El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez y Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), se reunieron con la instancia de Jefes de Bloque para hablar sobre el proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).
Los principales puntos de la iniciativa son:
- Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso.
- Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
- Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
- Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
Según los ponentes, el proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos. Esa modalidad ya se aplica en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia. El expresidente Alfonso Portillo se declaró culpable de lavado de dinero en una corte federal de Nueva York, EEUU en marzo 2014 para acogerse a dicha figura.
En un comunicado de prensa, la CICIG especificó que “el proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general”. Aseguran que la aceptación de cargos se concibe como una decisión libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena.
- Puede revisar: Este será el tema que discutirán jefes de bloque con CICIG y MP
Agregan que lo anterior también beneficia a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado.
Al finalizar el encuentro con los jefes de bloque, Velásquez dijo que en el caso Cooptación del Estado, la ley entra a regir dos meses después de la fecha de su publicación, “no daría siquiera en tiempos de que se acogieran a una posibilidad de rebaja”, especificó.
También argumentó que en caso, lo hagan, quienes se acojan a la modalidad tendrían que decir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y y comprometerse a declarar contra las personas que señala y restituir e indemnizar. Eso sí, remarcó que la aceptación de cargos no propicia impunidad.
El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez y Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), se reunieron con la instancia de Jefes de Bloque para hablar sobre el proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).
Los principales puntos de la iniciativa son:
- Los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso.
- Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
- Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
- Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
Según los ponentes, el proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos. Esa modalidad ya se aplica en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia. El expresidente Alfonso Portillo se declaró culpable de lavado de dinero en una corte federal de Nueva York, EEUU en marzo 2014 para acogerse a dicha figura.
En un comunicado de prensa, la CICIG especificó que “el proyecto es especialmente respetuoso de las garantías judiciales de los procesados, las víctimas y la sociedad en general”. Aseguran que la aceptación de cargos se concibe como una decisión libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena.
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Agregan que lo anterior también beneficia a las víctimas porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito; y a la sociedad en general, porque además de que se resuelven los conflictos sociales de carácter penal, todo incremento patrimonial producido por el delito deberá entregarse a las arcas del Estado.
Al finalizar el encuentro con los jefes de bloque, Velásquez dijo que en el caso Cooptación del Estado, la ley entra a regir dos meses después de la fecha de su publicación, “no daría siquiera en tiempos de que se acogieran a una posibilidad de rebaja”, especificó.
También argumentó que en caso, lo hagan, quienes se acojan a la modalidad tendrían que decir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y y comprometerse a declarar contra las personas que señala y restituir e indemnizar. Eso sí, remarcó que la aceptación de cargos no propicia impunidad.