haciéndose efectivo el nombramiento el 24 de enero de 2012.
El 9 de marzo de ese mismo año, la exvicepresidenta Baldetti había recomendado a Julio Sandoval para que asumiera como subinterventor y representante legal de la portuaria. “Los nombramientos son importantes para dar lugar a la negociación ilícita y si vemos el caso La Línea, el patrón es similar, igual que en Lago de Amatitlán, que es ubicar en puestos determinantes a personas que iban a ayudar en ese fin”, señaló Aldana.
En los primeros meses de 2012, Lozano y Marroquín habrían contactado a la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), con autorización de Pérez Molina, sosteniendo reuniones en Colombia y Valencia, España, según las investigaciones del MP.
Esta firma internacional, TCB, fue adquirida este año por la compañía holandesa APM Terminals, una operación valorada en de US$1 mil millones.
TCB también se apoyó en el argentino Mauricio José Garín, mediante su representante local, Juan José Suárez. A partir de allí se comenzó la negociación de una comisión que finalmente se pactó en US$24.5 millones (unos Q190 millones).
Durante una conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dieron detalles de un nuevo caso de corrupción que involucra al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), habría pagado US$24.5 millones en soborno. En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber al expresidente Pérez Molina, que en una reunión sostenida por él, en Cancún, (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suarez y Mauricio Garín, acerca de la forma y cronograma de pagos de esos US$24.5 millones.
TCQ propuso que los abonos fueran hasta 2015 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que la deuda se debía cancelar dentro del mandato, “nada adeudado hasta 2016, y el limite debía ser octubre de 2015”, explicó Velásquez.
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.
El jefe de la CICIG expresó que luego del descubrimiento de La Línea y las manifestaciones civiles, se desestabilizaron los pagos de soborno. “Se tiene conocimiento que hubo intentos, no sabemos si fructuosos o no, para que ese pago se completara aun cuando Pérez y Baldetti ya estaban privados de libertad”.
De acuerdo con la CICIG, Pérez intervino en la entrega de terrenos y promovió reuniones con la banca internación para facilitar los préstamos que la empresa obtuvo para ejecutar el proyecto donde saldría beneficiado.
Por su parte, la Fiscal General, dijo que Pérez Molina designó, como operador y enlace, al empresario y piloto Guillermo Lozano Bauer, quien también fue su piloto durante la campaña presidencial, tras comenzar a revelar la trama que habría permitido otorgar sin licitación, el usufructo de 348 mil metros cuadrados en la Portuaria Quetzal, a la empresa Terminal de Contenedores Barcelona (TCB).
Aldana indicó que Lozano Bauer era muy cercano a Pérez Molina y recomendó a Allan Marroquín para que fuera el interventor de la Porturia Quetzal, con el objetivo de tomar el control, haciéndose efectivo el nombramiento el 24 de enero de 2012.
El 9 de marzo de ese mismo año, la exvicepresidenta Baldetti había recomendado a Julio Sandoval para que asumiera como subinterventor y representante legal de la portuaria. “Los nombramientos son importantes para dar lugar a la negociación ilícita y si vemos el caso La Línea, el patrón es similar, igual que en Lago de Amatitlán, que es ubicar en puestos determinantes a personas que iban a ayudar en ese fin”, señaló Aldana.
En los primeros meses de 2012, Lozano y Marroquín habrían contactado a la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), con autorización de Pérez Molina, sosteniendo reuniones en Colombia y Valencia, España, según las investigaciones del MP.
Esta firma internacional, TCB, fue adquirida este año por la compañía holandesa APM Terminals, una operación valorada en de US$1 mil millones.
TCB también se apoyó en el argentino Mauricio José Garín, mediante su representante local, Juan José Suárez. A partir de allí se comenzó la negociación de una comisión que finalmente se pactó en US$24.5 millones (unos Q190 millones).